Porque luchar no es un crimen, libertad a los presos por luchar

Por: Lucía.

La cifra total de detenidos y judicializados en Colombia durante y posterior al Paro Nacional – que se inició el 28 de abril y se extendió por más de 50 días- es desconocida, a ciencia cierta ninguna organización de derechos humanos lo sabe, pero se calcula que podrían ser cerca de 300 luchadores sociales detenidos y vinculados a procesos judiciales.

Recientemente fue capturado el líder social Jimmy Moreno de Congreso de los Pueblos y uno de los organizadores de la Asamblea Nacional Popular, gracias a la presión realizada hoy está en libertad, pero sigue vinculado a un proceso por rebelión. Muchos compañeros de las primeras líneas han sido asesinados, torturados y otros detenidos con acusaciones como terrorismo.

Entretanto, al menos 89 personas continúan desaparecidas y los responsables por más de 80 asesinatos siguen impunes; recientemente el Gobierno Duque anunció que no reconoce el mecanismo de seguimiento de la CIDH a las recomendaciones posteriores a la visita, en la que no pudieron hacer más que constatar las múltiples violaciones a los Derechos Humanos.

Con esto, se termina de esfumar toda la expectativa generada en este organismo internacional y que fue fomentada de manera especial por la burocracia de las centrales, quedando claro nuevamente que estamos en nuestras propias manos y que solo el camino de la lucha directa puede llevar a los asesinos ante la justicia, del mismo modo que fue la lucha la que logró encarcelar a los asesinos de Javier Ordóñez.

Los pueblos se levantan, las burguesías reprimen

En Argentina, continúan siendo procesados el obrero petrolero Daniel Ruiz del PSTU y el militante del Partido Obrero, César Arakaki, y sigue en detención domiciliaria Sebastián Romero, trabajador de la General Motors y también miembro del PSTU.  Los tres activistas hacen parte de un proceso abierto durante el gobierno de Mauricio Macri, quien ordenó una brutal represión a la protesta de masas en defensa de las pensiones del 18 de diciembre de 2017, dejando un saldo de 162 heridos y más de 60 detenidos.

En Chile, desde el estallido de la revolución en 2018, han sido detenidos y mutilados miles de jóvenes. María Rivera, constituyente, abogada de la Defensoría Popular y miembro de nuestro partido hermano el Movimiento Internacional de los Trabajadores, MIT, ha sido acusada de sedición por llamar a los carabineros a no asesinar al pueblo. La defensoría popular está en la defensa jurídica de al menos 2.500 jóvenes de la vanguardia luchadora chilena, muchos de ellos al igual que en Colombia pertenecientes a la Primera Línea.

En Cuba, la dictadura capitalista de Díaz-Canel ha reprimido con ferocidad una manifestación realizada el 11 de Julio por mejores condiciones de vida y cerca de 500 personas fueron detenidas, de las cuales hasta el momento varias decenas de personas continúan privadas de la libertad, algunos de ellos menores de edad.

Pero esto no es exclusivo de América Latina, en Estados Unidos el tratamiento dado a las revueltas antirracistas fue similar, también en Hong Kong, Nigeria y Myanmar, donde en los últimos meses se han presentado multitudinarias movilizaciones con la juventud a la vanguardia, la respuesta ha sido la feroz represión, asesinatos, encarcelamientos, y mutilaciones.

Esto no es casualidad, desde antes de la pandemia una verdadera ola de movilizaciones, protestas y levantamientos sacude al mundo, expresándose en los cinco continentes, diferentes sectores, pero en especial la juventud ya no tolera más la caída del nivel de vida, la falta de oportunidades y la destrucción de la naturaleza, el capitalismo no tiene nada que ofrecer y por eso intentan callar a quienes luchan por la vía de la fuerza. Pero como ya se dijo antes, no se puede frenar la historia a punta de pistola y por cada muerto o detenido, más luchadores salen a las calles en algún lugar del mundo.

Luchar no es crimen

No podemos aceptar de manera pasiva que nuestro derecho a protestar, nuestro derecho a manifestarnos, a movilizarnos contra los brutales planes económicos y sociales del capitalismo imperialista en todo el mundo, sea respondido dando carta blanca a la brutalidad policial, que ha cobrado en los últimos años miles de muertos, heridos, desaparecidos, mutilados y presos por el único delito de ejercerlo.

La llamada justicia de nuestros países, se ha valido del señalamiento de terrorismo, vandalismo y otros epítetos para abrir procesos judiciales contra dirigentes obreros y sociales en un intento de escarmentar a los trabajadores, los ambientalistas, los jóvenes, los campesinos, los afros y los indígenas, para que no se movilicen contra los planes de miseria y los paquetazos de ajuste, contra el extractivismo y la depredación de la naturaleza y contra diferentes formas opresión.

Daniel Ruiz, Sebastián Romero, Cesar Arakaki, junto a los jóvenes de la primera línea en Chile que han sido encarcelados, así como Jimmy Moreno y los demás judicializados en Colombia durante el reciente Paro Nacional y los presos cubanos, se han convertido en un estandarte de nuestra lucha, de la lucha de la clase trabajadora contra el capitalismo.

Hoy insistimos en que es urgente levantar nuestra voz para que cese la persecución a los activistas obreros y sociales en todo el mundo. En consecuencia, proponemos a todas las organizaciones derechos humanos, al movimiento obrero, la juventud, las mujeres, los indígenas, los afros y demás perseguidos que nos unamos rompiendo las fronteras en una gran campaña continental por la libertad de los presos por luchar, porque luchar no es un delito, es un derecho.

¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!