Senadora Paloma Valencia, los maestros nunca hemos dejado de dar clases

Autor: Luis Atencio

Después de la salud, la educación es el sector que ha sido más afectado por la pandemia, pues a pesar que desde finales del año pasado se advertía que el coronavirus tendría un impacto global, en Colombia los mandatarios minimizaron la gravedad del contagio y no tomaron medidas para contenerlo o las tomaron parcialmente.

A pesar de que hoy en Colombia hay un promedio de 8 mil contagios y de 125 muertes diarias por la pandemia, el Gobierno nacional ignora las cifras y cada día anuncia nuevas medidas de reactivación económica, como si nada estuviera pasando.

De hecho, tanto el Gobierno de Duque como la Alcaldía de Claudia López han anunciado pilotos de reapertura en los colegios, poniendo en riesgo a millones de estudiantes y sus familias. Para justificarlo, han desatado una campaña ideológica contra los docentes que se oponen, todo por favorecer a las grandes empresas y a la banca.

Se suma a lo anterior, la senadora de extrema derecha Paloma Valencia, que se ha negado a asistir a sesiones presenciales del Congreso de la República, lanzando ataques contra los docentes y contra la educación pública, como el trino que publicó el pasado 29 de septiembre: “Si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados”.

Una vez más el uribismo estigmatiza la profesión docente y una vez más miente, porque los maestros nunca hemos dejado de hacer nuestro trabajo y nunca hemos dejado de dar clases. Lo que hemos exigido son garantías, que los colegios preparen su infraestructura para que se pueda guardar la distancia social y las medidas de higiene, para proteger la salud y la vida de maestros, administrativos, personal de servicios generales, estudiantes y las familias de todos.

Este trino de Paloma Valencia, que se suma a toda la campaña de estigmatización del Centro Democrático contra los maestros, pretende ocultar la responsabilidad que tiene el Gobierno en esta crisis de la educación, pues nunca previó las implicaciones de la pandemia y no ha garantizado ni la infraestructura adecuada ni las garantías de aprendizaje de los estudiantes, que por demás sufren con más rigor la crisis económica y social.

A finales de marzo, cuando algunas alcaldías tomaron medidas de confinamiento, el Gobierno de Duque apenas reaccionaba y de manera tardía decretó una cuarentena. De la noche a la mañana, millones de estudiantes y docentes tuvimos que implementar formas remotas de continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Las y los estudiantes y sus familias, tuvieron que aprender a usar plataformas, a resolver guías y a realizar actividades que antes se llevaban a cabo en las instituciones educativas, ahora en condiciones de vivienda precarias y hasta con hambre. Para los docentes, la tarea también ha sido ardua: modificar los programas de estudio, diseñar materiales pedagógicos, extender su jornada de trabajo para adaptarse a los horarios de accesibilidad de las familias y sacrificar su período de vacaciones, que en la mayoría del territorio fue adelantado en la cuarentena, por lo que el descanso se convirtió en confinamiento.

Pero además de eso, los maestros tuvimos que adquirir o ampliar planes de internet, disponer de sus equipos tecnológicos propios e incrementar sus gastos de energía eléctrica, pues de parte del Gobierno no se recibieron sino directrices que la mayoría de las veces no atendían a la realidad de docentes y estudiantes.

En el caso de algunas zonas rurales y zonas marginadas de las ciudades, la conectividad y el acceso a tecnología de parte de los estudiantes no permitió la realización de clases virtuales, por lo que los docentes tuvieron que hacer entregas de guías e incluso acompañamientos presenciales periódicos.

La campaña del uribismo no ha tenido eco en las familias, que no quieren exponer a sus hijos e hijas al contagio, pues conocen y han sufrido los problemas de infraestructura de los colegios, pero debemos enfrentarla y es allí donde tenemos problemas. La dirección de Fecode ha optado por una política de desobediencia civil, es decir, un “sálvese quien pueda” ante la arremetida del Gobierno y el uribismo.

Los dirigentes de la Fecode han renunciado a la movilización. En la pasada jornada del 21 de septiembre convocaron una caravana en vehículos excluyente y se aislaron de los demás sectores en lucha. La respuesta a Paloma Valencia no puede ser en las redes sociales, la respuesta debe ser en las calles, exigiendo las garantías de acceso a la tecnología y conectividad para continuar con una labor que nunca hemos dejado de hacer, a diferencia de los congresistas como Paloma Valencia que siguen de vacaciones en sus casas, usando sus equipos de alta tecnología, para hablar sobre lo que ignoran y a desprestigiar la educación pública que nunca han respaldado de manera coherente.