La otra pandemia: los asesinatos de luchadores sociales

Al finalizar el mes de marzo, la cifra oficial de personas fallecidas por el coronavirus fue de 16 personas, en este mismo mes fueron asesinados 19 líderes sociales, entre los que se encuentran varios indígenas y desmovilizados de la guerrilla, además de la masacre de 23 detenidos en la Cárcel Modelo de Bogotá por parte del INPEC.

Autor: Alonso C.H.

Así, el asesinato de luchadores sociales sigue siendo la mayor ‘pandemia’ que sufre la clase trabajadora y los pobres del país. Y la cuarentena parcial que ha ordenado el Gobierno de Duque, no ha detenido esta masacre, porque la mayoría de los luchadores asesinados se encuentran en territorios que siguen en manos de las mafias paramilitares, que garantizan el despojo de tierras en Colombia.

El asesinato sistemático a luchadores sociales y desmovilizados ha sido sistemático en Colombia, pero en los últimos años se ha vuelto más visible después del proceso de paz, cuando ya no existe una “justificación” por parte del Estado y los medios de comunicación que lo explique.

Recordemos el método sangriento con el que en los años 80 y 90 fueron enfrentadas las luchas sociales con el genocidio a la Unión Patriótica, los asesinatos a militantes de A Luchar y el Frente Popular y los seis millones de desplazados por la violencia.

Después de la firma el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, se han asesinado más de 300 luchadores sociales y se ha evidenciado un ‘rearme paramilitar’ en las zonas donde antes hacía presencia la insurgencia. De igual forma, han sido reiteradas las denuncias de los nexos de estos grupos armados con altos mandos militares, lo que garantiza no solo la operatividad de estos grupos sino su impunidad.

Informes de la ONU: los crímenes son sistemáticos

Tanto el informe del relator de la ONU, Michel Forst, a principios de febrero como de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, coinciden en que ha existido un incremento de los asesinatos desde 2018, cuando Iván Duque llegó al poder. Para 2019 se contaban ya 108 asesinatos, un aumento del 50% frente a 2018. Así mismo, se pone de manifiesto que en 2019 se perpetraron 36 masacres que costaron la vida de 133 personas.

También se muestra que en 2019 se incrementaron las privaciones arbitrarias de la libertad por parte del ejército y la policía, de igual manera aumentaron los casos de violencia de miembros de las fuerzas armadas y la policía contra los manifestantes en las movilizaciones sociales, las torturas y tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas estatales. Respecto a los ex combatientes de las FARC, el informe indica que en 2019 fueron asesinados 77 exguerrilleros, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017, para un total de 173 asesinados y 14 desaparecidos.

¿Cómo parar esta masacre?

La organizaciones sociales y sindicales han hecho denuncias y exigencias al Gobierno de Duque para que se detenga esta masacre, atribuyendo el incremento a los ataques al proceso de paz y llamando a jornadas en defensa de las instituciones judiciales, en particular las Altas Cortes y la JEP.

Pero esta masacre tiene otras razones distintas al proceso de paz: la lucha por los derechos laborales, defensa de los derechos humanos, participación en programas de sustitución de cultivos ilícitos, reclamos de recuperación de tierras, defensa de derechos de minorías indígenas y afrocolombianas y participación en actividades comunales.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores hemos planteado que es la movilización la que puede frenar la masacre, que no podemos tener confianza en que las instituciones estatales frenen los asesinatos, cuando la burguesía se lucra con la contención de las luchas sociales.

En este período, cuando las movilizaciones implican un alto riesgo de expansión de la pandemia, es necesario que las organizaciones sociales y sindicales convoquemos jornadas de protesta desde cada casa, desde las fábricas y empresas que siguen laborando para hacer visible que en las primeras semanas de la pandemia, la masacre a luchadores sociales ha cobrado más vidas que el covid-19.