Tolima en llamas: el fuego, el Estado y la disputa por el territorio

El fuego no apareció de un día para otro

Cuando este agosto el Tolima se convirtió en el epicentro de una de las mayores emergencias forestales del país, el departamento ya llevaba meses acumulando señales de advertencia: altas temperaturas, disminución de lluvias, municipios en riesgo, incendios recurrentes y llamados institucionales para fortalecer la capacidad de respuesta.

La cronología muestra que la emergencia fue creciendo progresivamente. Entre el 3 de mayo y el 23 de julio se habían registrado 151 incendios forestales y más de 821 hectáreas afectadas. Para comienzos de agosto, la cifra acumulada ascendía a 271 incendios y, el 6 de ese mes, 46 de los 47 municipios del departamento estaban en alerta roja o naranja por amenaza de incendios.

La pregunta que deja esta secuencia es inevitable: ¿qué ocurrió entre las advertencias y la catástrofe? Porque un incendio puede comenzar con una chispa, pero una crisis ambiental de semejante magnitud no puede explicarse únicamente por el instante en que aparece la llama. El fuego se extendió sobre un territorio concreto, atravesado por desigualdades sociales, capacidades institucionales diferentes, relaciones de propiedad y disputas históricas por el control de la tierra y los recursos naturales.

El fuego no cayó sobre un espacio vacío. Ardió sobre un territorio.

Las advertencias antes del desastre

La amenaza fue identificada antes de alcanzar las dimensiones de agosto.

El 28 de mayo de 2026, Cortolima adoptó, mediante la Resolución 3426, un Plan de Contingencia frente a la probabilidad y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Entre las medidas figuraban la prevención de incendios de cobertura vegetal, la protección del recurso hídrico y restricciones sobre fogatas y quemas a cielo abierto.

Para el 8 de julio, la Gobernación del Tolima reportaba 28 municipios bajo algún nivel de riesgo por incendios. Dos semanas después, entre el 3 de mayo y el 23 de julio, ya se contabilizaban 151 incendios y 821,19 hectáreas afectadas. En algunos municipios las temperaturas superaban los 39 grados Celsius.

El 3 de agosto se registraron 68 conflagraciones durante un solo fin de semana. Doce incendios permanecían activos y la propia Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo advertía que la capacidad de respuesta de los organismos de socorro podía verse comprometida si la situación continuaba creciendo.

Tres días después, 36 municipios estaban en alerta roja y 10 en alerta naranja. Las alertas existían, los incendios también, el riesgo había sido identificado. Sin embargo, la emergencia continuó creciendo hasta alcanzar dimensiones que obligaron a movilizar recursos extraordinarios. Aquí aparece una de las primeras contradicciones políticas de la crisis.

No se puede afirmar que el Estado permaneció completamente ausente. Hubo planes de contingencia, monitoreo, reuniones institucionales y solicitudes de apoyo. Pero la cronología muestra que la mayor capacidad de respuesta se activó cuando la emergencia ya había superado los mecanismos ordinarios.

La pregunta, entonces, no es si las instituciones hicieron algo.

Lo hicieron tarde.

La pregunta es por qué las acciones extraordinarias llegaron cuando el territorio ya estaba ardiendo y había un problema ambiental a gran escala.

El Estado entre la prevención y la reacción

El 10 de agosto ya había 15 incendios forestales activos. Un día después, 36 incendios permanecían activos en 20 municipios. En San Luis se reportaban más de 2.000 hectáreas afectadas y daños en viviendas rurales. El 13 de agosto, el Tolima enfrentaba una de sus jornadas más críticas: 39 incendios forestales activos en 18 municipios.

La respuesta incluyó bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército Nacional, Policía, Fuerza Aeroespacial, organismos de socorro y comunidades. Se desplegaron operaciones terrestres y aeronaves para atender los focos más graves. Pero al día siguiente, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo reconoció que la emergencia había superado la capacidad ordinaria. El Tolima declaró la calamidad pública departamental.

La declaratoria permitió agilizar recursos y fortalecer la capacidad institucional para enfrentar los incendios activos. Las operaciones posteriores lograron reducir temporalmente el número de focos, pero para entonces el daño territorial ya había alcanzado una dimensión mucho mayor.

La crisis deja una pregunta incómoda: si el Estado podía movilizar recursos extraordinarios, aeronaves y mecanismos excepcionales cuando la emergencia alcanzó dimensiones críticas, ¿por qué esa capacidad no estuvo presente con la misma intensidad durante las etapas previas de prevención?

Esta no es únicamente una discusión administrativa. Es una discusión política. La prevención exige inversión permanente en territorios donde muchas veces el Estado tiene una presencia limitada: fortalecimiento de cuerpos de bomberos, brigadas comunitarias, protección de fuentes hídricas, mantenimiento de vías rurales, sistemas de alerta temprana y monitoreo ambiental. Son inversiones poco visibles.

Una brigada comunitaria que evita un incendio no produce las mismas imágenes que un helicóptero descargando agua sobre una montaña en llamas. La catástrofe, en cambio, concentra la atención pública y permite demostrar capacidad institucional cuando el daño ya se ha convertido en una realidad imposible de ignorar. Esta contradicción revela una característica fundamental de la relación entre Estado y territorio: la presencia institucional no se distribuye de manera uniforme. Hay territorios donde el Estado está presente de manera permanente. Y hay otros donde aparece principalmente cuando la crisis ya ha estallado.

Desde una perspectiva marxista, el problema no puede reducirse a la ineficiencia administrativa o a la falta ocasional de coordinación institucional. El Estado interviene sobre territorios atravesados por relaciones desiguales de poder, propiedad y capacidad económica. La distribución de recursos públicos expresa prioridades políticas: mientras algunas inversiones orientadas a la prevención permanecen invisibles y reciben atención limitada, otras formas de intervención se activan con rapidez cuando la crisis amenaza actividades económicas, infraestructura estratégica o produce una presión pública imposible de ignorar. La pregunta, entonces, no es únicamente por qué faltaron recursos, sino cómo y en función de qué intereses se definen históricamente las prioridades de inversión y presencia estatal.

La catástrofe ambiental no afecta a todos los territorios de la misma manera porque los territorios tampoco parten de las mismas condiciones.

La catástrofe no es solamente natural

La explicación más cómoda consiste en atribuirlo todo al clima.

El cambio climático y la variabilidad climática son factores fundamentales. Crean condiciones favorables para incendios más intensos y difíciles de controlar.

– Pero el clima no organiza los presupuestos públicos.

– El clima no decide dónde se construye infraestructura.

– El clima no determina la capacidad de los organismos de socorro.

– El clima tampoco explica por sí solo por qué determinadas comunidades rurales enfrentan mayores dificultades para acceder a mecanismos de prevención y respuesta.

El fuego necesita condiciones materiales para expandirse. Vegetación seca, altas temperaturas y vientos son parte de esas condiciones. También se requiere, en la mayoría de los casos, una fuente de ignición, que puede ser accidental, producto de negligencia, consecuencia de determinadas prácticas productivas o resultado de acciones intencionales.

Determinar la causa específica de cada incendio corresponde a las autoridades competentes, y no podemos descartar intereses económicos. Pero limitar la investigación al origen inmediato de las llamas sería insuficiente.

Una crisis ambiental debe ser entendida también como un proceso social. Los incendios ocurren sobre territorios transformados históricamente por actividades humanas, modelos productivos, formas de propiedad y relaciones económicas. Los bosques no existen fuera de la sociedad. El agua no existe fuera de la economía. La tierra no existe fuera de las relaciones de poder.

Desde una perspectiva marxista, la naturaleza no puede entenderse como un escenario externo sobre el cual ocurre la historia humana. Es una de las condiciones materiales que hacen posible la vida y la producción.

– Sin agua no hay agricultura.

– Sin suelos fértiles no hay producción de alimentos.

– Sin ecosistemas funcionales, se deterioran las condiciones de vida de las comunidades.

Por eso, la crisis ambiental debe entenderse también como una expresión de la fractura metabólica entre la sociedad y la naturaleza. La producción humana depende permanentemente de los suelos, el agua, los bosques y los ciclos ecológicos. Sin embargo, una economía orientada prioritariamente por la acumulación puede extraer recursos, transformar ecosistemas y expandir actividades productivas sin asumir plenamente los costos ecológicos de esa transformación. El resultado es una contradicción: mientras la producción depende de la naturaleza para existir, determinadas formas de acumulación pueden deteriorar las mismas condiciones materiales que hacen posible la vida y la producción futura, e incluso, como sucede en la Amazonía, la destrucción muchas veces es intencional con el fin de ampliar la frontera agrícola y ganadera.

El territorio que quedó bajo las cenizas

El incendio no termina cuando desaparecen las llamas. El 12 de agosto, Cortolima reportaba cerca de 2.000 hectáreas afectadas. Diez días después, un análisis mediante imágenes satelitales y cartografía oficial determinó que 22.319 hectáreas habían sido afectadas en 28 municipios.

Para el 26 de agosto, la cifra ascendió a 31.046 hectáreas. Los municipios con mayor afectación eran Ortega, Armero-Guayabal, San Luis, Guamo, Coyaima y Chaparral. Pero las hectáreas no son solamente números. Dentro de esas áreas había bosques, pastizales, cultivos, ecosistemas seminaturales, fauna silvestre y suelos productivos. El análisis de Cortolima reveló que una parte significativa de las áreas afectadas correspondía a bosques y ecosistemas seminaturales. También se reportaron impactos directos sobre la fauna silvestre.

El daño tampoco termina en la superficie. Los incendios pueden alterar la estructura del suelo, reducir la materia orgánica y dejar extensas áreas expuestas a procesos posteriores de erosión. Cuando regresen las lluvias, los suelos sin cobertura vegetal pueden convertirse en fuentes de sedimentos para quebradas y ríos, siendo un riesgo de derrumbes y avalanchas.

Por eso, la emergencia no puede medirse únicamente por el número de incendios. Debe medirse también por lo que desapareció dentro de las áreas quemadas. Cuando un bosque arde, no desaparece únicamente una cobertura vegetal.

– Se transforma un territorio.

– Se afectan fuentes de agua.

– Se modifica la capacidad productiva de los suelos.

– Se altera el hábitat de especies.

– Se debilitan ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras.

La naturaleza, desde esta perspectiva, no es un paisaje que debe ser protegido únicamente por razones estéticas o sentimentales.

– Es una condición material de la existencia.

– Defender un bosque significa defender el agua.

– Defender el suelo significa defender la producción de alimentos.

– Defender los ecosistemas significa defender las condiciones de vida de las comunidades que dependen de ellos.

Desde esta perspectiva aparece una contradicción fundamental entre el valor de uso y el valor económico del territorio. Para una comunidad campesina, un bosque puede significar agua, alimentos, protección del suelo y continuidad de la vida. Para determinados intereses económicos, ese mismo espacio puede ser evaluado principalmente según su capacidad de generar rentabilidad. La disputa ambiental comienza precisamente cuando las condiciones materiales necesarias para la vida son subordinadas a la lógica de la valorización económica.

La catástrofe tampoco tiene las mismas consecuencias para todos los sectores sociales. La pérdida de un bosque, una fuente de agua o un cultivo afecta de manera distinta a quien posee múltiples propiedades que a una familia campesina cuya reproducción material depende directamente de una pequeña parcela. Desde una perspectiva de clase, los desastres ambientales tienden a profundizar desigualdades preexistentes: quienes poseen menos recursos tienen menor capacidad para recuperarse, mientras que los sectores con mayor capital pueden absorber con mayor facilidad las pérdidas o incluso adquirir nuevos activos en contextos de crisis.

Después del fuego comienza la disputa

El concepto de ecocidio permite dimensionar políticamente la magnitud de una destrucción ambiental de gran escala. Sin embargo, determinar si los hechos constituyen jurídicamente un delito ambiental específico o si existieron incendios provocados de manera intencional excede nuestras posibilidades.

Actualmente, existen investigaciones y denuncias sobre posibles incendios intencionales. Las autoridades han mencionado indicios relacionados con el uso de acelerantes y personas presuntamente involucradas en la generación de algunos focos. Estos hechos deben ser investigados. Pero incluso si cada incendio tuviera una explicación inmediata diferente, la pregunta política permanecería.

¿Qué ocurrirá con el territorio después de las llamas?

El Tolima no es solamente una región agrícola. Su geografía reúne ecosistemas estratégicos, importantes cuencas hidrográficas, zonas de producción agropecuaria y áreas con riqueza geológica y potencial minero.

– El territorio no es una superficie vacía.

– Es un espacio de disputa.

Allí confluyen comunidades rurales, recursos naturales, actividades económicas, formas de propiedad e intereses sobre el uso de la tierra. No existen actualmente pruebas judiciales, técnicas o científicas que permitan afirmar o descartar si los incendios forestales de 2026 fueron provocados deliberadamente para facilitar proyectos minero-energéticos, de hidrocarburos o procesos de expansión ganadera.

Pero la ausencia de una relación directa demostrada entre un incendio y un interés económico específico no elimina otra pregunta fundamental: ¿qué transformaciones pueden producirse posteriormente sobre los territorios afectados?

Una lectura marxista no necesita construir teorías conspirativas para reconocer que la destrucción ambiental ocurre dentro de espacios donde existen relaciones económicas concretas. La investigación debe mirar antes y después del incendio.

Antes, para comprender qué procesos estaban transformando el territorio: cambios en el uso del suelo, expansión de actividades productivas, fragmentación de ecosistemas, presión sobre los recursos naturales y concentración de la propiedad.

Después, para observar quién compra las tierras, quién las ocupa, quién decide sobre su restauración y qué nuevas actividades económicas aparecen sobre los territorios degradados. El incendio no tiene que ser necesariamente la causa original de esos procesos para convertirse en un acelerador de transformaciones que ya estaban en marcha.

Desde esta perspectiva, el análisis no requiere demostrar que una actividad económica provocó directamente el incendio para investigar sus consecuencias territoriales. Una catástrofe puede convertirse en un momento de reconfiguración del espacio. Cuando comunidades pierden capacidad económica, los ecosistemas se degradan y las tierras disminuyen temporalmente su capacidad productiva, pueden abrirse nuevas condiciones para procesos de compra, concentración o transformación del uso del suelo. La investigación debe establecer si, después de la emergencia, los territorios afectados son restaurados en beneficio de las comunidades y los ecosistemas o incorporados progresivamente a nuevas dinámicas de acumulación.

Esa es una de las preguntas fundamentales que deja la emergencia. ¿Qué ocurrirá con las más de 31.000 hectáreas afectadas?, ¿serán restauradas?, ¿serán protegidas?, ¿las comunidades participarán en las decisiones?, ¿o la degradación ambiental abrirá paso a nuevas formas de transformación y apropiación económica del territorio?

La pregunta por el futuro de las tierras quemadas conduce inevitablemente a la cuestión de la propiedad. En una sociedad profundamente desigual, la capacidad de decidir sobre el territorio no está distribuida de manera democrática. Quien posee grandes extensiones de tierra o dispone de capital para adquirirlas tiene mayores posibilidades de intervenir sobre el uso futuro del suelo que una comunidad campesina afectada por la pérdida de cultivos, agua o condiciones de producción. Por eso, cualquier proceso de reconstrucción posterior a los incendios debe vigilar no solamente la recuperación ecológica, sino también posibles procesos de concentración de la propiedad y desplazamiento económico de las comunidades locales.

El Tolima después del fuego

El cambio climático explica parte de la crisis. No explica toda la historia. Una explicación exclusivamente climática corre el riesgo de convertir una catástrofe política y social en un fenómeno natural inevitable. Y cuando una catástrofe parece inevitable, desaparecen las preguntas sobre responsabilidad. ¿Quién debía prevenir?, ¿dónde estaban los recursos?, ¿por qué la capacidad extraordinaria llegó cuando la emergencia ya había alcanzado dimensiones críticas?, ¿qué ocurrirá con los territorios después?

Una lectura marxista de la crisis ambiental obliga a mirar más allá del momento de la destrucción. Obliga a analizar la relación entre naturaleza y acumulación, entre territorio y propiedad, entre capacidad estatal y desigualdad social. Porque la naturaleza no está fuera de las relaciones de poder. La tierra, el agua, los bosques y el subsuelo son parte de las condiciones materiales sobre las cuales se organiza la vida y se desarrolla la economía. Quien controla esos recursos tiene poder.

Por eso, la reconstrucción posterior a los incendios no puede reducirse a apagar los últimos focos, contabilizar hectáreas perdidas y declarar superada la emergencia. La verdadera discusión comienza después. Cuando haya que decidir qué se hará con las tierras quemadas.

– Si los ecosistemas serán restaurados.

– Si las fuentes hídricas serán protegidas.

–  Si las comunidades tendrán participación en las decisiones.

O si la destrucción ambiental terminará facilitando nuevas formas de concentración de la tierra y transformación económica.

-Las llamas pueden extinguirse en cuestión de días.

-Las consecuencias pueden durar décadas.

Lo que ocurra en el Tolima después de los incendios permitirá determinar si las cenizas fueron el comienzo de un verdadero proceso de restauración ecológica y justicia territorial o si, por el contrario, la destrucción abrió paso a nuevas formas de apropiación.

La defensa ambiental no puede reducirse a una política técnica administrada exclusivamente desde instituciones o empresas. La defensa de los ecosistemas requiere participación efectiva de las comunidades que habitan los territorios. Defender un río implica defender a quienes dependen de sus aguas. Defender un bosque implica defender las condiciones materiales de las comunidades rurales. Defender el suelo implica defender la posibilidad de producir alimentos. Por eso, la lucha ambiental está inseparablemente ligada a la lucha por la democratización del territorio y por el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre la tierra, los recursos naturales y su futuro colectivo.

Porque una catástrofe nunca ocurre sobre un territorio vacío. Ocurre sobre tierras habitadas, trabajadas, disputadas y atravesadas por relaciones de poder. El fuego destruyó miles de hectáreas. Pero la disputa por el territorio apenas comienza.

Juan Castro, ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima

Agosto 2026