Ante el legítimo paro camionero: ¡No más alzas en los combustibles! ¡Precios a costo de producción!

En medio de los intentos por alcanzar el esquivo “Acuerdo Nacional” y los bajos índices de popularidad, el gobierno Petro enfrenta un conflicto crítico: el Paro camionero y de transportadores contra el alza del ACPM, que ha llegado a la capital afectando el funcionamiento de casi todos los sectores.

El paro, se desencadena producto de la decisión del gobierno de aumentar el precio del ACPM, combustible fundamental para el transporte de carga, pasajeros y alimentos en el país. Así, con esta medida, el precio del ACPM por galón que estaba en $9.456 pesos aumentó a $11.360 por galón. El incremento de $1.904 sería el primero en el plan del gobierno del aumento escalonado del precio del ACPM de al menos $6.000 en el próximo año y medio, que al igual que la gasolina aumentan acercándose al precio internacional.

El Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia, rechaza el alza del precio del combustible y llama a la clase trabajadora a rechazarlo , esta medida impactará directamente el ya golpeado bolsillo, con el alza inevitable del costo del transporte y los alimentos.

Nos solidarizamos con los trabajadores del sector del transporte y pequeños propietarios que actualmente luchan contra esta medida reaccionaria del gobierno Petro, al tiempo que enfrentan a los grandes empresarios del transporte que buscan aprovechar el descontento para preservar sus ganancias.

¿Un alza justa?

El presidente Petro en defensa del alza trinó “El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”.

Lo cierto es que, a pesar de que Colombia es productora de petróleo y refina sus propios combustibles, el sistema de precios de la gasolina y el ACPM fueron amarrados por el gobierno de Uribe al precio internacional, lo que se conoce como indexación, compensando la fluctuación de precios con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC. Durante los 14 años de funcionamiento de este fondo, se ha beneficiado principalmente a los grandes empresarios privados, accionistas minoritarios de Ecopetrol, quienes pese a lo barato que es producir combustibles en Colombia, se benefician de cobrarlo a “Costo de Oportunidad” (Cobrarlo al precio internacional para no perder la oportunidad de ganar más).

Esto han pretendido mostrarlo como un “subsidio” al consumidor, cuando en realidad es un subsidio a los empresarios y multinacionales de los hidrocarburos. En 2022 explicamos que: Colombia produce petróleo y refina la gasolina, pero esta es distribuida por 19 empresas intermediarias privadas, de las cuales las mayores comercializadoras son Terpel (cuyo dueño es Copec grupo Industrial Chileno), Primax (multinacional con sede en Perú) y la conocida multinacional Texaco, entre otras como Esso y Mobil.¹ También se subsidia a los productores del etanol con que se diluye la gasolina.

Mientras al usuario se le cobra la gasolina y el ACPM por encima del costo de producción, se subsidia a los empresarios porque a ellos se les ha garantizado el pago del sobrecosto del precio internacional.

El propio Petro lo explicaba elocuentemente en un trino en 2019:

“En Colombia la fórmula del precio de la gasolina no usa el costo real de extracción interno del petróleo, sino su precio internacional, lo que hace que el pago del consumidor nacional esté muy por encima de los costos reales de producción, pagamos como si importáramos el petróleo” (13 de octubre de 2019).

El costo real de producción del galón de gasolina en Colombia, es cercano a los $3.100 pesos, muy lejos de los $16.000 que es su precio internacional.

El problema es que el Petro del 2022 y 2024 no se pone de acuerdo con el Petro de 2019. Aunque se queja de Duque por la deuda que deja y por no haber aumentado antes el precio de los combustibles, Petro y su gobierno no rompen con el uribismo, el neoliberalismo y los grandes empresarios que defienden la existencia del FEPC y la paridad con los precios internacionales de los combustibles.

Mientras se les seguirá pagando a las refinerías el precio internacional, el sobrecosto se traslada a quien tanquea, y en cuanto a los empresarios del transporte, es obvio trasladarán el alza de los combustibles los consumidores y a los campesinos, lo que reflejará en el costo de la canasta familiar. En síntesis, lo que ha hecho el gobierno con el aumento de la gasolina y ahora con el ACPM es trasladar el pago del sobrecosto de los combustibles a los trabajadores, en lugar de eliminarlo.

El problema de fondo, es el Fondo

Efectivamente, el subsidio a los empresarios de los combustibles ha desangrado el presupuesto nacional durante 14 años. Se calcula que acumulado a 2024, el déficit del FEPC se acerca a los 115 billones de pesos.

Si a esto se suma el aumento desmedido de la deuda externa durante los últimos años, hay un grave problema presupuestal en el gobierno para atender las apremiantes necesidades del pueblo trabajador.

Pero Petro responde con la falacia tan utilizada por los gobernantes de derecha ante las reivindicaciones de trabajadores y las luchas como las del Paro Nacional: mencionar todo lo que se puede hacer con la plata necesaria para responder a las reivindicaciones y exigencias.

Así Petro trinó que “Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel”.

Es una falacia porque no está planteada una “redirección” de los recursos del FEPC hacia programas de mitigación del hambre y presupuesto educativo, y tampoco hay una relación directa entre el pago a las refinerías con precios internacionales y los programas sociales.

Si es cierto que existe un inmenso déficit de dinero para cubrir las apremiantes necesidades sociales, y que gran parte del presupuesto se va en pagar la deuda externa.

Lo que no se dice es la verdadera solución para salir del círculo vicioso: dejar de subsidiar a los ricos y dejar de pagar la deuda externa ilegítima y onerosa.

¿Un paro patronal? ¿Viene el golpe?

Ante el paro de transportadores, tanto el gobierno como el grueso de dirigentes sindicales, figuras del Pacto Histórico y el reformismo en general, califican el paro como un paro o lockout patronal, comparándolo con el paro de transportadores en Chile en 1972, organizado por la gran burguesía y la CIA contra el gobierno reformista de Allende.

Esta calificación de paro patronal ha estado seguida de la descalificación y deslegitimación no sólo de los transportadores sino de los métodos de lucha como los cortes de ruta y bloqueos. Lo mismo hizo la derecha y el gobierno de Duque contra el Paro Nacional en 2019 y 2021.

La postura de las direcciones mayoritarias de las centrales, una vez más evidencian su pérdida de independencia política frente al gobierno, defienden vergonzosamente el alza de combustibles y deslegitiman la herramienta histórica de los trabajadores: la huelga y la lucha callejera.

Un paro patronal, o Lockout ha sido una estrategia que ha usado la gran burguesía para deshacerse de gobiernos molestos, como medida reaccionaria ante la profundización de la lucha de clases o incluso como forma de dirimir contradicciones entre fracciones burguesas.

Un ejemplo de lo que sí es lockout patronal es el acaparamiento de medicamentos, los saboteos de los operadores privados al nuevo modelo de salud de magisterio, y las crisis inducidas en la prestación del servicio para generar pánico frente a la reforma a la salud.

Es cierto que algunas agremiaciones patronales de transportadores han impulsado algunas medidas de paro, especialmente UNIDOS, mientras que otras asociaciones patronales como Colfecar rechazan el paro. La Asamblea Nacional del Transporte mientras, se declara en asamblea permanente y lidera algunos de los bloqueos, denuncia a UNIDOS por su carácter patronal.

También es cierto que sectores de la oposición de derecha han aprovechado el paro y la inconsecuencia del gobierno para continuar en su campaña de desgaste y desprestigio hacia las elecciones del 2026. Así lo hacen activistas, bodegas y figuras del Centro Democrático. Este oportunismo de derecha está favorecido a su vez, por el vacío de dirección que deja el apoyo traidor de las dirigencias sindicales a la antipopular medida; haciéndole la tarea cumplidamente al Fondo Monetario Internacional. No es la primera vez que gobiernos “progres” aplican medidas de ajuste neoliberal que los gobiernos anteriores no pudieron.

La posición de la gran burguesía ante el tema del precio de los combustibles es de defensa incondicional de la paridad con el precio internacional y resolver el déficit del Fondo de Estabilización con el aumento del precio al usuario final. Por eso los grandes representantes de la burguesía a través del Consejo Gremial Nacional, se distancian del paro camionero y privilegian la negociación del alza por arriba.

Mientras gobierno, burocracia sindical y la izquierda reformista gobiernista hacen frente para legitimar el alza de los combustibles y rechazar el paro, le dejan el camino libre a la derecha para aprovechar el descontento y fortalecerse ante la ausencia de alternativas críticas y clasistas de izquierda ante el actual panorama.

Sin embargo, hasta el momento no vemos en el panorama señales del temido golpe. Por el contrario, la gran burguesía ha preferido llegar a acuerdos con el gobierno Petro, como lo muestra el reciente acuerdo entre el gobierno y los grandes banqueros alrededor de una política de créditos para la reactivación económica; mientras que se preparan para las elecciones de 2026 cabalgando sobre el desgaste del Gobierno. No hay que descartar que ante el aumento de las contradicciones la aventura de un golpe deje de ser un anhelo marginal de la ultraderecha y se convierta en una amenaza real, ante la cual habrá que actuar para derrotarlo.

Estatización completa de Ecopetrol y de los hidrocarburos

Sin enfrentar directamente los efectos nefastos de la privatización neoliberal, no se podrá resolver ninguno de los problemas de fondo para responder a las urgentes necesidades y reivindicaciones de la clase trabajadora y los sectores populares que aún esperan que el famoso cambio llegue plenamente a sus vidas y no sólo a sus oídos.

Plata sí hay, pero se va en el pago de la deuda externa y el subsidio a las ganancias de los accionistas privados de Ecopetrol.

Petro ya ha hablado varias veces del obstáculo de la deuda externa para financiar las reformas, pero no basta con quejarse y denunciar, cuando a la hora de la verdad se sigue fielmente la regla fiscal, los mandatos imperialistas del FMI, la OCDE y el Banco Mundial, a quienes sólo les importa que les lleguen cumplidos los pagos de intereses por el endeudamiento ilegítimo.

No pagar la deuda externa es una medida urgente que debe ser exigida por las masas en las calles. Que los recursos que se van en pago de la deuda se reviertan en resolver los agudos problemas sociales que aumentan.

El pago de precios justos de los combustibles acorde con los costos de producción es posible y necesario, expropiando los capitales privados que como accionistas de Ecopetrol, aunque minoritarios imponen la lógica privada del manejo de la empresa estatal. La renacionalización sin indemnización de los grandes capitales que mantienen secuestrado a Ecopetrol es lo que permitirá precios justos de los combustibles, incluso generando ganancias que se pueden reinvertir en nuevas fuentes de energía que no profundicen el calentamiento global y la crisis ambiental, a sabiendas que la crisis mundial de los combustibles fósiles se agudiza. Igualmente, es necesaria una política para modernizar el transporte de carga en el país, para que no dependa del sistema obsoleto de camiones a gasolina y diésel por las carreteras.

Un verdadero gobierno de los trabajadores y el pueblo no dudaría en tomar estas medidas, pero eso implica romper definitivamente con la burguesía y el imperialismo, llamar a la movilización permanente para defender, expandir y profundizar estas medidas.

Estas medidas revolucionarias no sólo son necesarias, sino urgentes ante las contradicciones y limitaciones del gobierno Petro y la ambición de la derecha de recobrar el control directo sobre el aparato del Estado y sus negocios.

Comité Ejecutivo
Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia
3 de septiembre de 2024