Ante la crisis fiscal, ¡NO al pago de la deuda externa!

El déficit fiscal en Colombia ha alcanzado niveles preocupantes en 2024, siendo el más alto en los últimos 20 años. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal del primer semestre de 2024 llegó al 3.3% del PIB, lo que equivale aproximadamente a 55.7 billones de pesos. Este desajuste se debe a que los gastos de los gobiernos han superado significativamente a los ingresos, llegando en junio al límite del presupuesto para todo el año.

Causas del déficit fiscal

Si bien la pandemia de Covid-19 dejó secuelas económicas que aún afectan, incluyendo una disminución en la actividad económica y, por ende, en los ingresos fiscales, e implicó un mayor gasto para atender la emergencia sanitaria, no es esta la razón fundamental por la cual se llega a la actual crisis. El problema realmente es crónico: los gobiernos anteriores han despilfarrado el presupuesto público, invirtiéndolo principalmente en beneficio del sector privado por medio de la aplicación de medidas neoliberales –como el subsidio de la nómina para las grandes empresas durante la cuarentena por Covid-19–, además de unos 50 billones de pesos que se esfuman cada año por corrupción. Esto hace que sean los principales responsables, sin embargo, el actual gobierno Petro tiene la responsabilidad de revertir la situación.

El déficit fiscal no es un problema menor, pues afecta directamente a la mayoría del pueblo trabajador. En primer lugar, porque la tendencia de los gobiernos ante la crisis es reducir la inversión social y el gasto público en sectores fundamentales como el de la salud, la educación, la infraestructura, el transporte y los servicios públicos; así como de aumentar el recaudo de impuestos. Por otro lado, un déficit fiscal elevado puede llevar a una mayor inflación si el gobierno decide financiarlo imprimiendo más dinero, lo que en la práctica devalúa la moneda al haber más dinero en circulación, por lo que se reduce el poder adquisitivo de la población, e implica de forma indirecta una disminución generalizada en los salarios de los trabajadores.

Igualmente, para financiar el déficit, los gobiernos tienden a aumentar su endeudamiento, lo que a largo plazo podría llevar a mayores pagos de intereses y menos recursos disponibles para otros gastos, o sea continuar con el círculo vicioso de la deuda, la cual en lo inmediato aumenta el presupuesto, pero al largo plazo lo termina afectando negativamente, es como intentar curar al paciente formulándole la enfermedad.

El lastre de la deuda

Se entiende por deuda pública al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a organismos o instituciones tanto dentro como fuera del país. Se divide en dos: deuda interna y deuda externa. En el último periodo todo ha empeorado; la deuda dio un salto cuando los gobiernos uribistas y sus predecesores pidieron dinero prestado a organismos financieros internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otras instituciones, principalmente del imperialismo norteamericano. Esos gobiernos engañaron al pueblo trabajador asegurando que los préstamos eran necesarios para “impulsar el desarrollo del país”, y que con esto mejoraría su calidad de vida. Sin embargo, lo que no dijeron es que por esos préstamos el país iba a quedar endeudado, ni que seríamos los trabajadores los que al final pagaríamos esa deuda.

A junio de 2024, la deuda externa de Colombia alcanzó 196.360 millones de dólares, lo que representa el 53,7% del PIB. Esta cifra evidentemente es impagable, no solo por su tamaño, sino porque aumentará constantemente, ya que es una deuda que en su mayoría fue acreditada en dólares, así que es cobrada en dólares, y debido a la tendencia a la devaluación del peso frente al dólar durante los últimos años cada vez los dólares son más caros, por lo tanto, todo producto tasado en esta moneda es más costos, incluida la deuda externa. Además, las condiciones que imponen las instituciones prestamistas son altamente usureras: se aprovechan de la necesidad para cobrar intereses altísimos que están sujetos a modificarse hacia arriba; en la práctica, toda la deuda externa ya se pagó, pero por el mecanismo usurero la siguen cobrando.

De esta forma, la deuda externa se configura como un mecanismo de sometimiento al imperialismo, de control a los gobiernos, lo cual impide que el desarrollo económico pueda ayudar a solventar las necesidades sociales de la mayoría de la población, dejando al país preso de la voracidad del capital financiero internacional. Por lo tanto, es importante aprovechar esta coyuntura para iniciar una lucha de rechazo a la deuda, que le exija al gobierno el no pago de esta y aprovechar el dinero para llevar a cabo verdaderas reformas sociales radicales; esta no es solo una medida razonable, sino urgente y totalmente necesaria para favorecer al pueblo trabajador. En otros países, los gobiernos han sido obligados, mediante la movilización, a no pagar o suspender la deuda externa. Esto sucedió, en Argentina, con el argentinazo de 2001, que obligó a suspender los pagos, lo que permitió, por ejemplo, que se otorgaran más de 2 millones de planes sociales. En Ecuador, en 2006, también, producto de la movilización, se suspendió el pago.

Desafortunadamente, el gobierno de Petro está a favor de mantener el pago de la deuda. Es más, le preocupa que el déficit fiscal llegue al punto que no se pueda pagar –no por decisión política, sino por falta de recursos–, por lo que ha hecho un llamado al Congreso[1] para que apruebe su propuesta de aumentar el límite del cupo de endeudamiento en 17.600 millones de dólares, para que de esta forma el país pueda cumplir con sus “obligaciones” financieras, lo cual quiere decir que el gobierno pretende pagarla con más deuda, es decir, seguir endeudados, intentar tapar el sol con un dedo, y a largo plazo profundizar el hueco fiscal. Si bien Petro matiza su visión sobre el pago de la deuda, proponiendo que parte de esta se pague con acciones políticas y económicas para detener el cambio climático, en la práctica esto implica darle legitimidad de la deuda, o sea que en todo caso se va a seguir pagando, y, por lo tanto, seguir desperdiciando los recursos para alimentar el apetito del sector financiero internacional, el cual en nada se ve afectado, ya que los bonos de acción climática no son un castigo, sino un incentivo para seguir invirtiendo en las semicolonias, es decir, saqueando nuestros recursos naturales. Además, una lucha radical y consecuente contra el cambio climático no debe depender de la agenda económica del sector financiero.

La nueva Ley de Financiamiento

Ante la actual crisis fiscal, la política que la burguesía colombiana impulsa consiste fundamentalmente en austeridad en el gasto, plan agresivo de reactivación y estrategia para cumplir cifras de recaudo[2], lo que en otras palabras significa recortes sociales, inversión en el sector privado y aumento de impuestos. En ese sentido, la encrucijada a la que se enfrenta el gobierno es si responde a las necesidades del pueblo trabajador, lo que implica mayor inversión social, o cede a las pretensiones de la burguesía que espera lo contrario. Desafortunadamente, la balanza no parece inclinarse del lado del pueblo trabajador y las masas populares, ya que Petro prepara una nueva Ley de Financiamiento, que en esencia responde a los lineamientos de la burguesía.

Con la nueva Ley de Financiamiento –reforma tributaria– el gobierno pretende recaudar 12 billones de pesos, en primer lugar, a través de estímulos para la reactivación económica. A simple vista suena como algo positivo, sin embargo, esta medida consiste en dar beneficios económicos y tributarios a las empresas, lo cual supone, pero no implica determinadamente, que los trabajadores vayan a mejorar sus condiciones laborales y salariales, por el contrario, tiende a mantener un equilibrio entre las ganancias de las empresas y sus gastos tributarios. El plan es reducir gradualmente la tasa de renta corporativa del 35% al 30% para las grandes empresas[3], lo que significa que habría una reducción del 5% en el total de impuestos y contribuciones obligatorias que en promedio una empresa debe pagar. Esto se contradice con la propaganda del gobierno de que la reforma “afecta a las grandes fortunas”, a menos que se refiera a que las afecta positivamente, porque lo que se propone es una disminución en el pago de sus impuestos.

En segundo lugar, la reforma tributaria pretende buscar fuentes de ingresos adicionales para financiar el presupuesto, o sea, sacar dinero de todos los lugares que sea posible. El ejemplo más controvertible es el aumento al triple de la tasa de impuesto a los hidrocarburos[4], lo cual afectaría de conjunto al precio de los combustibles, incluido el ACPM, lo que implicaría un aumento adicional de $500 al precio por galón sumado al aumento gradual de $800 acordado con los camioneros para levantar el paro. El argumento del gobierno es que se debe gravar estos productos como parte de una política ambiental para desincentivar el uso de combustibles fósiles, sin embargo, mientras no exista un plan masivo y real en marcha de transición energética, continuarán siendo los hidrocarburos la principal fuente de energía combustible, por lo tanto, el pago del impuesto termina recayendo sobre los consumidores. Como si fuera poco, también se modificaría la obligación que tiene el gobierno de que el dinero recaudado por impuestos ambientales se gaste 100% en política ambiental, pasando únicamente al 33%, el resto se destinaría al fondo fiscal[5], del cual –como ya se explicó– gran parte se despilfarra en el pago de la deuda externa; nuevamente Petro se contradice entre su discurso y sus acciones.

Si bien el gobierno ha sido enfático en que la reforma tributaria no va a afectar la canasta básica porque no va a aumentar el IVA ni va a aplicarle este impuesto a productos que no lo tienen, sí habría un aumento del precio de la canasta básica causado por el aumento del precio del transporte de mercancías como consecuencia del aumento en el precio de los combustibles. En conclusión, a través de la nueva Ley de Financiamiento, se pretende llenar el hueco fiscal por medio del recaudamiento, fundamentalmente, con el ajuste a los impuestos de los productos de consumo en general.

Que la crisis la paguen los ricos

Como el mismo Petro lo ha dicho, el pasado gobierno de Duque ha sido uno de los mayores culpables de la actual crisis fiscal del país, pues fue él quien con la excusa de la emergencia sanitaria por Covid-19, derrochó más de lo “normal” el dinero público, y además dejó al país endeudado para cubrir los gastos. Sin embargo, la responsabilidad no es individual del expresidente: la burguesía colombiana de conjunto se ha caracterizado por ser durante décadas no solamente corrupta, sino profundamente mezquina, pues a sus representantes en el gobierno no les ha bastado con robarse el dinero público, sino que además se han resistido férreamente a hacer inversión social para beneficio del pueblo trabajador y las masas populares, y por lo menos construir un fondo fiscal estable que pueda financiar un mínimo de bienestar para la mayoría de la población.

En esta crisis los trabajadores no somos responsables, somos víctimas de la codicia capitalista. Es por eso por lo que no debemos ser nosotros quienes nos metamos la mano al bolsillo para recuperar el fondo fiscal, por el contrario, deben ser los banqueros y los grandes empresarios, quienes deben asumir las consecuencias. Exigirle al gobierno que detenga el pago de la deuda externa y que aplique un plan radical centrado en la inversión social financiado por impuestos reales y efectivos al gran capital, es el legítimo exigir del pueblo trabajador de ¡que la crisis la peguen los ricos!

Karis Nemik

[1] Colombia podría estar a punto de dejar de pagar su deuda externa: el Gobierno Petro le echó la culpa al Congreso, en: https://acortar.link/Q4VmTC

[2] Colombia enfrenta su peor déficit fiscal en 20 años: ¿Qué medidas se proponen?, en: https://acortar.link/nV0xYp

[3] La nueva propuesta del Gobierno Petro le otorgaría beneficios a las grandes, medianas y microempresas. Según comentó el ministro Bonilla, el nuevo proyecto pretende reducir en un cinco por ciento el impuesto a la renta de las compañías, pasando del 35 al 30% en un plazo de cinco años. Gobierno Petro ya radicó la nueva reforma tributaria: estas son las claves del proyecto que el ministro de Hacienda presentó ante el Congreso, en: https://acortar.link/OKYSdL

[4] Artículo 21, Exposición de motivos. Por medio de la cual se expiden normas de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2024. En: https://acortar.link/lZxlxu

[5] Artículo 22, Exposición de motivos. Por medio de la cual se expiden normas de financiamiento para el Presupuesto General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2024. En: https://acortar.link/lZxlxu