La «desobediencia civil» de Cepeda: Una oposición formal al gobierno de De la Espriella

Por Ezra Bridger

Tras las elecciones, Iván Cepeda y el Pacto Histórico anunciaron que emprenderán una “desobediencia civil pacífica” contra el nuevo gobierno. Esto suena combativo, pero realmente es una estrategia diseñada para contener a las masas dentro de los marcos institucionales y la acción individual, mientras se mantiene abierta la puerta a un “Acuerdo Nacional” con los mismos sectores burgueses que llevaron a Abelardo al poder.

Qué es realmente la «desobediencia civil»

La desobediencia civil es la negativa a acatar una ley o disposición del gobierno que se considera injusta –asumiendo las consecuencias legales de esa negativa–, como forma de denuncia y para presionar por su corrección, sin buscar destruir el orden institucional, sino corregirlo desde dentro. En ese sentido, no equivale a la protesta, la huelga general o el paro, los cuales buscan paralizar la producción y la circulación de mercancías para imponer una reivindicación justa y cuestionar el orden institucional –abriendo la posibilidad de cambiarlo, como por ejemplo a través de la caída de un ministro o el propio gobierno–, sin recibir ninguna retaliación legal.

La desobediencia civil en la práctica es un privilegio, ya que no todas las personas están objetivamente en la capacidad de asumir sus consecuencias legales y materiales, y la propia institucionalidad no garantiza que las condiciones para asumirlas sean justas. Por ejemplo: Abelardo ya anunció el decreto de la legalización del trabajo por horas, el cual afecta muy negativamente a los trabajadores.

Al momento de entrar en vigencia, si un trabajador decide entrar en “desobediencia civil” y no trabajar, la consecuencia inmediata será el despido y exponerse a consecuencias legales por abandono del trabajo y desacato. Para cualquier trabajador, perder su trabajo es un duro golpe material, además, quedará aislado, lo que dificulta su defensa jurídica. Caso contrario sería si, ante el decreto, los trabajadores actúan colectivamente: se reúnen, se organizan sindicalmente y se declaran en huelga hasta mínimamente la caída del decreto; la empresa no los puede despedir a todos, se puede garantizar su subsistencia material, y eventualmente, su defensa política y jurídica será más efectiva.

Por otro lado, la desobediencia civil, como método, presupone caracterizar que el problema es la ilegitimidad jurídica de un gobernante, no su carácter de clase, es decir, los intereses económicos que representa. Cepeda condiciona el fin de su “desobediencia” a que De la Espriella acepte “abrir espacios de diálogo” y abandone ciertas medidas. Es decir, no se trata de derrotar al gobierno, sino de negociar sus términos. El horizonte no es la movilización independiente de los trabajadores, sino la presión moral sobre un gobierno que nació para golpear a la clase obrera, entregarse al imperialismo de Trump y profundizar el modelo extractivista.

Un caso contrario a lo anteriormente expuesto es lo que ocurrió recientemente en Bolivia. Allí, la clase obrera, el campesinado y las comunidades indígenas paralizaron el país con paros, bloqueos y cabildos autoconvocados contra el ajuste de Rodrigo Paz. La lección boliviana es clara: la fuerza real y efectiva de los oprimidos no está en las declaraciones de un líder político, sino en su propia organización de base, en los paros, en la autoorganización.

Colombia ya vivió su propio ensayo de esto en 2021. El Paro Nacional fue semanas de bloqueos y de asambleas populares que pusieron en jaque al gobierno y tumbaron la reforma tributaria. Esa fue una verdadera oposición popular, nacida de la movilización de la juventud, de los trabajadores y de los sectores populares. El propio Petro, llegó al gobierno aprovechando esta ola de protestas y terminó administrando el Estado burgués sin tocar sus pilares, y hoy Cepeda repite el mismo esquema: sustituir la movilización por gestión institucional.

El «Acuerdo Nacional»: conciliación de clases disfrazada de alternativa

Al mismo tiempo que anuncia su «Desobediencia Civil», Cepeda y el Pacto Histórico insisten en la disposición a construir un “gran Acuerdo Nacional” con el nuevo gobierno. Esta propuesta no es más que una repetición del método conciliador que ya caracterizó al gobierno de Petro: buscar consensos con los mismos gremios empresariales, terratenientes y financieros que son los representantes burgueses del gobierno entrante.

No existe ningún “Acuerdo Nacional” justo entre los trabajadores y el pueblo pobre por un lado, y la burguesía y sus representantes por el otro. Los intereses de ambas clases son antagónicos: lo que unos necesitan para sostener su ganancia –salarios bajos, delincuencia, negocios extractivos, represión– es exactamente lo que hay que arrebatarles para satisfacer las necesidades de los otros. Un “Acuerdo Nacional” bajo el capitalismo solo puede significar una cosa: que los trabajadores cedan sus reivindicaciones en nombre de una supuesta unidad con sus explotadores.

Frente a esta política de conciliación, es necesario que la tarea urgente no sea sentarse a negociar con el gobierno de De la Espriella, sino construir la más amplia unidad de acción de la clase obrera, el campesinado, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la juventud y los sectores populares para enfrentarlo en las calles. Esa unidad de acción se debe concretar cuanto antes en un gran Encuentro Nacional de Lucha, y debe ser independiente tanto del gobierno entrante como del Pacto Histórico, y debe plantearse un programa de lucha real: contra el fracking y el extractivismo, contra la injerencia imperialista de Trump, por el rechazo a las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, por la reforma agraria radical bajo control campesino, por salario equivalente a la canasta familiar y empleo para todos, por un sistema de salud pública y universal sin EPS, por la defensa de los derechos de todos los sectores oprimidos (mujeres, LGBTI, indígenas, afro, etc.) y por el derecho a organizarse y a la no criminalización de la protesta social.