Declaración de los Comités y Coordinadoras de Solidaridad (Cosoles): ¡Derrotemos a la ultraderecha con la movilización callejera!

La carestía de la vida, la informalidad laboral y el desempleo, la desprotección de niños y ancianos abandonados siguen presentes, mientras se incrementa y generaliza la violencia social y el asesinato de dirigentes sociales. Son muchas las razones para que luchemos los trabajadores y sectores populares en Colombia.

El tránsito de decenas de miles de migrantes por nuestro país incrementa la que presentan como “tensión social”. Muchos de ellos son carne de cañón instrumentalizados desde la delincuencia creciente puesta al servicio del paraestado y la captación de rentas ilegales. El ahora promocionado retorno a sus tierras de labranza para millones de campesinos, indígenas y población afrodescendiente, desplazados violentamente de sus territorios, es marginal; ahora condicionado y subordinado a la compra de tierras a los grandes latifundistas que, así, las legitiman para seguir lucrándose del erario público, al tiempo que asumen con otras formas el rearme de sus bandas paramilitares con la misión, ahora específica, de evitar la ocupación de tierras por las comunidades.

La Paz Total negando, de fondo, el derecho a la rebelión, se ha convertido en negociaciones parciales con diversos grupos, tanto insurgentes como delincuenciales dedicados al narcotráfico, mientras se recrudece la violencia en amplias zonas del país y se sigue asesinando a los líderes sociales. Menos publicitados, pero constantes, son los conflictos sindicales en diversas empresas, motivados por la reclamación de mejores condiciones laborales dignas, y al cumplimiento de los acuerdos convencionales cotidianamente desconocidos o violentados.

La Universidad Nacional, principal universidad del país, estuvo en paro combativo durante más de dos meses en lucha por un autogobierno democrático.

Todos esos motivos de inconformidad social le han permitido a la oposición burguesa lanzarse a las calles y tratar de poner al gobierno contra las cuerdas, agravando todos los factores de la crisis. Los grandes grupos empresariales y los corruptos politiqueros del Congreso bloquean cualquier mínima reforma de carácter progresivo, obligando a la minoritaria bancada de gobierno a pactar cada artículo, parágrafo e inciso, preservando lo fundamental de sus negocios y ganancias. Mientras tanto continúa rampante la más descarada corrupción en la contratación estatal, hasta la destinada a atender emergencias que afectan a decenas de miles de pobladores.

A casi dos años del nuevo gobierno, los efectos sociales de su gestión son muy limitados con su política de concertación, lanzados a una campaña electoral prematura para disputarse los negocios.

Ante el bloqueo de las reformas, el presidente Gustavo Petro anunció una Constituyente y se lanzó a recorrer plazas y zonas rurales radicalizando su discurso, llamando a las calles. Al mismo tiempo intervenía por decreto la EPS Sanitas y la Nueva EPS, para presionar la reforma del sector salud, empantanada en el Congreso. En medio del desbarajuste va quedando en entredicho el servicio de salud de los maestros y sus familias. La propia Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha tenido que declarar que, ante los múltiples conflictos laborales, como el paro de los empleados del Ministerio de Trabajo, estos deben solucionarse abriendo canales de negociación entre el gobierno y los trabajadores. Ahora está el paro del magisterio contra el proyecto de reforma a la educación. Por eso nos preguntamos: si se han podido tomar por decreto medidas, para evitar la quiebra de las EPS, o declarar la emergencia por los desastres ambientales, ¿por qué no se decreta estabilidad laboral para más de un millón de trabajadores del sector público que carecen de ella?

Es que lo que se necesita son medidas radicales para atender las reformas estructurales por las que salimos a luchar en el Paro Nacional. Una de ellas sería suspender el pago de la deuda externa ilegal y usurera que asfixia las finanzas públicas. Ese dinero se puede destinar a un gran plan de obras públicas que brinde empleo estable para todos, construyendo vías, escuelas y hospitales, y viviendas de interés social. A los campesinos desplazados se les debe devolver la tierra sin indemnizar a los grandes terratenientes, como Álvaro Uribe, que se apropiaron de ella asesinando a miles de labriegos. Y a sus bandas paramilitares se las debe enfrentar con las legítimas medidas de defensa que organicen las propias comunidades, como nos enseña la Guardia Indígena. Los recursos naturales, en primer lugar, el petróleo, el gas y el carbón, además de otros minerales esenciales para la gran industria, deben ser nacionalizados, en lugar de dejarlos en manos de las transnacionales. Pero para hacer todo esto posible, no basta acceder al manejo (más o menos parcial) de algunas herramientas del llamado “ejecutivo”.

En síntesis, el cambio que se necesita es una revolución social, que arranque por el camino de una auténtica revolución democrática que liquide el régimen genocida con el que la gran burguesía y el imperialismo han gobernado a Colombia.

Para preparar esa revolución debemos recuperar, también, nuestras organizaciones sindicales y sociales para la lucha, contra la política de conciliación de clases que impone la burocracia sindical. Para conquistar verdaderos cambios, no se pueden conciliar los intereses de los trabajadores y los pobres con los del gran capital nacional e internacional, explotador, depredador, guerrerista y genocida por naturaleza, que desangra el presupuesto nacional y saquea nuestras riquezas naturales. Las asambleas de trabajadores y sectores populares no deben ser una simple plataforma electoral, para enfrentar la campaña iniciada por la oposición de derecha para volver al gobierno en 2026, sino para ratificar el Pliego Nacional por el que luchamos en 2021 y abrió paso al triunfo electoral de Gustavo Petro; respaldando ese pliego con un plan de acción que derrote en las calles cualquier conspiración contra la voluntad popular.

Así, con independencia de clase, frente a los patronos, los gobiernos, el imperialismo y el Estado, promovamos un Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Indígena, Juvenil y Popular, preparado democráticamente desde las bases sindicales y populares, para avanzar hacia el Paro Nacional, en defensa de nuestras reivindicaciones y derechos.

Junio de 2024

¡En defensa de nuestros derechos: tierra, trabajo, educación y salud para todos!

¡No a la intermediación en la salud ni en la educación!

¡No más EPS, no más fondos privados de pensiones!

¡Exijamos estabilidad laboral: basta de precarización!

¡Derrotemos a la ultraderecha con la movilización callejera!

Publicado en ES 754