Duque, Marta Lucía y el Fiscal: la Ñeñepolítica y otros ‘fantasmas’ de la corrupción judicial

El sistema judicial, desde las Altas Cortes hasta los juzgados promiscuos municipales, pasando por la Fiscalía como ente investigador y la Comisión de Acusaciones del Congreso, han sido cómplices de los crímenes de burgueses y terratenientes en Colombia. Por sus despachos han pasado las denuncias de asesinatos, masacres, desplazamiento y despojo sin que los determinadores –los grandes empresarios, los altos mandos militares, los latifundistas, congresistas y ex presidentes– hayan sido siquiera investigados.

Autor: Alonso C. H.

También es cierto que las disputas entre sectores burgueses han llevado a algunos de ellos a la cárcel o escapar de la justicia, como es el caso de la disputa entre sectores liberales de las Altas Cortes cuando se dieron cuenta que el gobierno de Uribe había intervenido sus comunicaciones o cuando el bloque uribista se dividió en torno al proceso de paz. Pero nunca han sido tocados los determinadores de estos crímenes, los detenidos y los prófugos son apenas ‘fusibles’ que se queman, una que otra vez es enjuiciado algún gatillero y esto se hace pasar por justicia.

Por tanto, no es de extrañar lo que en la actualidad pasa en la Fiscalía con la Ñeñepolítica, un caso de compra masiva de votos de las pasadas elecciones, un caso en el que el asesinado narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández habla con la asesora del senador Álvaro Uribe Vélez – María Clara Daza, alias Cayita – sobre los recursos para comprar votos en los departamentos de Cesar y Guajira para la segunda vuelta presidencial en 2018.

Las amenazas a la población y la compra de votos para ganar elecciones no son nuevas en el país, en el pasado se señaló cómo los grupos paramilitares presionaban a comunidades enteras para que votaran por los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U y Centro Democrático. La llamada parapolítica, durante el gobierno de Uribe Vélez, llevó a unos cuantos políticos regionales a la cárcel, pero los mayores beneficiarios ni siquiera fueron investigados.

De igual manera, tampoco es extraño que no se conocieran los negocios de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y mucho menos el encubrimiento por más de veinte años del caso del hermano de la vicepresidenta, Bernardo Ramírez, condenado por tráfico de heroína en Estados Unidos.

El Fiscal, El Ñeñe y la campaña de Duque

En el caso de la Ñeñepolítica, los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, y el abogado Miguel Ángel del Río Malo dieron a conocer las transcripciones de una intervención telefónica al asesinado narcotraficante Ñeñe Hernández, quien había participado como promotor y financiador de la campaña de Iván Duque. Las grabaciones estuvieron guardadas por casi dos años en la Fiscalía sin que se tomara ninguna medida.

En los audios transcritos se escucha cómo la asesora de la Unidad Técnica Legislativa, María Claudia Daza, Cayita, coordina con el Ñeñe la distribución de mil millones de pesos para la compra de votos, catorce días antes de la segunda vuelta presidencial.

Estos hechos, ocurrieron cuando el Fiscal General era Néstor Humberto Martínez y las grabaciones cuando el cargo era ocupado por Fabio Espitia, pero el primero no investigó y el segundo engavetó las grabaciones.

El actual Fiscal, Francisco Barbosa, quien, igual que el Ñeñe Hernández hizo parte de la campaña de Iván Duque, al principio puso en duda la existencia de los audios, pero después tuvo que aceptar que estaban en los archivos y decidió desvirtuar la investigación de varias maneras.

La primera manera es no declarándose impedido a pesar de su pública amistad con Iván Duque y de su participación directa en la campaña. La segunda fue abriendo una investigación contra el candidato opositor Gustavo Petro, porque el Ñeñe lo menciona diciendo que los trabajadores mineros lo respaldaron y por eso había ganado en el departamento de la Guajira. Y la tercera es a través de la captura de los agentes policiales que hicieron las grabaciones por haber grabado de manera ilegal a otros agentes en un caso de corrupción en la Policía, con el fin de que el juez de conocimiento declare la ilegalidad de las mismas.

Los negocios de la Vicepresidenta

Hasta hace dos años, Memo Fantasma no tenía un solo proceso judicial en Colombia, a pesar de que varios paramilitares lo mencionan en sus declaraciones como integrante del Bloque Central Bolívar. También hizo parte de la Oficina de Envigado y, sin embargo, Guillermo León Acevedo vivió como un próspero empresario, que hizo negocios con la empresa constructora del esposo de Marta Lucía Ramírez.

Ya era conocida la presencia permanente de Marta Lucía en el Club El Nogal, donde coincidían ministros, altos mando militares y jefes de bandas paramilitares – como Salvatore Mancuso – como lo han señalado algunos familiares de víctimas del acto de las FARC en su sede. Esta semana se ha conocido que la vicepresidenta ocultó que su hermano, Bernardo Ramírez, había sido condenado en Estados Unidos por dirigir una red de tráfico de heroína. Marta Lucía Ramírez, dice que esta es una “tragedia familiar”, sin embargo, en todos estos años ha dirigido una feroz represión contra los campesinos que se ven obligados a sembrar hojas de coca.

Pero ninguno de estos dos casos se ha hecho conocer por investigaciones judiciales, el caso del Memo Fantasma fue destapado por Jeremy McDermott, director de InSight Crime, y el caso del hermano narcotraficante por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez.

Justicia y corrupción

Lo que pasa en la Fiscalía no es un hecho aislado en el sistema de justicia en Colombia. El despojo de tierras en Colombia ha contado con la complicidad de juzgados y notarías, las elecciones se dan en medio de un descarado comercio de votos y de poblaciones que han sufragado bajo amenazas de grupos paramilitares, los asesinatos de líderes sociales han quedado en la impunidad y la Fiscalía investiga para presentar estos crímenes con móviles personales y no políticos, los falsos positivos solo han dejado detenidos a los soldados perpetradores, pero los generales determinadores han sido ascendidos.

La Comisión de Acusaciones – encargada de investigar y juzgar a presidentes, magistrados y altos cargos del Estado – es conocida como Comisión de Absoluciones porque nunca ha condenado a ningún aforado. Y a pesar de las luchas de los trabajadores de la Rama Judicial, el sistema está al servicio de los poderosos. Fue conocida la expresión de Pedro Marún Meyer, quien siendo presidente del gremio de comerciantes, Fenalco, expresó ante la apertura de una investigación: “Más vale un centímetro de juez que un kilómetro de ley”.

La clase trabajadora ha sufrido la corrupción judicial: en los juzgados laborales los empresarios influyen en los jueces, los abusos policiales quedan sin ninguna investigación, los asaltos a los recursos públicos quedan en la impunidad.  Sin embargo, el reformismo muchas veces ha llamado a respaldar a las Altas Cortes, como si no hicieran parte de la corrupción del sistema judicial.

De allí, la importancia de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, en el caso de la Ñeñepolítica, es necesario que exigir que el Fiscal Barbosa se declare impedido, que las investigaciones lleven hasta los determinadores, en este caso Iván Duque y Álvaro Uribe, pero lo más importante es que veamos cómo estos audios revelan los nexos del narcotráfico con las élites del país y que entendamos que solo la movilización de las masas contra el régimen podrá garantizar justicia para los crímenes cometidos por burgueses y terratenientes durante decenios.