28S, A las Calles por la despenalización total del Aborto

Por: Comisión de la Mujer PST

Este 28 de septiembre día de acción global por la despenalización del aborto, se conmemora justo a un año de la presentación de la demanda de inconstitucionalidad del delito de aborto, presentada por la iniciativa Causa Justa en la cual confluyen más de 94 organizaciones. Desde el inicio nuestro partido ha respaldado esta iniciativa de unidad de acción exigiendo que se declare inconstitucional el delito de aborto en Colombia.

Las razones sobran a pesar de que hace 15 años la misma Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos -malformación fetal incompatible con la vida, violación o abuso sexual, y riesgo para la vida o la salud de la mujer- y que en sentencias posteriores la propia corte ha manifestado en que Colombia el aborto es un derecho fundamental (Sentencia Unificación SU 096). A pesar de esto, en Colombia la enorme mayoría de abortos se realizan de manera clandestina y muchas veces insegura, aunque la mayoría de mujeres por no decir todas las que abortan se enmarcan dentro de la causal salud. La negación de servicios, la interposición de barreras ilegales, pero sobre todo la persistencia del delito impiden en la práctica que el aborto pueda ejercerse como derecho.

Y es que cientos de mujeres al año siguen siendo judicializadas por este delito, si bien en su mayoría no terminan en la cárcel, la revictimización, la exposición de su intimidad y la sanción social hacen que el propio proceso opere como castigo. Según datos de la propia Fiscalía, de estas mujeres judicializadas varias son niñas menores de 14 años que tienen una causal evidente, la mayoría son jóvenes, rurales, indígenas, negras y de bajos recursos económicos. El 30% de las mujeres judicializadas son parte de otros procesos judiciales en calidad de víctimas de violencia sexual y/o intrafamiliar. Estos sencillos datos nos demuestran que el delito de aborto es un delito de clase, donde únicamente pagan las que no tienen para pagar un aborto en una clínica privada, o no tienen el capital cultural o los recursos para exigir sus derechos ante el sistema de salud. Un sistema que revictimiza a quienes ya son vulnerables y que poco o nada protege realmente a la vida por nacer.

Pandemia Aborto, una muestra más de la desigualdad

La pandemia desnudó que el delito de aborto es un delito que no solo se aplica únicamente a las mujeres, sino que tiene clase, étnia y nacionalidad. Durante la pandemia, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en todos los países de Latinoamérica y esto se vio reflejado de diversas maneras en los derechos de las mujeres.

A nivel global, pero en especial en los países de ingresos medianos y bajos, las deficiencias en el suministro de anticonceptivos y en el acceso al aborto fueron una constante durante los confinamientos y aún ahora. Lo que según la OMS deja un saldo estimado de 50 millones de embarazos no deseados y de mil muertes maternas adicionales por aborto inseguro en el mundo. También se evidenció un aumento del 30% de solicitudes de abortos y de solicitudes de fármacos abortivos a través de internet. Pero contradictoriamente, al tiempo que aumentó la necesidad de servicios de aborto, el acceso se vio gravemente restringido a causa de que en la enorme mayoría de países, se tomaron medidas que contribuyeron directa o indirectamente a retrasar o detener la prestación de servicios de aborto.

En el caso de Colombia, la normativa durante la emergencia sanitaria indicaba que debía prestarse el servicio, pero se eludió configurar las rutas específicas para garantizarlo en especial en medio de los confinamientos, la movilidad fue restringida afectando a las mujeres rurales en especial las negras e indígenas, servicios de maternidad y  de promoción y prevención fueron cerrados, y la redistribución de recursos se tradujo en recortes de la atención para las mujeres. También durante la pandemia muchas mujeres perdieron su ingreso con la consecuente pérdida de autonomía, muchas quedaron confinadas junto a su agresor o a una pareja o padre que se opone a la anticoncepción o al aborto.

Entonces, a pesar de que se establecieron “medidas”, la implementación no fue efectiva, con enormes desigualdades regionales; las orientaciones de mantener la prestación de este servicio quedaron en el papel; en Bogotá, por ejemplo, fueron cerrados varios servicios de atención obstétrica para convertirlos en atención para la COVID-19. Los esfuerzos de algunas instituciones privadas que implementaron programas en telemedicina aminoraron las barreras geográficas, pero se vieron limitadas por las barreras económicas y de acceso a la tecnología.

Todas estas nuevas barreras que se sumaron a las previamente existentes repercutieron negativamente, con un aumento tanto de los embarazos no deseados, como de la mortalidad materna a nivel nacional- un aumento de casi el 50%-, de esta mortalidad una parte importante se dio debido a la propia infección por COVID19, pero la mayor parte se debió tanto a la mala atención prenatal, como a abortos inseguros, esta mortalidad se concentró nuevamente en las más pobres, las migrantes, las rurales, las más jóvenes, las negras y las indígenas.

Muchas de estas barreras se tradujeron en un avance de la edad gestacional al momento de solicitar el aborto, lo cual en sí mismo ha sido identificado como una barrera para solicitar IVE, y aumentando los riesgos de un posible aborto clandestino y las maternidades no deseadas.

Es en este contexto la exigencia de Causa Justa por la despenalización total del aborto es mas urgente que nunca. Queda nuevamente demostrado que todas las restricciones, incluso las impuestas mediante desastres naturales, crisis humanitarias, etc, lo que hacen es profundizar en la brecha de clase, es decir, las mujeres ricas continúan accediendo a derechos mientras que más vulnerables son castigadas mediante la negación de servicios, la violencia obstétrica e incluso la judicialización.

Ninguna confianza en las Cortes Burguesas

Es común que entre el movimiento de mujeres y los defensores de derechos democráticos, exista una idealización o romantización de las altas cortes, en especial de la Corte Constitucional que a su vez se relaciona con una idealización de la propia constitución del 91. Algunos fallos progresivos como la propia sentencia C355 o el matrimonio igualitario, parecen demostrar el carácter progresivo de estas instituciones.

Pero ya tenemos experiencia con fallos directamente regresivos de la Corte Constitucional, por ejemplo la sentencia T84 de 2020 en la cual se falla en contra del derecho al aborto de una niña de 16 años, en contravía de lo anteriormente juzgado por la misma instancia, desconociendo el riesgo para la salud en la gestación adolescente ya probado por múltiples evidencias y reconocido previamente por la corte, es decir, en contra de su propia línea jurisprudencial.

Estas instituciones como parte del régimen burgués, en últimas defienden el carácter del Estado basado en la garantía de la propiedad privada. Son defensoras y parte del sostén del estatus quo y por eso no podemos tener confianza en ellas ni limitar nuestros esfuerzos a “apoyarlas”, a respaldar sus decisiones, a pedirles como si de favores se tratase esperando que fallen con base en las evidencias jurídicas y científicas.

Al igual que otras instituciones, las decisiones de las cortes, si bien deben ajustarse a la constitución, finalmente son decisiones políticas en las cuales la presión de los diferentes sectores y clases sociales son fundamentales. No podemos confiarnos entonces en su imparcialidad, más cuando en contra del derecho al aborto conspiran enormes y poderosos partidos de derecha incluido el del Gobierno, apoyados por corporaciones multimillonarias, las iglesias católica y evangélicas, entre otras. Por eso es fundamental que tomemos el ejemplo reciente de Argentina, México, Polonia, en donde miles de mujeres tomaron las calles para presionar la liberalización de la legislación o impedir retrocesos. Es la movilización social la que nos llevará a la victoria, al igual que hicimos con la reforma tributaria y de la salud durante el paro nacional, los derechos se conquistarán en las calles.

La despenalización total, una Causa Justa

El Grupo Médico por el derecho a Decidir, plantea a raíz de un estudio sobre el impacto de la COVID 19 en materia de acceso derechos sexuales y reproductivos, una serie de recomendaciones. Una de ellas es “Despenalizar el aborto y eliminarlo como delito en el sistema penal, para que sea tratado como un derecho y un servicio de salud”, esto con el fin de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos, en especial, la anticoncepción y el aborto en tiempos de crisis, evitando así las consecuencias de un aborto inseguro y la profundización de desigualdades”.

Nosotras como socialistas, reivindicamos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; coincidimos con los bolcheviques que hace 101 años consideraron que no se podía penalizar a la mujer por recurrir a un aborto para escapar de sus penurias, y quienes para proteger la maternidad y la vida por nacer lo que hicieron fue tomar medidas para sustentar la vida que gesta, es decir medidas para que quienes quisieran tener hijos tuvieran qué comer, donde vivir y como mantener a sus hijos. Nosotras concordamos con esta forma de proteger la vida prenatal, no es imponiendo maternidades forzosas o arriesgando la vida de las mujeres en abortos clandestinos; es ampliando la vacunación contra el COVID, es garantizando la atención prenatal, es garantizando el ingreso y la alimentación de la mujer que gesta y de los niños ya nacidos como se protege realmente la vida.

Por eso estamos este 28 en las calles EXIGIENDO a la Corte Constitucional que en garantía de nuestros derechos falle a favor de la inconstitucionalidad del delito de aborto. Ven con nosotras!!