Mancuso: la bisagra del terror paraestatal

Por: Francisco Cuartas

 Salvatore Mancuso, uno de los más altos mandos del paramilitarismo, asistió a una Audiencia Única de Verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pese a la trascendencia del hecho y de las declaraciones hechas por él, llama la atención cómo esta noticia ha tratado de ser sepultada por todo el ruido de frivolidad y escándalos del gobierno. Convenientemente la burguesía y sus medios de comunicación han tratado de ocultar bajo cortinas de humo su responsabilidad en el fenómeno paramilitar.

Articulación del paramilitarismo con el Estado

Mancuso narró de forma detallada cómo surgió el fenómeno paramilitar en la década de los noventa, el impulso que significó la fachada legal de las Convivir y el desarrollo de las estructuras paramilitares de la mano de la Brigada 11 del Ejército. Gracias a su papel de empresario se reunión con personajes de la burguesía como Sabas Pretelt de la Vega, Jorge Visbal Martelo, Pedro Juan Moreno, Carlos Holguín Sardi y Francisco Santos, entre muchos otros, para conformar grupos paramilitares en sus regiones.

También declaró cómo los paramilitares no solo se relacionaron con las fuerzas armadas, políticos, empresarios, terratenientes e industriales, de forma individual. Narró la forma cómo muchas empresas, entre ellas las bananeras, la Drummond, Ecopetrol, Bavaria, Postobón y Coca Cola, los financiaron y los utilizaron, tanto para asesinar a dirigentes sindicales, como para obtener de ellos protección para poder explotar a sus trabajadores y saquear los recursos del país sin obstáculos. Así, en las zonas controladas por el terror paramilitar, prosperaron los negocios capitalistas.

Paras y Fuerzas Armadas: primos hermanos

En todo momento Mancuso ratificó el papel activo de las Fuerzas Militares y la Policía, no solo en la creación del paramilitarismo, también en la planeación, ejecución y encubrimiento de acciones conjuntas con el paramilitarismo. Los paras eran los “primos” del Ejército y la Policía, y como tal, ellos eran tratados, protegidos y asistidos. También eran altos mandos del ejército, de la policía y funcionarios del DAS quienes en la mayoría de los casos entregaban los listados de personas para asesinar. Estos listados eran sentencias de muerte que ejecutaban los paramilitares en masacres y asesinatos selectivos; y su elaboración estaba basada en la estigmatización como enemigos internos tildando de guerrilleros a poblaciones, dirigentes y activistas sindicales, campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos y todo quien (relacionado con las guerrillas o no)  osara cuestionar los intereses de la burguesía industrial y terrateniente, a las Fuerzas Armadas y a los poderes políticos regionales y nacionales en el gobierno; o incluso el estatus quo o la ideología imperante, como fue el caso de muchas personas LGBTI.

La doctrina del terror

Mancuso narró cómo fueron formados ideológicamente por su maestro José Miguel Narváez, quien fue subdirector del DAS e impartió cátedra a los altos mandos militares y a los paramilitares en sus propios campamentos. Fue quien ordenó varios asesinatos, entre ellos el de Jaime Garzón. “Él (José Miguel Narváez) siempre decía que una persona de estas hacía más daño que 100 guerrilleros con fusiles. Es importante atacarla”, dijo Mancuso.

Parte de esta concepción es la política del terror que impusieron en todo territorio donde llegaban. Para ellos era necesario “poner en escena un teatro de terror, un teatro que impactara, que el enemigo viera valorara si estoy aquí o continúo aquí, las consecuencias que me va a pasar son las que estoy viendo reflejadas en todos estos cuerpos que quedaban tendidos en las zonas de operación donde estábamos”. Así fue en las masacres del Aro, Dabeiba, El Salado, La Gabarra y muchas otras. Además, Mancuso habla de al menos tres hornos crematorios en Norte de Santander con los que desaparecían los cuerpos a pedido de la Policía o el Ejército.

El paramilitarismo como estrategia del régimen

Las declaraciones de Mancuso, junto con otras declaraciones de paramilitares y toda la documentación hasta hoy recopilada, ratifican lo que el movimiento obrero, campesino e indígena sabe y sufre desde hace décadas: que el paramilitarismo es desde el principio y hasta hoy en día parte integral del régimen político colombiano.

Del terror paramilitar se ha beneficiado la burguesía de conjunto. El genocidio de varias generaciones de luchadores y dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, estudiantes, y el debilitamiento de las organizaciones obreras y populares le ha dado vía libre a la burguesía para la imposición de los planes antiobreros, las privatizaciones, la corrupción, el saqueo de los recursos naturales, el robo y concentración de las tierras productivas para la renta capitalista y la entrada constante de dineros del narcotráfico. Por lo tanto, no se puede calificar como un fenómeno marginal, ajeno a la institucionalidad del régimen político colombiano.

Sin combatir el régimen no hay fin del paramilitarismo

El paramilitarismo es producto y parte integrante del régimen político bonapartista (autoritario, presidencialista) de Colombia. Por lo tanto, no es posible superar la barbarie sin acabar con este régimen, y la burguesía no está dispuesta a ceder semejante concesión. Así lo ha demostrado el Fiscal Barbosa, el Congreso de la República y los sectores de las fuerzas armadas y todos los funcionarios a sueldo de la burguesía que se aferran a los privilegios que el régimen autoritario y corrupto les garantiza.

La lucha del Paro Nacional en 2021 quedó suspendida y desviada por las promesas electorales de Petro, ahora en el gobierno. Es necesario que el movimiento obrero se despoje de las trabas de sus direcciones que impiden que la lucha se desarrolle, para poder retomar la fuerza de la calle, de la movilización para la derrota del régimen político.