Expropiar a los expropiadores sin indemnización: una necesidad histórica en Colombia

En las Playas de la Boquilla, en los territorios en los que la Familia Araujo ha despojado a los habitantes de la zona norte de la ciudad de Cartagena, se vivió un nuevo episodio de la discusión entre Gustavo Petro y el ex presidente y ex convicto Álvaro Uribe Vélez. “El señor Araujo es parte sustancial del partido de los expropiadores. Saben que la riqueza de Cartagena es su paisaje, es su mar, es su historia, es su cultura, saben que eso se vende en la forma de turismo”.

Por: Diego Lares

De inmediato Uribe le contestó a través de sus redes sociales llamándolo ‘Petro, el expropiador’ y dejando el interrogante “¿Igual que Hugo Chávez?”. Unas semanas antes, Petro había propuesto que el Estado Colombiano debía comprar la finca de Uribe Vélez, El Ubérrimo, que mide más de 1.300 hectáreas. En la campaña anterior había propuesto lo mismo con las tierras improductivas de los terratenientes del Cauca y el Valle del Cauca, lo que causó que, para segunda vuelta, la Alianza Verde le hiciera firmar en piedra que no expropiaría.

Expropiación con indemnización no es expropiación

Pero a lo que Petro se refiere, no es a recuperar la tierra que ha sido despojada por decenios por parte de los terratenientes y los industriales, sino más bien de una figura constitucional y que ha sido usada por los distintos gobiernos, incluso para beneficiar a los dueños de estos terrenos rurales y urbanos.

En el artículo 58 de la Constitución de 1991 se dice: “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa”. Es decir, el planteamiento de Petro es que el Estado compre estas tierras – que fueron despojadas por los actuales poseedores – para poder adelantar una reforma agraria.

Igual fue en Venezuela, las llamadas expropiaciones del chavismo, fueron compras de empresas a la burguesía venezolana. Entre 2011 y 2012, el Estado de Venezuela pagó más de 23 mil millones a petroleras multinacionales por la ‘expropiación’ de sus bienes, una cifra mayor a los 21 mil millones de dólares destinados a la petrolera estatal.

Expropiar a los expropiadores

Cuando el reformismo habla de expropiación, no habla de recuperar los territorios que la burguesía y los terratenientes han expropiado a través de la violencia o a través de normas que han permitido que, por ejemplo, un banquero como Luis Carlos Samierto Angulo se apropie de las tierras de la altillanura. No, la propuesta de Petro es que se les pague con recursos públicos.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia, durante el conflicto armado, los terratenientes expropiaron a sangre y fuego 6,6 millones de hectáreas, para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, esta cifra asciende a 10 millones en los últimos 20 años.

En cuanto a la apropiación de los llamados baldíos de la nación, en 2013, la Superintendencia de Notariado y Registro, admitió qué: “el 77% de los baldíos no están en manos de las personas originarias a las que se les tituló…. desde 1961 han sido titulados 517 mil predios baldíos, 336 mil antes de la Ley 160 de 1994 y 180 mil después de esta Ley, pero entre el 65% y 80% de estas tierras ya fueron vendidas. Es decir, no están en manos de campesinos como se supone debería ser el uso de las tierras de la Nación”.

Expropiación urbana

Pero la expropiación no solo ha sido rural, el caso que señala Petro en Cartagena de la familia Araujo, su historial de expropiación nace con el proyecto turístico de la ciudad que expulsa a los barrios céntricos cuyos habitantes estaban por fuera del cordón amurallado, que se inicia con los barrios de Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo y sigue con Chambacú, terreno que después sería comprado por un valor inferior al comercial por la familia Araujo.

Después extendería sus intereses a la zona norte, afectando las comunidades de la Boquilla, despojándolas para construir su Hotel y Centro de Convenciones Las Américas. Pero no son los únicos empresarios, está en emporio Serena del Mar que se apoderó de la buena parte de la zona norte y en Mamonal, donde los empresarios amenazan a los habitantes de la zona industrial.

De igual manera, en otras ciudades la burguesía se ha apropiado de terrenos públicos, como es caso de los Cerros Orientales en Bogotá, por ejemplo, con la complicidad de los gobiernos locales, que no tienen el mismo tratamiento con los grandes urbanizadores que el que tienen con los pobres cuando toman un terreno para construir sus viviendas.

Estamos por la expropiación sin indemnización

Lo que ha planteado Gustavo Petro es que en Colombia hay que derrotar a las mafias terratenientes rurales que se han apropiado de las tierras a través del despojo, con el fin de volver estas tierras productivas y así poder desarrollar el capitalismo, con base en la agroindustria. Pero esta reforma agraria la plantea con indemnización a los despojadores.

Pero una propuesta democrática, urgente para un país como Colombia, con las cifras de despojo tanto rural como urbano, es la expropiación sin indemnización. Esa de la cual Petro reniega para ganar adeptos en la burguesía para su acuerdo liberal.

Por ello, desde el Partido Socialista de los Trabajadores hemos hecho un llamado a los sectores de luchadores del Pacto Histórico para que se abra la discusión sobre los pactos con sectores de despojadores y expropiadores ¿no hay que expropiar las empresas de servicios públicos domiciliarios que desde hace 25 años han empobrecido a millones de hogares? ¿no hay que expropiar las tierras despojadas por los grupos paramilitares hoy en manos de los terratenientes? ¿no hay que expropiar las zonas urbanas que hoy son grandes condominios y que desplazaron a millones de habitantes?

La expropiación sin indemnización no es un problema menor en este país, los cálculos electorales no pueden ocultar los diez millones de hectáreas despojadas y mucho menos se puede vender la ilusión de que los expropiadores cederán las tierras por unos pocos millones de pesos, cuando su accionar legal e ilegal indica que están dispuestos a continuar con el despojo.