Contra el gobierno corrupto y represivo de Santos

 ¡Concretemos el Paro Nacional Estatal!

¡Exijamos garantías políticas para todos!

Bogotá, abril 15 de 2017

Colombia se encuentra en medio de la incertidumbre. El gobierno de Santos, cuestionado por los escándalos de corrupción se aferra al salvavidas de los acuerdos de paz con las FARC, que pretende coronar con el desarme del ELN. La ultrarreaccionaria oposición uribista trata de capitalizar su desprestigio llamando a la movilización de protesta, pero su objetivo principal es disputar la presidencia de la república en 2018. Así, toda la situación política nacional es empujada hacia una campaña electoral prematura con la que la burguesía y el imperialismo pretenden canalizar la inconformidad popular hacia las urnas, pues las condiciones de vida de los trabajadores y los pobres son cada día más insoportables.

Hay más de una razón para la lucha unitaria. Centenares de pliegos de peticiones en diversas entidades del Estado, los pliegos sectoriales y el pliego nacional están siendo burlados por los negociadores del gobierno. Saben que la actual reglamentación impide cualquier acuerdo significativo, el primero de ellos la formalización laboral violentada con la tercerización. El magisterio sigue luchando contra la flexibilización laboral camuflada en la imposición de la jornada única, por condiciones laborales dignas y un servicio de salud de calidad. Los trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá y Ecopetrol rechazan los planes de privatización. Además de los empleados estatales, miles de trabajadores luchan en las empresas privadas por la estabilidad laboral o salarios dignos.

El incremento de tarifas de Transmilenio, y la pésima calidad del servicio, ha provocado en Bogotá el bloqueo espontáneo del sistema a manos de miles de usuarios, al tiempo que en las principales universidades se promueven acciones de protesta, pues son los estudiantes y sus familias los primeros afectados por esta medida arbitraria del alcalde Peñalosa.

Los sectores populares enfrentan el costo excesivo de los servicios públicos o la falta de los mismos. Los campesinos pobres, las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen cercados por la miseria, el abandono estatal y la violencia, mientras avanzan por sus territorios las grandes obras de infraestructura al servicio del gran capital transnacional. Por la depredación que eso genera, la población de Cajamarca rechazó de manera aplastante la actividad de la empresa minera Anglo Gold Ashanti. Por otro lado, la tragedia de Mocoa puso de presente la ausencia de obras públicas que protejan a la población de catástrofes provocadas por esa explotación irracional de los recursos naturales.

La lucha de las madres comunitarias, a su vez, expresa todas la contradicciones sociales que fracturan a nuestra sociedad: el abandono de la niñez, la brutal opresión y explotación de la mujer, la negación de un trabajo estable con salarios dignos y la ausencia de garantías para la vejez. Por eso se han visto forzadas a cesar actividades luchando para que no se revierta una sentencia de la Corte Constitucional que les reconoce el derecho a ser consideradas trabajadoras al servicio del Estado.

Sólo este conflicto, por la justicia de sus reclamos, y la amplitud de la población afectada, ameritaría la convocatoria de un paro nacional y un plan de acción para concretarlo. Pero el Comando Nacional Unitario (CNU) se limita a declaraciones de inconformidad, y a hablar de un paro que no se está preparando por la base. A las reuniones de la dirigencia sindical estatal, en las que se podría preparar la lucha, no asiste ni la tercera parte de los que participan en las infructuosas reuniones de concertación con el gobierno, mientras éste no duda en reprimir violentamente cualquier manifestación de protesta.

El sector estatal tiene la necesidad y la posibilidad de impulsar un Paro Nacional, poniéndose a la cabeza de los demás movimientos sociales. El CNU ha anunciado una jornada nacional de protesta para el 26 de abril. Ya conocemos la experiencia de “jornadas con figura de paro” y lo que necesitamos es un verdadero paro nacional. Sólo una intensa preparación en asambleas de base podría permitir que esa fecha se convierta en el inicio de un paro estatal indefinido que emule las huelgas generales que se están adelantando en otros países de la región como Argentina o Brasil. Una acción de esta envergadura es la única que puede obligar al gobierno a retroceder en sus planes, pero es necesario que las direcciones políticas de las organizaciones sociales dejen de apoyar el plan de paz de Santos, que no es más que la otra cara de la moneda de sus medidas antiobreras y antipopulares.

Sólo al calor de la lucha puede cobrar sentido la discusión en torno a las transformaciones estructurales que requiere nuestra sociedad, exigiendo en primer lugar plenas garantías políticas para que todos los sectores sociales puedan participar en las elecciones que se avecinan difundiendo sus programas e inscribiendo sus candidatos. Los socialistas hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas democráticas y de izquierda a unificarnos en torno a este objetivo.