La inviabilidad de la Paz Total y la ruptura de diálogos con el ELN

Antonio Romero

El pasado 17 de septiembre, el presidente Gustavo Petro anunció la ruptura de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) , tras el atentado que dejó dos militares muertos y 27 heridos en la base militar de Puerto Jordán (Arauca). De esta manera, se cierra la principal mesa de diálogos de este gobierno, en el marco de su política de Paz Total.

Los diálogos con el ELN se mantenían congelados desde el mes de mayo, lo que impidió que se extendiera en cese al fuego que habían pactado el gobierno y este grupo insurgente, que desde entonces ha llevado a cabo más de diez atentados. De igual manera, el ELN ha manifestado su desacuerdo con apertura de una mesa de diálogos con una de sus disidencias, los Comuneros del Sur en el departamento de Nariño.

La ruptura de estas negociaciones – estancadas desde hace varios meses – no solo significan un nuevo fracaso en su intención de desmovilizar este grupo insurgente que ya cumple 60 años alzado en armas, sino que pone en vilo la política de Paz Total, una de las apuestas estratégicas de Gustavo Petro.

La imposibilidad de la Paz Total

En noviembre de 2022, el presidente sancionó la modificación de la Ley 418 de la Paz Total, que define la política de Estado para “la solución definitiva del conflicto armado en Colombia”. Pero más allá de los vericuetos jurídicos, la Paz Total se define como la desmovilización de grupos armados insurgentes y la desarticulación de bandas paramilitares y de narcotráfico a través de un sometimiento a la justicia.

Esta propuesta se enfrenta a una cruda realidad que permite el control de enclaves territoriales por parte de los grupos armados, y a las transformaciones mismas del tráfico de sustancias ilícitas en la que Colombia dejó de ser el principal centro de operaciones y los carteles están articulados o dependen de carteles asentados en otros países.

Sin embargo, Petro aspiraba a establecer ocho mesas de diálogo con miras a la negociación de paz o al sometimiento: el ELN, dos disidencias de las FARC (Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central), dos grupos paramilitares (Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) y las bandas urbanas de Buenaventura, Medellín y Quibdó.

De toda esta apuesta política, solo se mantenían las tres mesas abiertas con los grupos insurgentes y se había sumado una nueva, los Comuneros del Sur. Tras la ruptura con el ELN, se acaba la principal mesa de negociación de la Paz Total.

Los diálogos con el ELN

El equipo negociador se instaló en noviembre de 2022 en el cerro Ávila, en las afueras de Caracas, Venezuela, y las delegaciones han sostenido varios ciclos en México y Cuba, pero desde el mes de mayo se mantienen congelados debido a la apertura de una mesa paralela con una disidencia de los elenos: el Frente Comuneros del Sur.

Pablo Beltrán, quien es el jefe de la delegación de paz del ELN, sostuvo en una entrevista de prensa: “Llevamos ocho meses casi rogándoles que dejen de darle aliento a un grupo en el sur del país, en Nariño, y dejen de tratarlo como si fueran dos ELN: el que nosotros representamos y ese de allá”.

Los diálogos con el ELN contemplan ciclos de negociaciones en seis puntos: La participación de la sociedad en la construcción de la paz, Democracia para la paz, Transformaciones para la paz, Víctimas, Fin del conflicto armado y Plan general de ejecución de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el ELN. Y ya habían logrado un acuerdo frente al primer punto de participación política.

Acuerdos sin salida

Más allá de la ruptura de los diálogos del ELN por el atentado a la base militar, los límites de la Paz Total tienen que ver con los mismos límites del gobierno progresista de Gustavo Petro: las reformas que se ha propuesto se frenan en el Congreso o pasan como contrarreformas (como en el caso de la reforma educativa) o son aprobadas porque van en contra de la clase trabajadora (como la reforma pensional).

Tampoco ha sido viable el camino de la Constituyente, que está amarrado al mismo Congreso por la Constitución del 91 y que Petro usa como mecanismo de presión en su propuesta de hacer un Acuerdo Nacional con la burguesía y las mafias.

Por ello, el texto que se conoce del acuerdo con el ELN es una invitación a “toda la sociedad” a llegar a un “Gran Acuerdo Nacional… Por medio de un proceso de participación que vincule al conjunto de la sociedad colombiana, en especial a las y los históricamente excluidos en el mundo rural y urbano”, una fórmula ancha y ajena que en realidad no deja claridad de cómo sería ese proceso de participación para hacer las reformas acordadas. Uno de los negociadores, Iván Cepeda, ha manifestado que el marco de este acuerdo es la Constitución del 91, es decir, el Congreso de la República que no está dispuesto a aprobar ni siquiera las reformas de Petro.

Es por ello que para la clase trabajadora, las víctimas del conflicto armado, el campesinado sin tierra, las comunidades afro e indígenas y las masas en general, no tienen salida distinta a la movilización para echar abajo un régimen y sus podridas instituciones, porque la paz no se logra acordando con grupos insurgentes ni dando garantías jurídicas a los victimarios, dejando en la impunidad a la burguesía y a los terratenientes que han sido los causantes del conflicto armado, la paz se logra cuando la clase trabajadora y las masas urbanas y campesinas puedan gobernar, atacando las razones profundas de la guerra que están en la desigualdad, el despojo y la explotación capitalista.