Víctimas de la corrupción y de las construcciones ilegales en Cartagena, luchan por sus derechos

En la noche del jueves 18 de enero, más de 100 familias de 16 edificios de apartamentos en la ciudad de Cartagena fueron sorprendidas por agentes de la Policía y funcionarios que en nombre del alcalde encargado Sergio Londoño Zurek y de su secretaria del interior Yolanda Wong les anunciaban que debían desalojar inmediatamente, tras decretar la condición de calamidad pública en sus viviendas con base en un cuestionado estudio hecho por la Universidad de Cartagena en el que se plagia una tesis de grado de una universidad mexicana.

La gente se resistió y a esa hora empezaron a circular por las redes sociales las imágenes de las familias, “todo esto es para tapar lo del puente que se le cayó a Vargas Lleras, esto es un cuento de Néstor Humberto Martínez para tapar la tragedia del puente de Chirajara”, decía uno de los habitantes.

Estas familias invirtieron el patrimonio de su vida en esos apartamentos que aún pagan a los bancos y que compraron con la confianza de que entidades como la Oficina de Control Urbano y las curadurías urbanas cumplían su labor, pues no era posible que en la ciudad se levantaran 16 edificaciones sin que estas entidades no se dieran cuenta. De hecho, según la Procuraduría, pueden ser más de 80 edificios en estas condiciones

Toda esta red de corrupción venía desde las administraciones de Dionisio Vélez y Manolo Duque, que permitieron una especie de boom de la construcción en la ciudad con edificios sin licencias, que no cumplían con las exigencias mínimas legales. Esta situación salió a la luz pública tras el desplome de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo de Cartagena en abril de 2017, que dejó 21 trabajadores muertos, que puso en evidencia este grave problema en la ciudad.

Los habitantes de los edificios no se niegan a la evacuación, pues es posible que existan problemas en edificios que por acción u omisión de la Alcaldía de Cartagena tuvieron licencias falsas, pero esperan una evacuación digna y con garantías y no con hostigamientos, como lo han hecho Sergio Londoño Zurek y Yolanda Wong, en medio de la noche y con un albergue indigno como alternativa.

Ya tienen la experiencia del edificio Portales de Blas de Lezo que fue evacuado. La Alcaldía lo dejó sin vigilancia, fue desvalijado y no cuenta con una planificación para hacer el reforzamiento que requiere. Yoneida Viloria, habitante de uno de los edificios Portales de los Caracoles, manifestó: “exigimos que nos ofrezcan condiciones transitorias dignas de viviendas equivalentes al valor de un arriendo durante el tiempo en los que se realizarán las obras para reforzar las estructuras del edificio y que el alcalde Sergio Londoño Zurek se comprometa a asumir la responsabilidad del refuerzo de las estructuras en el menor tiempo posible con partida presupuestal y un cronograma”.

La presión de las familias y la solidaridad que despertó en la ciudad esta injusta situación, hizo que la Juez Tercera Penal con Función de Control de Garantías suspendiera la medida y diera un plazo de ocho meses a la Alcaldía para estructurar este plan de evacuación, pero las familias saben que deben organizarse para defender su patrimonio, porque como lo manifiesta otro de los residentes, Óscar Ballesteros “si no han invertido los 12 mil millones de pesos que cuesta mitigar el riesgo que corren miles de habitantes de La Popa, a los que no los han declarado en situación de calamidad, qué esperamos con estos edificios que según ellos son ilegales”.