Colombia: la crisis económica toca a la puerta

Como parte de la crisis económica mundial, los países imperialistas –contrario a lo que pregonan para sus colonias- han desatado una guerra comercial aplicando medidas proteccionistas que han causado un desequilibrio en la economía global.

Autor: Luis Atencio

La burguesía colombiana, que había pregonado que la economía colombiana estaba blindada, tomando medidas en las que los trabajadores han cargado con el peso de la crisis, comienza a explicar su situación como un efecto de la crisis global.

Con un dólar que llega a una cifra histórica, una baja en las expectativas de crecimiento de la economía, el desempleo del 12% y los anuncios de importación de gas natural en dos años, el Gobierno de Duque ha planteado un Plan Nacional de Desarrollo, PND, en el que se intensifica el extractivismo como una forma de obtener ganancias inmediatas, sin importar la crisis ambiental ni las consecuencias del cambio climático.

A quién afecta la subida del dólar

La teoría económica burguesa sostiene que la subida del dólar, como producto de las medidas proteccionistas de Trump, solo afecta a los importadores, es decir, a quienes compran en el exterior para vender en Colombia, y que beneficia a los exportadores pues recibirán más dinero por cada dólar que reciban del exterior. Pero la realidad es que la devaluación de la moneda perjudica a la clase trabajadora en varios sentidos.

El primero es por la inflación, pues en una economía que se ha desindustrializado y en la que el sector agrario ha sido destruido, la mayoría de los productos –desde los alimentos hasta la los textiles o la tecnología– son importados, lo que llevará a una mayor pérdida del poder adquisitivo.

Por otra parte, para el Estado, la devaluación del peso implica que tendrá que gastar más dinero en el pago de la deuda externa, que se hace en dólares, lo que implica un mayor número de recursos públicos, es decir, de nuestros impuestos, que serán destinados a estos pagos.

Duque: 12 pactos y economía naranja

Ante el desempleo galopante y las expectativas de crecimiento económico muy por debajo de la meta de 4,5% del gobierno de Duque, la presidencia ha anunciado 12 pactos que prometen crear 866.000 empleos en tres años.

Los tales pactos consisten en el compromiso del Gobierno de flexibilizar la legislación en beneficio de los empresarios, inicialmente en sectores como cacao, carnes, azúcar, alimentos procesados, industrias agroforestales, químicos, plásticos, pinturas, cosméticos, moda, construcción, turismo, tecnologías y la llamada economía naranja.

Así, lo que se anuncia son mayores beneficios para los empresarios y más precarización laboral, pues la mayoría de estos sectores se caracterizan por contratar mano de obra de manera temporal y en el caso de la ‘economía naranja’, que para Duque son los emprendimientos en tecnologías creativas, como Rappi, que genera grandes ganancias para un grupo de empresarios que viven del trabajo precario de miles de personas que no cuentan con ninguna garantía laboral.

Las reformas: las luchas que vienen

Para enfrentar la crisis económica, el Gobierno de Duque ha anunciado un paquete de seis reformas para este período. La primera de ellas es la reforma al Sistema General de Regalías que busca revertir la distribución de estos recursos, volviendo a incrementarlos en las zonas productoras. Esto implica que las zonas de extracción minera –que son las zonas con más atraso en las necesidades básicas y en las que la corrupción ha sido más profunda– tendrán más recursos.

La segunda gran reforma es la pensional, para beneficiar a los fondos de pensiones y al sector financiero, la reforma intentará acabar con el régimen de prima media y hacer que Colpensiones funcione como los fondos privados.

La tercera es la de crecimiento económico sostenible, que busca legalizar el impacto económico que tendrá la intensificación del extractivismo flexibilizando las normas que lo regulan. La cuarta es la de mercado de capitales en beneficio del sector financiero. La quinta es una reforma tributaria territorial desde la perspectiva de centralizar más los impuestos que se pagan en los departamentos y municipios. Y la sexta es la de fortalecimiento de las instituciones fiscales del país, que busca darle mayor autonomía en la aplicación de la regla fiscal contra los derechos sociales.

Hay una última que ha anunciado Uribe Vélez en el Congreso de la República y es la reforma laboral que profundiza la flexibilización y la tercerización con el trabajo por horas y la reducción de la jornada.

¿Quién pagará los costos de la crisis económica de la economía global? Eso dependerá de si las centrales sindicales y el movimiento social convierten cada reforma en una agenda de luchas.