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Con feminicidios no hay paz

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A pocos días de conmemorarse el día de la No Violencia contra las Mujeres, cuando no nos reponíamos de la noticia de la muerte, violación y empalamiento de Dora Libia Gálvez en Buga, el país se ha indignado con la noticia de la violación tortura y asesinato de Juliana Andrea Sambony Muñoz, niña indígena Yanacona del Cáuca, de apenas 7 años de edad, a manos de un adinerado arquitecto. Este crimen se suma a los recientes asesinatos y violaciones de tres niñas, dos de ellas de apenas 2 y 3 años en Bogotá, ciudad donde anualmente se reportan más de 2.000 agresiones sexuales a menores de edad.

Con igual nivel de crueldad pero con menos protagonismo en los medios continúa el asesinato sistemático de las mujeres transexuales, y lesbianas. Conscientemente estos casos son invisibilizados, el 26 de noviembre fue asesinada en Cali Thaliana, una mujer trans de las muchas que han caído durante este año; el 27 abalearon en Barranquilla a Estefany Stefanell activista lesbiana, cuyo cuerpo sin vida fue desnudado por los transeúntes con el supuesto argumento de conocer su sexo.

Paradójicamente mientras que en los Acuerdos entre las Farc y el gobierno cedieron a las presiones de los sectores más retardatarios de la sociedad, como el ex-procurador Ordóñez y las iglesias, se han disparado los feminicidos, transfeminicidios y lesbofeminicidios en todo el país.

Del anterior Acuerdo se elimina completamente el enfoque diferencial de género que pretendía otorgar algunas migajas y garantías a las mujeres y personas LGBTI. De la manera más burda y al estilo del ex-procurador, la palabra género fue tachada del texto original y reemplazada por la palabra mujer, en una franca bofetada en la cara de las personas transexuales o de género diverso, negando que las personas LGBTI, y no solo las mujeres, son víctimas de violencia basada en género.

La palabra equidad se reemplazó por la palabra igualdad. La igualdad significa reconocer los mismos derechos formales a todas las personas como si en la realidad todos los sectores sociales estuviesen ubicados en el mismo nivel, con las mismas garantías. La equidad significa reconocer que hay sectores como las mujeres, los afros, los indígenas, las personas LGBTI, que por la condición de discriminación y por la vulneración secular y sistemática de sus derechos no gozan de las mismas garantías que otros sectores. La igualdad no contempla las desventajas en las que están determinadas personas o grupos; en cambio, la equidad implica reconocer esa desventaja y dar un trato diferencial favoreciendo a quienes han sido históricamente discriminados.  Con este cambio sutil pero profundo, el Estado desconoce abiertamente la brecha existente entre los sectores oprimidos, y reemplaza el enfoque diferencial por la igualdad formal (o sea la igualdad en el papel). Por si fuera poco, en grandes partes del texto, de donde se borraron las mujeres y las personas sexualmente diversas, se añadieron “las iglesias y diferentes credos”, como sector vulnerable y especialmente victimizado.

Los asesinatos son sólo la punta del iceberg de la violencia machista. Estas muertes son el resultado de la propagación y la naturalización de los tipos de violencia más sutiles, basados en el machismo como ideología que pone a las mujeres en un lugar de inferioridad, al igual que todos aquellos que no entran en su concepto cerrado de los roles de hombre y mujer como son los LGBTI. Los chistes y caricaturas machistas, la publicidad sexista, el acoso callejero (mal llamados piropos), el control económico, la disparidad salarial, refuerzan la concepción de que el cuerpo y la misma vida de las mujeres son susceptibles de ser violentados, comprados, violados, controlados en todas las maneras imaginables.

Reiteramos que las mujeres, los LGBTI y demás sectores oprimidos no podemos confiarle al gobierno la defensa de nuestros derechos, sin embargo sí debemos exigirle garantías para la protección de nuestras vidas, castigo para los culpables de los asesinatos y violaciones, y un verdadero plan contra la violencia machista (ver propuesta de programa contra la violencia en http://www.magazine. pstcolombia.org/2016/06/ni- una-rosa-mas/ ) . Las organizaciones obreras en cabeza del Comando Nacional Unitario, deben llamar cuanto antes a una gran movilización nacional para exigir este plan. Mientras las mujeres no estén seguras ni en la casa ni en la calle no se puede hablar de paz.

¡Castigo para los asesinos de Dora, Juliana, Stefany, Thaliana y todas las niñas y mujeres asesinadas!

¡Alto a los feminicidios!

¡Alto a los crímenes de odio![1]

¡No se puede hablar de paz, si te matan por ser trans!

¡Ninguna confianza en el gobierno de Santos!

Comisión de la Mujer 

Partido Socialista de los Trabajadores

[1]              Crímenes de odio o también llamados por prejuicio, son los crímenes cometidos contra una persona a causa de su pertenencia a un grupo social determinado, con base en los prejuicios que se tienen contra ese grupo como por ejemplo las personas trans o las personas negras.

 

Programa contra la violencia hacia las mujeres

La lucha contra la violencia machista tiene que estar acompañada de un programa que debe ser defendido por el conjunto de la clase trabajadora y sus organizaciones, por ello proponemos para la discusión en las organizaciones de los trabajadores el siguiente programa:

 Cárcel para los agresores de mujeres: sin rebaja de penas ni excarcelación. No a los falsos diagnósticos de enfermedad mental para evadir el castigo. ¡No a la revictimización!

 Centros estatales de atención a la mujer en todo el territorio nacional, con presupuesto suficiente, con poder para recibir denuncias, garantizar apoyo jurídico, médico y psicológico gratuito a las mujeres víctimas de violencia y atención las 24 horas.

 Casas de refugio suficientes en todas las ciudades, con los profesionales e infraestructura necesaria para albergar a las víctimas.

 Derecho a licencia por violencia de género para todas las trabajadoras.

 Subsidios, vivienda y prioridad en el empleo para las mujeres que sufren violencia familiar o de género.

 Basta de trabajo precario, igualdad salarial, salarios y jubilaciones iguales a la canasta familiar de acuerdo a la inflación y al costo de vida real.

 Extensión de las licencias de maternidad, licencia por familiar enfermo; guarderías y jardines maternales gratuitos y de calidad para todos los hijos de trabajadores.

 Educación sexual, anticoncepción gratuita y derecho al aborto legal y gratuito para no morir. Servicios de salud laicos y gratuitos.

 Aplicación sin excusas de la normatividad en atención a las víctimas de violencia sexual, que no se niegue la anticoncepción de emergencia, la información sobre el derecho a interrumpir el embarazo, ni la interrupción del embarazo si se produce, sin importar la institución de salud que atiende.

 Fin de la prostitución, la trata de personas y toda forma de explotación sexual de la mujer.

 Aplicación inmediata de la Ley Rosa Elvira Cely contra los feminicidios extensiva a las mujeres trans.

 Que las mujeres trabajadoras, campesinas, indígenas víctimas del conflicto armado sean consideradas prioridad para la reparación colectiva, así como las madres hijas y hermanas de los dirigentes asesinados.

 Por la constitución, en todos los sitios de trabajo y estudio, de comisiones para luchar contra la violencia machista y por la nivelación salarial.

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