Acuerdo 5 – Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: pacto de impunidad

Reconocemos que el conflicto armado que se convirtió en una guerra de aparatos, tuvo sus orígenes en el conflicto social y la lucha por la tierra. Por ello, estamos en contra de que los insurgentes comparezcan ante el sistema judicial y a favor de la amnistía. Para el caso de los crímenes que cometieron contra la población y el movimiento social, es a este al que deben dar cuentas sobre su accionar.

Autor: Partido Socialista de los Trabajadores

Sin embargo, la tradición de los grupos armados que se desmovilizan es que se acojan a leyes de indulto y amnistía, para su reincorporación al régimen. Los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno no difieren de esta tradición, lo grave es que extienden estas normas de justicia transicional a todos: a paramilitares, militares, agentes estatales y financiadores del paramilitarismo.

El Acuerdo sobre Víctimas permitirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el Acuerdo se convierte en un pacto de impunidad. Este Acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz y Derechos Humanos.

Jurisdicción Especial para la Paz

Este espacio de justicia transicional hace parte del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tendría una Comisión cuya función será el esclarecimiento de la verdad con el fin de “promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”. El Sistema tendrá además una Unidad Especial para Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Recientemente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer un informe en el que se identifican más de 57 empresas ganaderas, mineras, petroleras, bananeras y palmicultoras, que financiaron grupos paramilitares. En mayo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín, en sentencia contra el paramilitar Salvatore Mancuso, ordenó a la Fiscalía investigar al sector ganadero y en la actualidad hay más de 12 mil empresarios que tienen procesos abiertos por financiar el paramilitarismo.

Postobón, Chiquita Brands, Ecopetrol, Drummond, Coca Cola, Argos, Indupalma, Leonisa son algunos de los nombres que hacen parte de la lista de empresas que financiaron el terror sobre la población y agredieron a la clase trabajadora y el movimiento social a los largo de más de tres decenios, dejando como saldo 4.744.746 personas desplazadas, 25.007 desaparecidas y 218.094 asesinadas entre 1958 a 2012, el 81% de ellas civiles, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Derechos humanos y reparación integral

El otro aspecto del Acuerdo es el tema de derechos humanos y la reparación integral a las víctimas, que no va más allá de la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta norma creó dos entidades que debían encargarse de estos temas con un balance negativo hasta el momento, pues fueron creadas para hacer esta tarea en diez años y al cumplir la mitad del mandato de la Ley, no ha llegado aún a la décima parte de los objetivos que se propuso.

Para que tengamos una idea del despojo de tierras, el Ministerio de Agricultura reconoce que para 2010 eran 8,3 millones de hectáreas abandonadas forzosamente, faltando por revisar el 80% de los registros de víctimas. Hasta el momento, solo han sido restituidas 100 mil hectáreas por acción de la Unidad de Tierras y de las sentencias de los jueces.

En cuanto a la Unidad de Víctimas, hasta el momento se han indemnizado aproximadamente 560 mil personas de un registro que asciende a 9 millones, con sumas que en promedio son de 11 millones de pesos, que por vía judicial estaría en un promedio de 120 millones de pesos.

 No a la impunidad del paramilitarismo

Por todo lo anterior, votar positivamente por estos acuerdos es votar por este pacto de impunidad. Los revolucionarios estamos de acuerdo en el derecho de los insurgentes de tener procesos de indulto y amnistía, pero estamos en contra de que se extienda a militares, paramilitares y empresarios que sembraron el terror en los campos y ciudades.

La impunidad al paramilitarismo es la impunidad de la burguesía y los terratenientes que lo utilizaron como principal estrategia de contención de la lucha social, que desplazaron y asesinaron a trabajadores, campesinos, docentes, estudiantes, comunidades negras e indígenas, organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos y líderes sociales, por más de medio siglo.

Un programa contra el genocidio

Reapertura de todos los casos de masacres y asesinatos individuales de dirigentes y activistas sindicales, campesinos, estudiantiles y populares. Conformación de un tribunal que represente a todos los sectores de las víctimas de la violencia estatal y paramilitar para que juzgue y sentencie a los responsables. Que las victimas acusen, prueben, juzguen y condenen. Por el derecho de los trabajadores, los campesinos y los pobres a organizar y centralizar mecanismos de autodefensa para combatir a las bandas de asesinos que no cesan en su accionar. Abajo el monopolio de las armas por parte de los asesinos estatales y paraestatales. Derecho a conocer la totalidad de la verdad por parte de las víctimas de la violencia militar y paramilitar y reparación integral por los daños sufridos.