Construyamos el paro Nacional Universitario

El conflicto universitario por presupuesto ha quedado planteado. Se produjo paro en la Universidad Pedagógica Nacional, hubo procesos de asamblea permanente en la Universidad Distrital y anormalidad académica en universidades regionales como en la del Atlántico y Nariño. Finaliza 2017 y el problema se agudizará en 2018.

Autor: Unidad Estudiantil UNES

La crisis financiera de las universidades públicas se profundiza

La Ley 30 de Educación Superior dispone que el presupuesto asignado por parte del Estado a las universidades públicas tiene como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) lo que impide que las universidades reciban el dinero suficiente para cumplir con sus actividades académicas y misionales. Mientras que el IPC se mide en relación con el costo de la canasta familiar, los gastos de las universidades aumentan en proporción al avance tecnológico y científico que demanda inversiones considerables en equipos, laboratorios, software, investigación y en formación de la planta docente y administrativa.

Esta brecha financiera ya deja, según cálculos del Sistema Universitario Estatal, un déficit de alrededor de 15 billones de pesos para las universidades públicas. Prácticamente el gobierno financia cerca del 50% de la educación pública universitaria, mientras que la otra parte ha sido suplida por medio de la autofinanciación con cursos de extensión, programas de posgrado, matrículas y asesorías al sector privado.

Para colmo, todos los intentos del gobierno, a través del Ministerio de Educación y siguiendo las orientaciones de la OCDE, por paliar la decadente situación financiera de las universidades públicas, han sido en vano, ya que representan una fracción mínima del histórico déficit que padece la educación pública universitaria, como se evidencia en el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria), por medio del cual las universidades públicas recibirían el 40% de lo recaudado por medio punto del IVA, sin embargo el dinero no se asignará de manera directa a las Instituciones de Educación Superior. Por medio del programa Ser Pilo Paga, se han desviado alrededor de $1,2 billones de dinero público hacia instituciones privadas para financiar la educación de unos 40 mil jóvenes. Como asegura el profesor Adolfo Atehortúa, con ese mismo dinero, se habrían podido beneficiar alrededor de 500.000 estudiantes en universidades públicas de todo el país, que han ampliado su cobertura careciendo de recursos.

La expresión de la crisis en las universidades

Consecuencia del déficit presupuestal, la mayoría de las universidades públicas padece de serios problemas de infraestructura que van desde la falta de espacios académicos hasta la desaparición física de los mismos por el deterioro natural, como es el caso del edificio de Arquitectura de la Universidad Nacional, poniendo en riesgo la propia vida de la comunidad universitaria. También limita el pleno desarrollo académico al no contar con las suficientes herramientas y equipos que éste demanda, y que exigen los procesos de acreditación y calidad.

La calidad académica disminuye por la precarización de la contratación docente y administrativa al aumentar la cantidad de profesores ocasionales o de cátedra y los trabajadores administrativos tercerizados, a lo que se suma la eliminación de programas de bienestar que garanticen la plena culminación de los programas académicos por parte de los estudiantes.

Esta crítica situación ha llegado al punto que las propias directivas de las universidades, incluso sus sectores más conservadores y cercanos al gobierno, se han visto obligadas a manifestarse en contra de la situación y a favor de las movilizaciones estudiantiles que empiezan a proliferar. También aparece la posibilidad del cierre de instituciones como la Universidad del Tolima, y de la eliminación de programas, como ha sucedido con las licenciaturas que no superan los procesos de acreditación ahogadas por la falta de recursos.

Se necesitan soluciones de fondo

La Ley 30 es una traba para la financiación de la educación pública universitaria, por lo tanto su derogatoria y la implementación de un sistema de educación financiado en su totalidad por el Estado que garantice gratuidad, calidad y libre acceso directo desde el bachillerato, es la única vía hacia un real proceso de democratización de la educación superior del cual pueda participar toda la población obrera y popular.

Dinero para garantizar el derecho a la educación si hay: solo basta con decretar el no pago de la deuda externa, disminuir el salario de los congresistas al de un trabajador promedio, redirigir el gasto militar tras la desmovilización de las guerrillas hacia el sector educativo, expropiar a los corruptos, y establecer impuestos a las grandes empresas y multinacionales, para aumentar considerablemente la base financiera de las universidades públicas y pagar el déficit histórico con el que cargan. Los gobiernos no contemplarán ninguna de estas alternativas que se escapan a los planes del Acuerdo 2034 en conjunto con las orientaciones de la OCDE, los cuales se ejecutan sin importar quién esté a la cabeza del gobierno, por lo tanto, ningún candidato atado a estas políticas, merece el voto de la comunidad universitaria.

Movilización y organización permanente y democrática

Como lo demostró el movimiento estudiantil en 2011, la única forma de enfrentar y derrotar los planes del gobierno descritos anteriormente –y además exigir la efectiva solución a la crisis financiera de la educación superior pública– es movilizándose en las calles como lo han hecho los estudiantes de la UPN y la UPTC en esta última ola de protestas desatada contra Ser Pilo Paga y por financiación de las universidades.

Igualmente, solo es posible darle continuidad a las expresiones de movilización y de lucha si se configuran procesos organizativos democráticos y de base (como los consejos y las asambleas estudiantiles), que respondan a las necesidades inmediatas de los estudiantes y la comunidad universitaria en coordinación triestamentaria, por encima de los planes de los partidos políticos que influencian el movimiento, y a su vez independientes del gobierno de Santos y sus fichas electorales.

El actual proceso de movilización debe confluir en un gran Encuentro Nacional Universitario de emergencia, el cual discuta un plan de lucha hacia un Paro Nacional Universitario que pueda hacerle frente a los planes del gobierno de Santos y revertir la desfavorable situación para las universidades. Debe configurarse además una nueva dirección del movimiento que esté a la vanguardia de la movilización y la democracia de las bases, que no ceda a la concertación y a la desviación de la lucha al terreno electoral o parlamentario.