La Paz de los de Arriba es Guerra Social Contra los de Abajo

Los trabajadores y la población en general estamos hastiados de la violencia y por eso hay un sentimiento compartido para que la insurgencia firme un acuerdo de  paz. Pero el gobierno está aprovechando el ambiente para profundizar la guerra social. La paz que quiere el gobierno, el imperialismo y sus multinacionales, los terratenientes y los empresarios, es la paz social, una paz sin conflictos sociales, para mejor explotar el trabajo y aumentar ganancias a costa de profundizar la miseria. Es paz para los de arriba y guerra social contra los de abajo.

Es una paz que también le sirve a Uribe y al sector burgués que representa. Su «resistencia civil» no es más que un nuevo capítulo en las disputas interburguesas relacionadas con  la negociación de paz con las Farc. Expresa la resistencia de los terratenientes y sus ejércitos paramilitares que se niegan a la restitución de las tierras usurpadas a los campesinos pobres.

Mientras Santos habla de paz, toma medidas agresivas contra los trabajadores para que los capitalistas nacionales y extranjeros aumenten sus ganancias, dándoles herramientas para profundizar la precarización laboral. Es así como el 8 de abril el Ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón, otrora sindicalista, aprobó el decreto 583 por el cual se legaliza la tercerización laboral. Con la firma de este decreto Garzón se va del Ministerio dejando a los trabajadores sin estabilidad laboral y en condiciones de profunda precariedad, a cambio a los empresarios les deja un apreciado regalo.

El gobierno ha anunciado una reforma tributaria, aunque ya está ejecutando aspectos de ella, cuyo contenido es aumentar impuestos a los pobres y reducirlos a los ricos; vende las empresas estatales rentables para invertir en proyectos cuyo dinero quedará en manos de empresarios nacionales y extranjeros, con lo que se pierden recursos de estas empresas que se sumarían al presupuesto nacional; profundiza la transferencia de dinero del presupuesto nacional a los empresarios privados de la educación y la salud a través de planes como “ser pilo paga”.

Mientras se anuncia la firma de la paz, no se concreta la restitución de la tierra a los campesinos pobres. Se afirma que en los 5 años de haberse aprobado la Ley con este objeto, sólo se ha restituido el 3.4%, y han sido asesinados 72 reclamantes.  En las negociaciones de paz con la insurgencia se incluye un pacto de impunidad para los victimarios,  entre tanto continúa el asesinato de dirigentes políticos y sociales, la mayoría de la Marcha Patriótica; estallan escándalos de corrupción porque los políticos, los grandes burgueses y los gobiernos se roban billones de pesos del presupuesto nacional y de la riqueza que producimos los trabajadores. Todo esto y mucho más mientras nos piden que apoyemos su paz social.

Parte del plan de la guerra social de Santos ha sido cooptar a las direcciones sindicales y políticas mayoritarias del movimiento obrero y popular, para que concerten sus planes. Es decir que a cambio de tener a los dirigentes en la oposición organizando y enfrentándolo con la lucha directa, los gana para que aparezcan “negociando civilizadamente” los planes con la política de concertación, que en realidad es una forma velada de buscar su aprobación.  A cambio hay grandes negocios y prebendas, como proyectos para hacer pedagogía de la paz al interior del sindicalismo.

Parte de la política de cooptación fue el nombramiento de  Luis Eduardo Garzón como Ministro de Trabajo, quien terminó aprobando medidas más agresivas contra los trabajadores, que sus antecesores.  En su remplazo nombró a Clara López del Polo para que continúe la tarea, y para que la izquierda reformista quede más amarrada y colaborando más con el gobierno de la guerra social.

Pero los trabajadores tenemos serios problemas para enfrentar y derrotar el plan del gobierno y la guerra social que nos han declarado. Uno de ellos es que los dirigentes que están al frente de las organizaciones lo están apoyando al apoyar su paz. Lo apoyaron para que fuera reelegido. Han adoptado y defienden la política de concertación a cambio de convocar un verdadero paro nacional y llamar con claridad a derrotar el plan antiobrero de Santos.

Mientras no elijamos otros dirigentes, es decir una nueva dirección, y mientras en las organizaciones no tengamos mecanismos para impedir que los arribistas terminen en las direcciones de los sindicatos, controlándolos y comportándose como sus dueños, buscando privilegios individuales y vendiendo a los trabajadores, debemos exigir y presionar, mediante resoluciones de asambleas y juntas directivas, para que convoquen a la movilización, y participar en las reuniones y en el encuentro nacional que han convocado para julio, y que allí se vote un verdadero paro nacional.

Comité Ejecutivo PST, 16 de mayo de 2016