Abajo las altas tarifas de energía en el Caribe

Por: Sindulfo Acosta  

Con la privatización del sector eléctrico en el país, para supuestamente prestar un mejor servicio y mejorarlo -con el argumento de que las empresas estatales eran obsoletas, y corruptas-, los habitantes del Caribe colombiano vieron todo lo contrario. En muchas poblaciones se incendiaron las oficinas de reclamo y recaudo de Electricaribe y/o Electrocosta hoy conocida como Afinia (para los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar) y Aires (para la Guajira, Magdalena y el Atlántico), y fueron muchos los paros y manifestaciones que se realizaron contra estas empresas.  

Hoy la situación en lugar de mejorar sigue empeorando, y todo debido a que la famosa Ley 142 de Servicios públicos y la Ley 143, conocida como ley eléctrica, dividió el servicio en cuatro negocios con dueños diferentes -la mayoría trasnacionales españolas, italianos y gringas- en el manejo y explotación de la generación, distribución, comercialización y mantenimiento. Estas cuatro divisiones hicieron que la población terminara pagando unas tarifas más onerosas.  

El gobierno nacional, creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para regular las tarifas de energía y evitar los atropellos con las tarifas de energía, pero hoy los miembros de esta Comisión son los delegados de las empresas privatizadas que lo único que les interesa son las lucrativas ganancias de sus dueños a costa del hambre de la población. Por eso en el Caribe colombiano, las tarifas se han incrementado en más de un 50% en el último año con el siguiente manejo tarifario, la cual es liquidada con los siguientes valores: Pérdidas técnicas, (las cuales deben ser reguladas por cada empresa y no cobrada a los usuarios), Pérdidas negras ( son los conocidos fraudes de los usuarios y sobre todo los fraudes de los estratos altos)  y el IPP (Que es el Índice de precios de los productores de Energía, como son los generadores) y lo establecido en el plan de desarrollo de Duque.  

El gobierno de Duque, en su Plan Nacional de Desarrollo decretó el incremento de las tarifas de energía por encima del IPC (Indicé de precios al consumidor) y el PIB (Producto Interno Bruto), pero en medio de la pandemia del Covid 19, que el PIB fue de -10, las tarifas no se bajaron, sino que continuaron subiendo.  

No hay razones valederas para el incremento de las tarifas porque la producción de energía hoy mayoritariamente hidráulica no genera ningún costo operacional, porque los únicos gastos son los irrisorios salarios de los trabajadores y el mantenimiento. El agua no les cuesta hoy un solo peso. Lo inaudito de esta situación es que el gobierno colombiano incrementó la deuda externa para crear empresas de energía y hoy estas empresas no pagan un solo peso de esta deuda asumida por el presupuesto nacional.  

El nuevo gobierno de Gustavo Petro lo único que se ha atrevido a hacer, por intermedio de la Ministra de Minas y Energía, es el llamado a los dueños de las empresas, para que sean conscientes de que están ganando mucho y les ruega “que se pongan la mano el corazón” y bajen las tarifas. Esto es como pedirle a un ladrón después de que te pega una puñalada y atraca por el celular, que nos lo devuelva.  

Lastimosamente, sindicatos que tuvieron un pasado glorioso de lucha como Sintraelecol, hoy están dirigido por personas que están negociando los derechos convencionales de los trabajadores, como acaba de suceder en Cartagena donde el presidente de Sintraelecol Nacional Heriberto Avendaño y su bufón Francisco Rodríguez W. acaban de firmar un acuerdo transaccional para que sea elevado a convención colectiva, los acuerdos del año 2003 que ya fueron demandados ante la legislación burguesa y decretados nulos porque estos acuerdos no son para mejorar a los trabajadores y por esta traición recibirán $11.500.000.000 (Once mil Quinientos Millones de pesos).  

El sindicato de trabajadores de la Energía SINTRAE, en su pasada Asamblea Nacional de delegados determinó, proponerle al Gobierno de Gustavo Petro la estatización del sector eléctrico para que no existan más intermediarios y sea el Estado el encargado de prestar el servicio y no un simple veedor de las ganancias de las transnacionales. Al mismo tiempo que seamos los mismos trabajadores quienes podamos ejercer una vigilancia y control sobre el mismo. Además, planteó la necesidad de organizar a los cientos de trabajadores tercerizados para que se les aplique la convención colectiva, para lo cual debe utilizar la mayor parte de sus recursos. En ese sentido, rechazar la política de Sintraelecol que busca que a los nuevos trabajadores vinculados al sector solo se les reconozca el Código Sustantivo del Trabajo.  

En la Costa Caribe se vienen desarrollando reuniones en los barrios populares, organizando la lucha por hacer bajar las tarifas de energía, y se vienen preparando acciones coordinadas en toda la costa en preparación de un Paro Regional. No podemos confiar en el “buen corazón” de los empresarios atracadores, ni en el denominado “Pacto por la justicia tarifaria”, es necesario salir a luchar, ya que este es el único camino que tenemos los trabajadores y los pobres. La vida nos ha demostrado que mientras los ricos legislan en el parlamento, los desposeídos, los “nadie” debemos legislar en las calles, nuestro verdadero parlamento.