La propuesta de Iván Cepeda para la educación en Colombia

Por Sergio Velásquez, dirigente sindical SER Zona 1, Pereira

El programa de gobierno de Iván Cepeda y sus tres revoluciones —ética, política y social— no contempla un capítulo especialmente dedicado a la educación como eje programático; sin embargo, sí se mencionan varias propuestas y apuestas, incluyendo una reforma educativa de la cual no se ha expresado su contenido.

Cepeda, ha declarado que uno de los pilares centrales de su programa es “que Colombia tenga una educación pública lo más fuerte, lo más incluyente, de la mayor calidad posible, que brinde a nuestra sociedad la posibilidad del conocimiento, de la investigación científica, del pensamiento crítico”. Parte de reconocer los avances del gobierno Petro en educación: el incremento progresivo del presupuesto nacional destinado a este campo, y la aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, y que modificó la financiación de las instituciones de educación superior públicas pasando del ajuste presupuestal acorde al IPC a un ajuste de acuerdo al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), con el fin de que lleguen más recursos a dichas instituciones. No obstante, el propio Cepeda añade: “no todo lo que quisiéramos, hay que decirlo”. Y en efecto: si bien aumentó la inversión destinada a la gratuidad en la educación superior, el presupuesto general para la educación se ha orientado sobre todo hacia gastos de funcionamiento y no hacia inversión. Estamos aún lejos de que se logren los cambios y transformaciones que la educación en Colombia requiere en materia presupuestal.

En su programa también se esbozan orientaciones para que la educación sea una herramienta de transformación al servicio de lo que él ha llamado la “revolución ética” y “cultural”: básicamente, educar a las nuevas generaciones en ejes como la historia del conflicto armado, la memoria histórica, el genocidio de la Unión Patriótica, la cultura de la integridad y la relación ética con los animales; socializar el Informe de la Comisión de la Verdad; desarrollar programas para las víctimas del conflicto armado; y promover una educación que contribuya a superar la degradación moral heredada del colonialismo, el clasismo y la violencia.

Uno de los problemas estructurales de la educación en Colombia es la brecha que existe en las condiciones de acceso, permanencia y calidad entre el centro y la periferia, entre el campo y la ciudad. Cepeda le ha prestado especial atención a esta problemática y ha prometido, en distintos territorios del país, tanto el fortalecimiento de universidades existentes —como la Universidad del Catatumbo— como la creación de nuevas instituciones.

Brilla por su ausencia en su programa una propuesta concreta sobre la dignificación laboral de los docentes de colegios y universidades. No se puede hablar de transformar la educación ni de mejorar su calidad sin tener en cuenta las condiciones de existencia de los educadores: ¿quién educa al educador?

¿Qué proponemos?

Si bien hay que partir de defender la educación pública como derecho y la gratuidad alcanzada por la lucha estudiantil y magisterial —conquistas de la movilización popular que redundan en bienestar para las clases explotadas y oprimidas por el sistema capitalista—, es necesario exigir aún más presupuesto dirigido a reducir la histórica desfinanciación de la educación pública; a financiar la investigación científica y tecnológica; a recuperar la infraestructura y los espacios deteriorados y subutilizados; a superar la falta de insumos y herramientas; y a garantizar un mayor bienestar estudiantil con restaurantes gratuitos, guarderías para los hijos e hijas de las estudiantes que son madres, lavanderías y residencias en buenas condiciones. Si bien es necesario llevar la educación a las periferias con un enfoque territorial, los jóvenes de la periferia también merecen poder estudiar en las grandes ciudades en buenas condiciones materiales, si así lo prefieren.

Es necesario movilizarse por la condonación de todas las deudas del ICETEX y por el fortalecimiento de la oferta de educación superior pública, de tal manera que los estudiantes no necesiten endeudarse con el mismo Estado para formarse y cualificarse.

A mayor presupuesto, mayor posibilidad de fortalecer la autonomía universitaria y de los colegios para superar la lógica neoliberal de una educación cada vez más mercantilizada, orientada a graduar mano de obra —poco o muy cualificada— para ser explotada por la burguesía, caer presa del desempleo o ser cooptada por el Estado. La autonomía, junto con garantías para la democratización de la educación —para que las comunidades educativas tengan poder de elección y veto sobre las autoridades académicas como rectores y directores de departamentos—, puede abrir paso a la movilización de las bases estudiantiles, profesorales y comunitarias hacia una verdadera reforma curricular.

Se requiere, asimismo, garantizar el libre acceso a la educación superior y condiciones reales de permanencia, como la asignación de un salario mínimo mensual para cada hijo e hija del pueblo pobre y trabajador que quiera cursar una carrera técnica o profesional.

En cuanto a las condiciones laborales de los docentes, se requiere intervenir decididamente para resolver de raíz la inestabilidad laboral y el desempleo que golpea a amplios sectores del gremio, tanto en la educación preescolar, básica y media como en la educación superior. Ante la caída de la tasa de natalidad y el descenso de las matrículas estudiantiles, proponemos aprobar el cambio de la relación técnica docente-estudiante en los colegios para conformar grupos más pequeños, lo que permitirá ampliar la disponibilidad de vacantes docentes. Se debe garantizar la estabilidad laboral mediante el nombramiento en propiedad de todos los docentes provisionales y el acceso al magisterio únicamente con título e idoneidad pedagógica acreditados. En las universidades y demás instituciones de educación superior públicas, se debe garantizar el nombramiento en planta de todos los docentes catedráticos.

Para obtener los recursos necesarios para desarrollar estas transformaciones sociales en educación, salud, servicios públicos, transporte y cultura —tanto en los campos como en las ciudades—, se requiere dejar de pagar la deuda externa. A esto sumamos la propuesta de expropiación sin indemnización de los bienes de los corruptos que se han enriquecido a costa del Estado.