Complicidad: Candidatos a la alcaldía de Bogotá frente a la represión de la protesta social

Actualmente, nos encontramos en medio de una coyuntura electoral a nivel nacional. Los diversos partidos políticos de Colombia –partidos burgueses y partidos reformistas– se disputan el control político de ciudades, municipios, localidades y demás. En Bogotá, específicamente, los cuatro candidatos disponibles ya presentaron su enorme fardo de propuestas por medio de las cuales –aunadas a estrategias de la más evidente politiquería– pretenden hacerse con el gobierno de la capital. Entre los puntos más importantes contemplados en dichas propuestas se encuentra el tema de la educación.

Autor: JH

Cada candidato presenta sus propuestas para la educación como una serie de medidas para el fortalecimiento de ésta, tanto en el nivel medio como superior. Sin embargo, lo cierto es que dichas propuestas están preñadas de contradicciones. En el caso de la educación media, los candidatos se muestran a favor de los colegios por concesión (colegios públicos administrados por entidades privadas), la jornada única (mayor carga laboral para los maestros o explotación laboral), alianzas público-privado para el servicio de salud de los maestros, y un silencio sepulcral en lo relativo al decreto 1278 sobre el estatuto de profesionalización docente; estas son algunas de las cuestiones que muestran dichas contradicciones. En lo que se refiere a educación superior, los candidatos se comprometen a abrir nuevos cupos (Uribe, 20 mil; López, 25 mil; Morris, 30 mil inicialmente y luego 200 mil), lo cual implica aumentar el presupuesto de la educación superior, incentivar las áreas de ciencia e investigación y demás. Claramente, el factor fundamental en estas propuestas es el presupuesto y el supuesto apoyo a la educación superior pública. Pero, notoriamente, ambos aspectos no suponen en realidad más que ofrendas y promesas falsas.

Recordemos el gran paro estudiantil que ocurrió en el 2018, por medio del cual los estudiantes de universidades públicas exigían al gobierno de Iván Duque Márquez un aumento de presupuesto de 16 billones de pesos, aproximadamente, que tendrían (y tienen) que ser distribuidos a lo largo del cuatrienio de su mandato. En este punto [el sostenimiento de las universidades públicas], el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno entra a jugar un rol protagónico en tres aspectos:

Primero, el gobierno se comprometió a aumentar el presupuesto de las universidades públicas en una cuarta parte (4.5 billones) de lo que exigían los estudiantes, basados en las necesidades reales de la educación pública; dicho aumento de presupuesto hasta ahora se ha visto estancado e incumplido según los acuerdos entre el gobierno y los estudiantes.

Segundo, el PND no contempla una reforma al ICETEX, la cual también era exigida en el marco del paro estudiantil. La deuda de los estudiantes hacia dicha entidad asciende a los 20 mil millones de pesos (contando sólo a los estudiantes del programa de Santos “Ser Pilo Paga”).

Tercero, el PND promueve un programa de becas estudiantiles muy similar al del gobierno Santos, e incluso contempla un número menor de becas. Dichos programas se implementan con la clara intención de eludir el compromiso del Estado con la educación pública a través del fortalecimiento de la educación privada. ¿8.000 becas aproximadamente en el programa Generación E? Empezando porque 1.5 millones de niños no acceden a educación básica en Colombia. Ahora bien, la OCDE asegura que sólo el 22% de personas entre 25 y 64 años tienen un título universitario. ¿Cuál es el déficit real de acceso a la educación superior y cómo solucionar dicho problema con 8 mil becas si la desatención de jóvenes sin acceso a la educación asciende a los cientos de miles (900 mil aproximadamente)?

Todo lo anterior indica un compromiso acérrimo del gobierno nacional con la paulatina privatización de la educación (el negocio del siglo para los privados). En este sentido, ninguno de los candidatos ha pronunciado palabra alguna en contra de dicho plan de gobierno. Y, claramente, no podemos desligar la realidad política local de la realidad política nacional. ¿Cómo pretenden los candidatos, entonces, promover la educación pública en el marco de un plan que se inclina fuertemente en sentido contrario, hacia la educación privada?

Dentro de la discusión sobre la educación es necesario resaltar una de las contradicciones más profundas entre las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá y su supuesta defensa y fortalecimiento de la educación pública. Para expresar dicha contradicción debemos poner la discusión en contexto:

El pasado 27 de septiembre, estudiantes de numerosas universidades, tanto privadas como públicas (U. Distrital, U. Javeriana, UPN, etc.) salieron a las calles a protestar contra el escándalo de corrupción de la Universidad Distrital –por los 11.000 millones de pesos robados por parte del profesor Wilman Muñoz– y contra los excesos del ESMAD –por la intervención violenta y brutal ocurrida en las instalaciones de la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio–. Dicha protesta en contra de la represión y la corrupción terminó en una cruda opresión y abuso por parte del ESMAD hacia los estudiantes.

En estos términos, es necesario resaltar que la verdadera defensa de la educación pública ha sido llevada a cabo por parte de agentes del sector educativo, maestros pero sobre todo estudiantes. Sus métodos han sido la protesta social y la movilización masiva. Ante todos los reclamos hechos en el paro nacional estudiantil del año pasado y todas las expresiones de lucha que han pululado durante el año en curso, el gobierno ha respondido con la más cruda violencia y represión, a tal punto que dos estudiantes perdieron uno de sus ojos durante los ataques directos y desmedidos del ESMAD.

El actuar del ESMAD ha estado atestado de numerosas transgresiones y crímenes entre los cuales se cuentan los asesinatos de: Óscar Salas, Jhonny Silva, Nicolás Neira, Edison Jaime, Yoel Ortiz, Hermides Téllez, y un gran número más de estudiantes asesinados durante manifestaciones. Hasta la fecha, son 17 años de impunidad, pues no existe una sentencia firme ni un culpable procesado por estos crímenes, entre los que se registran más de 500 casos de agresiones y más de 4.000 víctimas por la directa intervención del ESMAD. Según uno de los integrantes de este cuerpo, el intendente Fabio Gutiérrez, “el entrenamiento que nosotros [los integrantes del ESMAD] tenemos nos permite no reaccionar de manera emocional, sino de acuerdo a [con] la norma”.

La labor del ESMAD es combatir directamente la protesta social y defender los intereses de quienes han suscitado las protestas y manifestaciones mismas, la orden es reprimir físicamente a quien se levanta contra toda forma de represión social y política. Su labor es violentar al pueblo hasta lograr que su lucha se desmoralice. Por ello, una de las consignas que ha tomado fuerza dentro del movimiento estudiantil, aunque fue acuñada hace pocos años, es la del desmonte inmediato del ESMAD.

No hay justificación por parte del régimen acerca del actuar del ESMAD, porque incluso durante manifestaciones pacíficas este cuerpo ha actuado con fuerza desmedida, vulnerando los derechos, sobre todo, de los estudiantes, en cuyas manifestaciones y protestas es donde más se registra la aparición de estos agentes.

A propósito de ello, ninguno de los actuales candidatos propone garantías reales para que la clase trabajadora y los estudiantes ejerzan su derecho a la protesta social. Los candidatos Uribe, López y Galán abogan por que el alcalde sea el líder del cuerpo policial. Todos los candidatos pronuncian “tibias” defensas hacia la protesta social, por ejemplo, Uribe dice que apoya las protestas, pero no las vías de hecho, es decir, quiere que la población proteste pero aislada, donde no se sienta la protesta. Por su parte, Hollman Morris no se baja de los discursos democráticos y dice que el ESMAD puede seguir existiendo, pero que no entrará a las universidades a reprimir sino a estudiar. En ese sentido, aunque los candidatos prometen garantizar la protesta social, no es nada desacertado afirmar que cualquiera de los candidatos que fuese electo para la alcaldía de Bogotá continuará usando al ESMAD como brazo armado para la represión, ya que todos presuponen la existencia fáctica del ESMAD dentro del cuerpo policial. Este asunto es de la mayor gravedad pues indica, más allá del resto de propuestas por parte de los candidatos que pudieran considerarse ahora mismo, que la administración de la capital, en manos de quien quede, será consecuente con los planes del gobierno nacional y con las medidas que este considere necesarias para llevarlos a cabo; entre dichos fines, la privatización progresiva de la educación y entre tales medidas, la represión y violencia brutales por parte del ESMAD.

La lucha por el desmonte del ESMAD se debe seguir fortaleciendo. Si no hay otra forma de defender la educación que mediante la protesta, como la realidad misma lo ha confirmado, el desmonte del ESMAD es una necesidad categórica y de primer orden. No podemos permitir que avancen en la represión y la desmoralización de quienes luchan por sus derechos. No hay otra herramienta más efectiva que la organización popular y la lucha; lucha por abolir toda forma de violencia. Por eso, debemos seguir haciendo un llamado a los jóvenes estudiantes, los trabajadores, las organizaciones sociales y gremios a que impulsen el voto en blanco como forma de rechazo a estas candidaturas arrodilladas ante el régimen de derecha que nos gobierna. También debemos llamar a organizar la lucha constante e ininterrumpida que ampare la consigna del desmonte inmediato del ESMAD.