Reforma a la ley 30: El proyecto de reforma educativa: derechos sin garantías

Como parte de su paquete de reformas, el Gobierno anunció su proyecto de reforma educativa, y abrió una importante discusión sobre las necesidades y el futuro de la educación en Colombia.

Hasta ahora, en los dos borradores presentado, el gobierno de Petro pretende enfocar su reforma en dos temas: la educación como derecho y una reforma a la Ley 30 de educación superior.

¿De servicio a derecho?

El primer borrador presentado es un proyecto de ley que define la educación como un derecho. Indudablemente, la exigencia de la educación, no como una mercancía, sino como un derecho ha sido una reivindicación histórica del movimiento estudiantil, las familias y los trabajadores del sector; enfrentando la concepción mercantilista impuesta durante los años noventa.

Pero cabe preguntarse hasta donde este proyecto que “regula el derecho fundamental a la educación”, y que se limita a una declaración de principios abstracta y sin herramientas concretas, logrará superar esa visión de la educación como mercancía para que se convierta en un derecho efectivo para toda la población. Derechos formales hay muchos, pero la posibilidad efectiva de gozarlos está reservada a quien tenga los medios materiales para ejercerlos. Por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho al trabajo, son cotidiana y sistemáticamente negados para muchos, ya sea por medio de la violencia que no cesa o del mercado del trabajo que condena a muchos al desempleo.  El actual borrador por sí sólo no modifica la mercantilización de la educación.

La Ley 30 y la educación superior

Pero la sustancia es un nuevo intento de reforma a la Ley 30 de educación superior. Con este proyecto se pretende dar respuesta a dos problemáticas crónicas: el problema del presupuesto y la cobertura.

Pretende modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 que determinan la financiación de las instituciones de Educación Superior (IES). Proponiendo reemplazar el criterio de un presupuesto actualizado en pesos constantes (inflación) por el Índice de Costos de la Educación Superior, y reemplazar la promesa de aumentar el 30% del incremento del PIB en los presupuestos de las universidades públicas a un 50% de éste.

Además, propone modificaciones que pretenden dar respuesta a la autonomía universitaria, el bienestar estudiantil, la contratación de los profesores, la pertinencia y el aumento de la cobertura.

La Ley 30, abrió las puertas a la implementación del llamado modelo neoliberal, bajo el cual la educación es principalmente una mercancía, sometida al mercado, en el cual las universidades privadas se imponen sobre las públicas, que poco a poco fueron presionadas a la autofinanciación y la asfixia presupuestal.

Así hoy, mientras las universidades privadas prosperan, las universidades públicas viven un déficit crónico de más de 18 billones de pesos.

Posteriormente, tanto Santos como Duque implementaron programas como “Ser Pilo Paga” y “Generación E” que al entregar gran parte de los recursos no a la oferta pública sino a la demanda (financiando a los estudiantes en universidades que “eligen”), favoreció el crecimiento de las universidades privadas, que con la plata de esos subsidios engordaron sus arcas mientras los campus de las universidades públicas en ruinas se caían a pedazos.

Con este proyecto de reforma, el gobierno pretende dar una respuesta limitada a estas exigencias y reivindicaciones de la juventud y el movimiento estudiantil, pero como pasa con su programa (El PND) y sus otras reformas, al no atacar los problemas de fondo termina siendo apenas una atenuación del modelo neoliberal. Se mantiene por ejemplo el modelo de endeudamiento del ICETEX

Además, mantiene cuestiones como la presión por la autofinanciación, que termina poniendo los mejores recursos académicos y científicos para la venta de servicios, debilitando lo que da menos plata y los pregrados.

Igualmente, aunque de una forma más sutil que los gobiernos de Santos y Duque, la presión por ampliación de cobertura sin garantizar previamente las condiciones de infraestructura, programas y docentes necesarios para atender más estudiantes, termina siendo un condicionante para el presupuesto.

Hoy la gran mayoría de estudiantes que terminan el bachillerato, no encuentran opciones para estudiar en universidades públicas, viéndose obligados a renunciar o posponer el impulso de seguir una carrera profesional. Los exámenes de Estado, los Exámenes de ingreso y los altos costos educativos son brechas, obstáculos y barreras que muy pocos logran superar.

La reforma que se necesita

Producto de la lucha desarrollada en el Paro del 2021, se ha logrado la Matrícula Cero en universidades públicas para programas de pregrado. Esta gran conquista debe ser mantenida y profundizada con el urgente aumento en el presupuesto para estas; de lo contrario, la educación como derecho sólo será una frase vacía mientras haya presupuesto suficiente para su funcionamiento. Por otra parte, se debe ampliar el número de cupos ampliando la infraestructura y la planta docente, no mediante el sobrecupo como ha venido ocurriendo. Igualmente, la matricula cero, debe ser universal y no focalizada a los más vulnerables.

La gratuidad no basta para quienes no tienen qué comer. Recuperar las cafeterías y residencias estudiantiles en todas las universidades públicas debe ser la base para un programa de bienestar estudiantil.

Una verdadera reforma educativa, que involucre no sólo la educación superior sino todo el sistema educativo, que revierta todas las contrarreformas aplicadas en 30 años y que recoja las reivindicaciones fundamentales tanto de los estudiantes, docentes, trabajadores de la educación, las familias y la clase trabajadora, se impone hoy como una necesidad; y es necesario que sea construida democráticamente y de cara a todos los estamentos, y desde las bases. No será negociando con el lobby de las universidades privadas, o con los capitalistas y sus demandas de mano de obra calificada, con quienes se podrá construir una verdadera reforma educativa.