Luchar contra la tercerización laboral y el gobierno de Duque

El VII Congreso de la CUT sesionará en medio de una situación nacional e internacional que afecta gravemente las condiciones de vida de la población trabajadora colombiana y los pobres del campo y la ciudad, mientras se recrudece la violencia contra los líderes sociales.

Autor: Comité Ejecutivo – PST

En los pocos meses que lleva en la presidencia, Iván Duque ha demostrado al servicio de que intereses gobierna. Nuestro país es ahora más dependiente de las órdenes del gobierno norteamericano y de todo el imperialismo mundial, incluida la Unión Europea. Los planes económicos, políticos, sociales y ambientales de Duque se corresponden con los intereses de las grandes transnacionales minero-energéticas y el capital financiero mundial: sobrexplotación de los trabajadores, saqueo del presupuesto del Estado, deterioro de los servicios sociales y depredación de los recursos naturales y el medio ambiente. Todo ello está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo que se ejecutará durante los próximos cuatro años.

Duque: contra Venezuela, bajo las órdenes de Trump

La burguesía colombiana siempre se ha destacado por su sumisión al imperialismo mundial, en particular el yanqui. Por eso hace años se conoce a Colombia como “el Israel de América Latina”, o sea, una especie de enclave al servicio de los planes económicos, políticos, militares y sociales de EE.UU. y Europa. Con Duque eso se ha profundizado, pero la semicolonización del país viene de atrás. El gobierno de Santos logró la incorporación de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –conocida como el “club de los países ricos”– que impone parámetros a todos sus miembros que homogenizan la legislación dando beneficios tributarios a las inversiones de las transnacionales, precarizando las condiciones de empleo, y facilitando la exportación de ganancias, el intercambio comercial desigual y el pago de los préstamos a la banca mundial. Junto a esto, Santos –espurio Nobel de Paz– incorporó a Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), acuerdo militar de EE.UU. con Europa que tuvo como objetivo contener, después de la Segunda Guerra Mundial, el “avance del comunismo” durante la llamada “Guerra Fría”. Con el colapso de la URSS y sus satélites del Este de Europa, ahora la OTAN es un cuerpo de intervención militar contra las semicolonias en cualquier parte del mundo. Los soldados colombianos son ahora carne de cañón en las aventuras guerreristas del imperialismo.

En estas condiciones, heredadas de Santos, es que Duque se ha puesto al servicio de la intervención en Venezuela, reconociendo al títere Juan Guaidó, y contribuyendo al aislamiento de la dictadura de Maduro, pero con el objetivo de apropiarse de los yacimientos venezolanos en beneficio de los monopolios petroleros y mineros yanquis. En ese terreno compiten como carroñeros con las transnacionales rusas y chinas. Los trabajadores afiliados a la CUT tenemos la obligación internacionalista de solidarizarnos con el pueblo venezolano actuando de manera independiente frente a la intervención imperialista y las maniobras de Duque y sus secuaces de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiendo la salida de Maduro, los generales y la “boliburguesía” del gobierno y venciendo el bloqueo financiero del imperialismo.

El Plan no es desarrollo

Un examen detallado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Duque permite concluir que detrás de cada artículo hay un lucrativo negocio para un sector de la clase capitalista. En términos gruesos se puede afirmar que el PND profundiza la llamada “reprimarización” de la economía haciéndola más dependiente de la explotación y exportación de materias primas como el petróleo y el carbón, de los grandes proyectos hidroeléctricos y los cultivos extensos destinados a los agrocombustibles. Colombia será un país exportador de energía e importará todo lo necesario para el consumo de sus habitantes, agravando la desindutrialización, la crisis del agro y el desempleo. De otro lado se habla de la llamada “economía naranja”, uno de cuyos componentes es la industria cultural o de entretenimiento, la promoción del turismo o la innovación en aplicaciones menores. Afirman Duque y sus ministros que este plan estimulará a los “emprendedores”, la generación de empleo y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Estos planes no pasarían de ser fantasías caprichosas de un gobernante si no fueran una etapa más de los aplicados por los sucesivos gobiernos liberales, conservadores y del Centro Democrático de los últimos veinticinco años. El proceso de desindustrialización del país, de privatización de las entidades rentables del Estado –empezando por los servicios públicos–, de saqueo de los recursos naturales no renovables, de precarización de las condiciones de trabajo y de convivencia con la economía subterránea del narcotráfico han sido responsabilidad de todos los que han gobernado a Colombia en beneficio de los capitalistas nacionales y extranjeros, con resultados catastróficos para la población vulnerable del campo y la ciudad. El sector empresarial más beneficiado con el modelo económico es el financiero que este año ha vuelto a reportar ganancias multimillonarias mientras los demás se estancan, crecen frágilmente o retroceden en sus indicadores. Las condiciones han sido tan favorables al gran capital que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de anunciar que Colombia crecerá por encima del promedio latinoamericano a pesar del retroceso general de la economía en todo el subcontinente. Y a pesar de esos pronósticos, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo por la absurda concentración de la riqueza y con más del 60% de la población en la informalidad económica.

¡No a la tercerización: no más precariedad laboral!

La burguesía sabe que la riqueza sólo es producto del trabajo humano y la explotación de la naturaleza. De allí que para enfrentar la crisis que sacude la economía mundial desde 2008 haya desencadenado una ofensiva brutal contra los derechos laborales de los trabajadores, recortando el salario directo y el social representado en los servicios públicos a cargo del Estado, y tratando de convertir aceleradamente la salud, la educación y las obras públicas en fuente de negocios y ganancias.

Colombia no ha estado al margen de esa dinámica global. A la informalidad de la economía se ha sumado el deterioro sistemático de las condiciones de empleo, generalizándose la tercerización de la contratación a través de empresas intermediarias. El propio Estado es el principal violador de la legislación pues más de un millón de empleados estatales lo hacen en condiciones de inestabilidad laboral. Ese es el principal flagelo que azota a las familias trabajadoras. Es un hecho además que las mujeres reciben un 25% menos de salario por igual trabajo que los hombres o que no hay retribución económica por la actividad doméstica que garantiza la reproducción de la mano de obra a nivel general, a la que se denomina con el eufemismo de “economía del cuidado” y que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), contribuye con el 20% del PBI. Este empobrecimiento general se ha agravado con el ingreso de más de un millón de refugiados económicos venezolanos que huyen del régimen de Maduro y para los cuales los trabajadores colombianos debemos exigir ciudadanía inmediata para que no sean víctimas de la voracidad de los empresarios nacionales.

Frente a la precariedad laboral los economistas de Duque afirman que la causa principal es el alto costo del salario mínimo que equivale al 70% del salario promedio nacional. No sacan como conclusión que la mayor parte de los salarios en Colombia no superan los dos salarios mínimos y sólo un sector minoritario de trabajadores y empleados reciben altas remuneraciones. Por eso proponen que se establezca un salario mínimo diferencial por regiones, y entre el campo y la ciudad, al tiempo que se crea un salario inferior para el primer empleo con el objetivo de sobreexplotar a los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Por esa vía quieren disminuir el salario promedio a la mitad del actual. Argumentan que eso haría atractivo al país para la inversión extranjera y pretenden implementar una contrarreforma laboral en el PND.

El otro componente del plan de Duque es disminuir la inversión social en salud pública obligando a los usuarios a aportar más por menor calidad del servicio. En la misma dirección se está discutiendo una nueva contrarreforma pensional para terminar con el régimen de prima media que otorga Colpensiones y generalizar el régimen de ahorro individual de los fondos privados, al tiempo que se anuncia el aumento de la edad de retiro para hombres y mujeres; todo ello al servicio del capital financiero que especula con los aportes a salud y pensiones.

Fortalecer el movimiento sindical y social: democratizar la CUT

Los agresivos planes del gobierno de Duque y el imperialismo deben ser enfrentados con decisión por parte de los trabajadores y el pueblo colombianos concretando un paro cívico nacional o una huelga general. Esa resistencia ya se inició con el masivo movimiento de los universitarios al finalizar 2018 y la Minga Indígena de marzo y abril de 2019 que bloqueó el sur del país. Pero el primer problema a resolver para fortalecer la resistencia es superar la dispersión de las luchas. En esa perspectiva el papel de la CUT es fundamental. Sigue siendo la central sindical mayoritaria, a pesar de las maniobras de la patronal que ha creado centrales de bolsillo para restar capacidad de interlocución de la CUT frente al gobierno. Es lo que se constata en la actual negociación del pliego nacional de los trabajadores estatales y los pliegos sectoriales. La Fecode, por ser el sindicato mayoritario en la central sigue determinando los destinos de la misma, mientras los pequeños sindicatos de obreros industriales ni siquiera cuentan con la posibilidad de representación en el congreso, pues los antidemocráticos estatutos se lo impiden. El 96 % de los trabajadores colombianos no cuenta con organización sindical, y los sindicalizados deben enfrentar la persecución patronal, las amenazas continuas y los asesinatos selectivos. De allí que la principal tarea de la CUT sea promover la sindicalización masiva y democratizar la propia central, modificando sus estatutos para que la clase obrera industrial se ponga a la cabeza de la lucha. La actual dirigencia de la central –clientelista y burocrática– es el principal obstáculo para esa renovación, por eso es indispensable una revolución democrática al interior de la organización. Una expresión inicial de ese proceso es el sector antiburocrático que surgió en Fecode, luego de la traición que la dirigencia hizo del paro nacional de 2015. Siendo Fecode la columna vertebral de la CUT es un síntoma positivo la lucha por su democratización. Necesitamos constituir una corriente sindical revolucionaria que luche sistemáticamente por unificar las luchas desde las bases convocando a la movilización al conjunto del movimiento social, para derrotar los planes de Duque y el imperialismo y frenar el asesinato de líderes sociales.

¡Fuera las manos de Trump de Colombia y Venezuela!

¡Abajo el gobierno de Duque y su Plan Nacional de Desarrollo!

¡No más contratos precarios: trabajo estable para todos!