Ante el terremoto en el occidente colombiano: ¡Exigimos al gobierno de Abelardo tomar medidas reales!

El terremoto se ha convertido en la tragedia humanitaria más grave en los últimos años después de la pandemia por COVID-19. Frente a esto, las respuestas del gobierno han sido insuficientes, negligentes, oportunistas, indolentes e improvisadas. No basta con paliativos ni con discursos vacíos que aprecian a la patria pero no a los compatriotas: la magnitud de la emergencia exige medidas excepcionales y radicales que pongan la vida y la dignidad por encima de los intereses económicos y políticos, no se nos puede imponer una “nueva normalidad” en la que se minimiza el problema. Por lo tanto, los trabajadores, sectores populares, oprimidos y sobre todo víctimas del terremoto, le exigimos a Abelardo de la Espriella tomar estas demandas urgentes que surgen desde abajo, desde quienes sufren, resisten y se enlistan en la solidaridad, para construir una salida justa y democrática a la crisis:

• Disponer de toda la logística estatal al servicio de una gran Campaña de Solidaridad Obrera y Popular con las víctimas del terremoto.
• Recibir toda la ayuda internacional sin condicionamientos. Rechazar la entrada de militares sionistas disfrazados de rescatistas.
• No al endeudamiento con el Banco Mundial y demás organismos financieros del imperialismo.
• No al pago de la deuda externa. Los recursos son para las víctimas, no para enriquecer bancos.
• Impuesto progresivo al patrimonio y a las grandes fortunas para financiar la Campaña de Solidaridad: que paguen quienes más tienen y menos han sido afectados.
• Creación de un Fondo Publico de Solidaridad administrado por sindicatos, organizaciones comunitarias y movimientos sociales con representación de las víctimas, no por banqueros ni tecnócratas. No al fondo privado y corrupto de la Primera Dama.
• Auditoría ciudadana de todos los recursos: transparencia absoluta, con participación directa de las comunidades en la fiscalización.
• Abajo los toques de queda y la militarización: la fuerza militar y policial debe ponerse al servicio de la solidaridad, no de la represión.
• Renunciar al plan de “reducción del Estado”: fortalecimiento inmediato de la UNGRD -y todas las instituciones estatales de labor social- con presupuesto y personal.
• Expropiación de clínicas privadas y hospitales subutilizados para garantizar atención médica gratuita y universal a las víctimas.
• Detener el plan legislativo, que el gobierno solo emita decretos en favor de la Campaña de Solidaridad. No aprovechar la situación para la politiquería -como aprobar el envío de carbón a Israel- y atacar los derechos de los trabajadores.
• Liberación de todas las mercancías almacenadas en supermercados, y bodegas para garantizar el abastecimiento popular.
• Plan nacional de soberanía alimentaria: redirigir tierras improductivas de latifundistas hacia la producción de alimentos para los afectados.
• Congelación de precios de alimentos, medicinas y materiales de construcción, con sanciones a quienes especulen en medio de la tragedia.
• Redirigir toda la producción y logística de las empresas nacionales hacia la atención prioritaria de la emergencia.
• Garantizar una vivienda digna para cada familia afectada.
• Eliminación inmediata de todas las hipotecas y créditos de vivienda vigentes.
• Expropiación de las viviendas vacías en manos de la especulación inmobiliaria privada -en particular de las que por su negligencia y corrupción han sido responsable de las pérdidas humanas y materiales-, para cubrir la demanda de los afectados.
• Plan masivo de obras públicas para la reconstrucción inmobiliaria y urbana, garantizando empleo directo a los afectados. Esta reconstrucción debe ser obligatoriamente sismo resistente.
• No a la licitación privada: la reconstrucción debe ser pública, transparente y solidaria, no un negocio.
• Revocación de cláusulas abusivas en los seguros que niegan y obstaculizan la cobertura a los afectados.
• Pago de salario completo a los afectados, sin pérdida de prestaciones ni vacaciones.
• Permiso laboral remunerado para voluntarios, sin represalias ni sanciones.
• Liberación total de los servicios públicos y telecomunicaciones: agua, energía, gas, transporte, internet y telefonía sin cobro alguno.
• Medios de comunicación al servicio de la solidaridad: apertura de espacios gratuitos en radio, TV e internet para la organización popular y la información veraz.
• No al regreso a clases hasta que existan condiciones seguras y dignas. Disponer de toda la logística y capacidad escolar disponible para dar atención psicosocial a los niños y jóvenes afectados.
• Implementación de un plan público de emergencia en atención prioritaria de la salud mental para todos los afectados, el cual vincule laboralmente a terapeutas y profesionales de la salud desempleados a nivel nacional

Estas y todas las demás que surjan desde las propias necesidades del pueblo que está en el terreno llevando solidaridad y salvando vidas con sus propias manos, porque Solo el pueblo salva al pueblo.

Comité Ejecutivo PST.