Exijamos medidas contra la carestía

En los últimos dos años la población trabajadora perdió capacidad de consumo en más del 70%, aproximadamente, mientras los empresarios no solo sostuvieron sus ganancias, sino que las aumentaron, muchos de ellos recibiendo subsidios del Estado para pagar los salarios; otros acumularon más riqueza desfalcando los fondos del Estado mediante los contratos para servicios y obras públicas, mecanismo que se ha convertido en una de las principales fuentes de corrupción y desfalco del erario.

En los últimos dos años, el precio de los alimentos y servicios aumentó en forma desproporcionada, con relación al salario, dejando un saldo altamente negativo. El acumulando de la inflación en esos dos años fue superior al 100%, pero los gobiernos solo reconocen el 5,6% en 2021 y 13,12% en 2022. Es decir, que reconocen un acumulado para los dos años de solo el 18.7%.

El aumento del salario mínimo en estos dos años sumó 26.07%, lo que significa una diferencia más o menos del 70% con relación a la inflación real de los alimentos y servicios, porcentaje que corresponde a la pérdida de capacidad de consumo de la población en este periodo. Esta situación profundiza la crisis social y exige medidas radicales para enfrentar la extrema desigualdad. La paciencia se irá agotando y deberemos volver a las calles como en 2019 y 2021.

Necesitamos un cambio real, no un discurso

La crisis social se está acelerando y generalizando sin que haya planes que sirvan para enfrentarla a favor de la población trabajadora. Petro salió elegido canalizando los votos del descontento y prometiendo un cambio. Pero todo se está quedando en discurso, mientras las condiciones reales de la población pobre y trabajadora se degradan.

Para enfrentar los problemas sociales, el gobierno tiene como política la concertación con la burguesía. Así, los terratenientes, ganaderos, narcotraficantes y empresarios son quienes ponen la pauta; desde luego, con la supervisión del imperialismo norteamericano. La pauta es garantizar la ganancia de los ricos, soltando unas migajas para los pobres y vendiendo ilusiones en un cambio que no llega ni llegará.

El plan fue: propiedad privada contra la propiedad social

Tras la caída de los Estados obreros o “países del socialismo real”, el plan neoliberal fue una ofensiva contra la población trabajadora mundial para expropiar los recursos sociales, lo que aceleró la crisis social. El discurso de defensa de la propiedad privada, contra la propiedad social, sirvió para que la burguesía se enriqueciera en la misma medida en que la población trabajadora se empobrecía.

En la década del 90 del siglo pasado, en los 15 países del llamado “socialismo real”, se expropió la propiedad social que tenían los trabajadores, que incluía: vivienda, salud, educación y servicios públicos, además de trabajo para todos, mientras que en los países capitalistas se expropió la poca propiedad social concentrada en empresas estatales de servicios públicos y obras públicas. El trabajo se precarizó y mediante la corrupción con contratos, se expropia año tras año una parte muy grande del presupuesto nacional. En este periodo algunos capitalistas acumularon riqueza equivalente a la de pequeños países. De ahí que el 82% de la riqueza mundial esté en manos del 1%.

La prioridad de la ganancia ha llegado a tal extremo, que las tarifas de los servicios públicos, como la energía, se fijan de acuerdo con lo que dicte la especulación en la bolsa de valores; la salud de una persona depende del dinero que tenga y del costo más favorable para la ganancia privada de los empresarios de la salud; la vivienda se convirtió en monopolio de los bancos privados, y los precios de los alimentos son regulados por la sed de ganancia de las multinacionales que controlan su producción. Así, la política de los gobiernos, quienes representan el capitalismo, es para alimentar la ganancia, defendiendo la propiedad privada de los medios de producción contra la propiedad social, e imponiendo el monopolio de alimentos y servicios.

El cambio debe ser: propiedad social contra la propiedad privada

El cambio real que necesita la población es la socialización de los medios de producción y la distribución, así como reparto del trabajo y reducción de la jornada laboral. Pero eso implica suprimir la ganancia porque está al servicio de unos pocos. En esa perspectiva, y para atender la crisis alimentaria en curso, es necesario un plan cuyas consignas sean: propiedad social contra propiedad privada, y eliminación de la ganancia para reparto de la riqueza. En lo inmediato se necesita, al menos, las siguientes medidas transitorias.

1. Revisión del aumento del salario mínimo, decretando un aumento vinculado al costo de la canasta básica.
2. Congelación de precios de manera inmediata.
3. Reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales para habilitar puestos de trabajo y reducir drásticamente el crimen y la inseguridad.
4. Eliminación de las EPS y estatización de la salud garantizándola a toda la población por parte del Estado.
5. Estatización del transporte sin costo de pasajes.
6. Estatización de los servicios públicos domiciliarios como energía, acueducto, aseo y comunicaciones.
7. Almacenes estatales de distribución de alimentos y productos de primera necesidad, eliminando la intermediación y comprando directamente a los productores por parte del Estado.
8. Reforma agraria e industrialización del campo para garantizar alimentos y puestos de trabajo.
9. No pago de la fraudulenta deuda externa.
10. Pensión de un salario mínimo (equivalente al costo de la canasta básica) para toda la población en edad de jubilación, incluso bajando esa edad para que se puedan liberar más puestos de trabajo y así atacar el desempleo.

Los empresarios que lloren porque no puede seguir apropiándose de la plusvalía de los trabajadores, que entreguen las empresas al Estado. A esos empresarios se les puede garantizar trabajo o pensión.

Fernando Graco