Colombia, Opinión Balance del Gobierno Petro: el progresismo no puede dar más Publicado por: Editor Central el 4 agosto, 2026 Más en Colombia: La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia: una amenaza para las mujeres y las personas LGBTI+ 30 julio, 2026 Ante el acuerdo entre el Pacto y Uribe: la oposición se hace en las calles 22 julio, 2026 A las calles a luchar contra Abelardo y su plan 18 julio, 2026 Finalizado el gobierno de Petro, es necesario hacer un balance de su gestión y resultados, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y sectores populares, quienes pusieron sus ilusiones en que a través suyo se lograrían conquistar las reivindicaciones levantadas durante los paros de 2019 y 2021. Desde el principio, Petro declaró que su programa de gobierno se enmarcaba en hacer cumplir la Constitución del 91, centrándose en desarrollar la concepción de “Estado social de derecho” que plantea un desarrollo armónico y democrático del capitalismo, el desarrollo de un “capitalismo humano”, según sus propias palabras. Toda su política se centró en la concertación y conciliación de sus planes con la burguesía en el escenario de las instituciones de la democracia burguesa, como el Congreso. Como parte de la misma política de conciliación, incluyó en su gobierno a representantes burgueses, principalmente del santismo, lo que inevitablemente lo llevó a reproducir las mismas prácticas corruptas en el manejo de los dineros públicos de los gobiernos anteriores. De esta forma, el gobierno mostraba desde sus inicios las grandes limitaciones que tendríamos los trabajadores y los sectores populares para alcanzar las principales exigencias levantadas durante los paros de 2019 y 2021. En materia socioeconómica, a la pequeña burguesía intentó apalancarla con créditos blandos para fomentar el desarrollo de sus pequeños negocios o “emprendimientos”, como les llaman ahora. Sin embargo, el desarrollo de una sociedad de pequeños propietarios es utópico en el marco del sistema capitalista, ya que la competencia, la centralización y concentración de capitales llevan a la dominación de los grandes monopolios en todas las áreas de la producción. Con la reforma laboral de 2025, Petro les devolvió a los trabajadores algunas pequeñas conquistas que habían sido arrebatadas en los gobiernos anteriores, como el pago de las horas extras y los recargos nocturnos; el incremento del salario mínimo que, si bien fue significativo, no alcanza aún a cubrir el valor de la canasta básica familiar y continúa la tercerización laboral como la norma general aplicada en todos los sectores de la producción. Los capitalistas, en cambio, a pesar de la retórica de la oposición burguesa, estos cuatro años han visto crecer sus ganancias en niveles incluso superiores a los de gobiernos anteriores, como lo demuestran los 14.2 billones de ganancias que reportaron los bancos en 2025, 71% más que el año anterior, y los 138.1 billones en utilidades netas de las 10 mil empresas más grandes del país, un incremento del 13.9% frente al año anterior. Las reformas del cambio La “reforma” pensional. Dentro de su programa de reformas, Petro logró la aprobación en el Congreso, de una reforma pensional que le asegura una pírrica pensión subsidiaria a los adultos mayores que no cotizaron al sistema, pero le dejó el manejo de una parte importante de las cotizaciones de pensiones de los trabajadores a los fondos privados, lo que le da un carácter de contrarreforma. A través del llamado sistema de pilares, esta reforma le entrega las cotizaciones de los trabajadores a partir de los tres salarios mínimos a la voracidad del capital financiero, que las utiliza para especular en el mercado accionario y, si hay pérdidas, estas serán asumidas por los trabajadores como hasta ahora. Actualmente, esta reforma está pendiente de la última palabra de la Corte Constitucional. La reforma laboral, como se indicó antes, le devolvió algunas conquistas que se habían perdido en los gobiernos de Uribe, como los recargos nocturnos y dominicales, pero el gran escollo de la tercerización laboral se mantiene intacto y con él siguen de facto abiertas de par en par las puertas a la sobreexplotación laboral, a la pérdida efectiva de derechos laborales como la seguridad social y al constreñimiento del derecho a la sindicalización de millones de trabajadores. La reforma a la salud, una de las más importantes, porque se suponía que daría solución a la crisis de un sistema de salud desfalcado por las EPS, terminó hundiéndose en las dos oportunidades en que fue presentada, a pesar de que nunca buscó eliminar las EPS, la verdadera causa raíz de la crisis, y mucho menos el carácter mercantilista de la salud, sino que simplemente buscaba devolverle al Estado el control sobre el manejo de los dineros públicos del sistema. Las EPS solo han utilizado los dineros para enriquecerse ellas mismas con métodos corruptos y abiertamente criminales para apoderarse de los dineros públicos de la salud. Justamente, después de tanto paseo de la muerte, negación de medicamentos y burlas a los pacientes para negarles el acceso a los servicios médicos, la eliminación de las EPS fue una de las exigencias planteadas en el paro de 2021. El alto costo de los servicios públicos para la población ni siquiera mereció la presentación de una reforma que volviera a estatizar las empresas de servicios privatizadas, la mayoría de ellas hoy en manos de empresas transnacionales, principalmente españolas. Los servicios públicos. Con tibios decretos, el gobierno intentó poner en cintura la voracidad de los monopolios privados que han elevado de forma exorbitante los precios de los servicios básicos como la energía eléctrica en regiones como la costa caribe. Frente a esta seria problemática, Petro solo erigió su utópica propuesta de generación solar comunitaria, que no solo es irrealizable en términos prácticos para la gran mayoría de la población, sino también reaccionaria porque no ataca de frente el verdadero problema: la privatización de los servicios públicos esenciales, que constituye un factor crítico de encarecimiento del costo de vida para la gran mayoría de la población. En cuanto al medio ambiente, la transición energética del gobierno de Petro no rompió con el interés del mercado mundial, en lugar de estatizar el sector energético, continuó bajo control de las multinacionales con tarifas que para la población terminan siendo una forma de extorsión, y parte importante del financiamiento del Estado continuó dependiendo de las rentas del petróleo y el carbón. La Paz Total de Petro fracasó en buena medida por intentar negociar simultáneamente con reductos de la insurgencia armada y grupos narcotraficantes herederos de la desmovilización paramilitar. Al comienzo, Petro levantó la consigna de legalizar el narcotráfico, cuya ilegalidad no es más que un pretexto para la intervención imperialista, pero cedió para enfrentar a grupos vinculados a carteles transnacionales que se disputan las rutas del narcotráfico y no les interesa desmovilizarse, en la práctica, terminó aplicando la política antidrogas del imperialismo mientras arengaba en contra. Las libertades democráticas. Producto de la lucha en el paro nacional de 2021, se impusieron libertades políticas que Petro había de atender, se establecieron protocolos para atender la protesta, pero todo se quedó a medio camino; el Esmad no fue desarticulado, simplemente le cambió de nombre a Undmo, y en la cárcel aún se mantienen alrededor de 110 jóvenes acusados falsamente de terrorismo y otros delitos por haber participado en las protestas de 2021. Empieza la alternancia Con la política de concertación, gobernando con la vieja maquinaria, incluyendo políticos corruptos de los partidos tradicionales e instrumentalizando la movilización, con la colaboración de las direcciones políticas y sindicales, el balance del gobierno de Petro no rompe con la dinámica de la alternancia entre gobiernos “progresistas” y de derecha, y debido a sus contradicciones da paso a un nuevo gobierno de derecha. Ese es su balance. La independencia de los trabajadores fue hipotecada Hay una parte del balance que corresponde a las direcciones políticas y sindicales mayoritarias de los trabajadores y sectores populares, quienes entregaron la independencia de clase trabajadora para acomodarse y someterse completamente al gobierno de Petro y a su política de concertar reformas en el congreso, lo que desactivó el proceso de movilización del paro de 2021 y la posibilidad de lograr conquistar, por lo menos, parte de las reivindicaciones que se levantaron entonces. Las direcciones transformaron la movilización callejera, de una herramienta de lucha obrera, en un mecanismo de presión institucional y propaganda oficialista, dejando atrás el principio de que, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Por Martó Post Views: 9