Nuestros candidatos exigen garantías

El Partido Socialista de los Trabajadores ha tomado la decisión de presentar candidatos a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta decisión responde a la necesidad que tienen los trabajadores de levantar candidatos propios que defiendan sus intereses y enarbolen, sin tapujos, el programa de la revolución socialista.

Autor: Comité Ejecutivo, 11 de septiembre de 2017.

Los candidatos de las viejas castas políticas burguesas tienen como programa defender los intereses de los más ricos. Se presentan divididos a las elecciones, pero es una división mezquina y sin principios. Se pelean por el control del Estado del que se enriquecen por medio de los contratos y la corrupción. Pero se unen cuando se trata de enfrentar las justas peticiones de los trabajadores y de impedir que se presenten como alternativa de gobierno para la sociedad.

En las elecciones lo que se discute y se define es qué tipo de sociedad se propone y quien gobierna. Y solo existen dos posibilidades de sociedad y gobierno: el capitalismo y el socialismo, los gobiernos burgueses y los gobiernos de los trabajadores. No hay salidas intermedias. Por esa razón la burguesía, los gobiernos y las direcciones reformistas y conciliadoras de la izquierda hacen todo lo que pueden para mantener a los obreros al margen de la batalla política. Por eso redactan leyes y estatutos electorales que les impiden presentar ampliamente su alternativa al capitalismo y la explotación.

La Constitución del 91, redactada y aprobada con los votos a favor del M19 y el Partido Comunista, es un buen ejemplo de esa práctica antidemocrática. Es una constitución redactada para impedir que los obreros y los trabajadores más pobres puedan presentar candidatos que expongan abiertamente su programa social y político. La democracia burguesa le teme a la participación democrática de los explotados.

Sin embargo, cuando le conviene, la burguesía y su gobierno pasan por encima de su propia legislación y conceden privilegios a algunas organizaciones de la izquierda, a cambio de que manifiesten públicamente su intención de incorporarse al régimen burgués antidemocrático, pero nunca los aceptarán como iguales. Ese es el contenido de los acuerdos de paz firmados con las Farc y que actualmente negocia con el ELN.

Los trabajadores socialistas, que por principios defendemos los derechos democráticos de toda la población, apoyamos el derecho de las Farc a participar abiertamente en la política, sin ninguna restricción. Pero no los acompañamos en su apuesta política de no presentar candidato propio y unirse alrededor de un candidato “que garantice el desarrollo de los acuerdos de paz”. Eso, en últimas, significa unirse para gobernar con las fuerzas burguesas que apoyaron al gobierno de Juan Manuel Santos en la política de paz y negociación con esa fuerza guerrillera. Con esa propuesta coinciden, palabras más, palabras menos, la mayoría de las fuerzas de la izquierda tradicional. Ningún argumento justifica esa renuncia que compromete la necesaria independencia que deben tener los trabajadores.

Por eso hemos decidido presentar candidaturas obreras y socialistas, para las que exigimos las mismas garantías que se les conceden a los partidos burgueses y a las organizaciones que han surgido de las negociaciones de paz. No pedimos ningún privilegio, ni curules ni dinero. Solo exigimos el legítimo derecho a inscribir nuestros candidatos para que puedan presentar el programa del socialismo a la consideración de los explotados. Y exigimos ese derecho sin tener que someternos a la denigrante tarea de recoger firmas en total desigualdad de condiciones con los grandes burgueses que disponen de infinitos recursos financieros para hacerlo. Este mecanismo tramposo ahora sirve para lavarle la cara a políticos de partidos que son corruptos como a Vargas Lleras.