La Bogotá de Claudia López: caos y represión

Por: Jh

La Bogotá que prometió Claudia López mientras hacía campaña política, pedaleando en una bicicleta, no se parece en nada a la Bogotá en la que estamos viviendo en este momento. Inseguridad, pésima movilidad, peligro a la salud, represión y daño medioambiental son los resultados de la administración de la capital en manos de la alcaldesa alternativa del Partido Alianza Verde, quien tan popular se hizo con sus denuncias contra la parapolítica y la consulta anticorrupción años antes de posicionarse como alcaldesa de la capital del país.

La clase trabajadora pobre y medianamente acomodada está preocupada por medidas como el pico y placa extendido, ya que, lejos de solucionar los problemas de congestión vehicular supone, en la práctica, un aumento de los impuestos por tener vehículos al mantener la misma tarifa de impuestos con menor posibilidad de uso del carro o la moto, sumado al recaudo de dinero de más de un billón de pesos, por medio del “pico y placa solidario”.

También hay preocupación por la necesidad de usar transporte público, en términos de salud, debido a que la nueva cepa del covid supone un riesgo para la salud pública en un sistema de transporte que atesta de usuarios los buses en uso diario, ante ello, la respuesta retadora de la alcaldesa fue: “si no le gusta la medida, venda el carro”, lo cual produjo la mayor de las indignaciones entre la población.

Inseguridad y represión

También resulta que, de la retadora declaración de la alcaldesa, se deriva su invitación al uso extendido de la bicicleta, una medida aparentemente buena en abstracto, pero conduce a analizar la grave situación de inseguridad que padece profundamente toda la ciudad. Los casos de atraco armado, robo de bicicletas, homicidios y demás aumentaron en un 53%. Al hacer alusión a estas cifras, López se limita a culpar a los migrantes venezolanos –promulgando su xenofobia – y al Ministerio de Defensa por no hacer nada al respecto para proteger a los colombianos. Pero el problema va más allá puesto que la alcaldesa considera que el problema se soluciona aumentando el pie de fuerza represiva –policía y ESMAD–.

La lumpenización es un problema creciente que tiene sus raíces en la crisis social que padecemos y que se exacerbó con la pandemia. El desempleo, hambre y pobreza aumentaron drásticamente y, junto con la “receta neoliberal” –garrote al hambriento que “provoca desorden” exigiendo un pan en su mesa– han llevado a que el hurto, el atraco y los asesinatos en medio de estas prácticas se hayan disparado dramáticamente. ¿Cómo puede alguien en sana tranquilidad adquirir sin más una bicicleta, como medio cotidiano de transporte, si las condiciones de seguridad son enteramente contradictorias con ello?

No hay que olvidar, no obstante, que mientras han dejado a un lado los problemas de inseguridad y lumpenización, las fuerzas policiales y la Fiscalía han actuado contundentemente contra luchadores sociales, poniendo toda su inteligencia a disposición de enfrentar las protestas, haciendo allanamientos, confiscando bienes personales, identificando luchadores y luchadoras, montando falsos positivos judiciales y demás.

Un POT para el gran capital

Esto nos lleva a analizar una última cuestión relativa al POT de López, el cual fue impuesto por decreto, una forma completamente antidemocrática que otrora la misma López denunció respecto de Peñalosa quien, en su correspondiente alcaldía hizo lo mismo. El polémico decreto se proyecta, entre otras cosas la construcción de más cárceles para Bogotá profundizando, con ello, las medidas punitivas en vez de solucionar los problemas de raíz (sin olvidar la típica cita que dice “la cárcel es para los pobres”).

Mientras los partidos burgueses se roban 50 billones de pesos al año, hasta octubre de 2020 se han registrado 837 registros de investigación disciplinaria a entes en cargos políticos, las supuestas ayudas de ingreso solidario a cédulas con números aleatorios (123456789), el conocimiento de la Ñeñe política, entre otras cosas, las cárceles están atestadas de luchadores sociales, trabajadores y trabajadoras pobres, campesinos y otros tantos agentes cuyo común denominador ha sido luchar contra las medidas antipopulares del Estado burgués.

El POT de Claudia López también es un programa que pone en peligro el medio ambiente, al poner por encima de los ecosistemas las estructuras de movilidad y de vivienda, cuyo acceso, cabe resaltar, es cada vez más difícil para la clase trabajadora, beneficiando el negocio millonario del mercado inmobiliario.

Estos planes locales reviven siempre la necesidad de la lucha a nivel local y nacional. Las mismas consignas de lucha que han guiado los anteriores levantamientos sociales siguen siendo vigentes ante estos proyectos políticos como el POT.

Bogotá debe retornar a las calles

Es necesario retomar las calles luchando por el acceso a vivienda, el desmonte del ESMAD, juicio y castigo a los responsables de la masacre de Bogotá. Asimismo, la lucha por el medio ambiente sigue adquiriendo relevancia cuando, ante una verdadera crisis climática en desarrollo, los planes estatales locales hasta los nacionales profundizan esa crisis y empeoran las ya delicadas condiciones medioambientales.

Claudia López sigue configurando su carácter de clase, mostrando que está dispuesta a reprimir y “castigar” a los luchadores sociales y a poner en riesgo el medio ambiente, por defender los intereses del Estado y de las élites privadas. Por ello, la necesidad de organizarnos, de generar nuestros propios organismos de lucha y poder se hace cada vez más vigente y latente, en defensa de derechos y verdaderas condiciones de vida.