El gobierno criminal de Duque avanza con su política genocida en el sector educativo

Más tardó el CE de Fecode en levantar el paro de magisterio, que la ministra Angulo en emitir la directiva 5, al amparo de la resolución 777 del ministerio de salud, ordenando el retorno a la presencialidad en la escuela.

Autor: Unidad Docente – Corriente Magisterial del PST

A pesar de que estamos viviendo el mayor número de contagios y muertos por día de toda la pandemia, el ministro de salud, Fernando Ruiz en su resolución, muestra como avance suficiente que se han aplicado cerca de 10.400.000 dosis de la vacuna, que apenas equivale al 2% de la población, que el nivel de contagio es asincrónico y que va en descenso, (hecho que la propia realidad contradice). Con base en esta argumentación desestima las medidas de bioseguridad, disminuye la distancia entre personas y autoriza prácticamente todas las actividades económicas y del sector educativo.

La resolución a todas luces muestra el favorecimiento a la reactivación económica, es decir, a las ganancias de los grandes empresarios, sobre el sacrificio de los trabajadores y sus familias.

Entre tanto, la OMS condiciona la apertura de las escuelas a situaciones como: la intensidad de transmisión en la zona en la que funciona la escuela, la detección y la respuesta, (velocidad de respuesta de las autoridades sanitarias locales), la capacidad de las escuelas/las instituciones educativas para funcionar de manera segura, las demás medidas de salud pública aplicadas fuera de las escuelas. No basta entonces que los maestros estén vacunados, si las demás condiciones no mitigan el contagio. Es de público conocimiento que las instituciones educativas públicas no cuentan con los medios necesarios para funcionar de manera segura y que el sistema de salud está al borde del colapso.

Estadísticas del país como las del observatorio salud data capital muestran que, de los 3.900.000 contagios en Colombia, 1.140.000 corresponden a Bogotá y que hay 500 muertes diarias, sin disminuir durante las dos semanas recientes.

Por su parte, Las organizaciones médicas reseñan por los medios de comunicación que la ocupación UCI en las ciudades capitales del país está por encima del 95% y escasean tanto el personal de salud como los insumos para atender a los pacientes. piden por ello un nuevo confinamiento y cambio en la estrategia de manejo de la pandemia para mitigar la velocidad de contagio.

Como si fuera poco, la enfermedad por Covid no se ha reconocido como enfermedad profesional, ni para el magisterio, ni para los trabajadores en general, viéndose avocados a descuentos por incapacidades y a laborar desde casa en caso de contagio.

A pesar de este crítico panorama, del estado crítico de la red hospitalaria pública, de la insuficiente adecuación de las instituciones educativas, el ministerio de salud expide la resolución 777 y el ministerio de educación, la directiva 5, mostrando su poca o ninguna preocupación por la vida de la población vulnerable.

La ministra en una decisión unilateral arbitraria ordena el regreso a la presencialidad so pena del no pago del salario a los maestros, menospreciando la agotadora labor desarrollada por los maestros en casa y olvidando que los padres de familia tienen la potestad legal de decidir si envían o no a sus hijos al colegio, por lo que se hace necesario garantizar la educación para quienes decidan no ir a la presencialidad. También la ministra desconoce con su directiva, las funciones de los gobiernos escolares.

Por otra parte, es un chantaje para las familias que ya han venido siendo víctima de la desigualdad social, el desempleo y el hambre, condicionar el seguir siendo beneficiarios del programa de alimentación escolar, a la presencialidad de sus hijos en la escuela.

El retorno a la presencialidad en las escuelas, lejos de mostrar una real preocupación por los niños, niñas, adolescentes y sus familias, evidencia la necesidad de que la escuela atienda a los hijos de los trabajadores que deben salir a buscar el sustento familiar y en el momento particular actual, como medida de contención de la participación de los jóvenes en la protesta social en curso.

Encubre el gobierno su incapacidad para resolver los problemas sociales, encubre la ministra la incapacidad de su despacho para garantizar el derecho a la educación de manera remota como medio de mitigación del contagio. Ya antes de la pandemia venía siendo evidente el desgreño y abandono de las escuelas, lo cual hace dramáticamente inseguro el regreso presencial. Siguen siendo indispensables, la adecuación de infraestructura, la garantía de medios de bioseguridad, la conectividad universal y las herramientas tecnológicas.

Reconocemos que la educación remota ha agudizado la desigual situación de la mujer en los hogares, aumentando la carga de responsabilidades sobre ellas y aumentando el nivel de violencia intrafamiliar, pero sobre esta situación, tampoco el gobierno implementó política eficiente alguna. Aun así, en este momento de la pandemia, la presencialidad en las escuelas es un enorme riesgo para la vida de los estudiantes y sus familias.

Es necesario entonces exigir la derogatoria de estas normas que inducen al genocidio, así mismo exigir la renuncia de los ministros promotores del mismo, a la par con la exigencia de la vacunación masiva inmediata, la inversión efectiva en la red hospitalaria, la formalización laboral para el personal de salud, el reconocimiento del Covid como enfermedad laboral, la adecuación de las instituciones educativas en medidas sanitarias, la garantía de elementos de bioseguridad, la conectividad universal y la asignación de herramientas tecnológicas a todos los estudiantes para garantizar el derecho a la educación.