Madres comunitarias con pensión: Conquista de la lucha

 La Corte Constitucional ha ordenado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pagar a las madres comunitarias la pensión, lo que constituye una importante conquista producto de una lucha de varios años y que se convierte en un gran ejemplo para el movimiento obrero. Ahora es necesaria la unidad para luchar por el contrato realidad que sería una conquista de todos los trabajadores contra la tercerización laboral.

Autor: Katherine Álvarez, del grupo de abogados defensores de las madres

Las madres comunitarias, desde 1988 comenzaron a prestar sus hogares para el cuidado de niños de la primera infancia. La labor se inició como un voluntariado. El Estado no asumió esa responsabilidad social porque ese trabajo no se consideraba que tuviera un valor productivo. Ese servicio ha permitido que lo hijos de trabajadores sean cuidados mientras ellos laboran. Las madres se organizaron sindicalmente, mayoritariamente en el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia y Adolescentes en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi)

Las modalidades

Hay cuatro modalidades: las madres comunitarias que están todo el día en el hogar cuidando los niños, la Fami que atienden talleres y acompaña a madres lactantes y gestantes, las madres tutoras que atienden niños y adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, y las madres sustitutas que se encargan de niños con discapacidad cuidándolos las 24 horas.

Cómo comenzó la historia de la lucha

Antes de 2012 una madre que se enfermó de VIH fue desvinculada, pero ella interpuso una tutela y salió una sentencia que le reconocía el derecho de pensión. La madre murió y no pudo disfrutarla.

Antes de 2013 las madres comunitarias tenían una beca, un pago de $100.000 (30 dólares) aproximadamente. A partir de la sentencia favorable a la madre que murió, las madres se organizan y comenzaron a luchar por el contrato laboral, con paros, con movilización y presentando pliegos. En 2013 comenzó la negociación con el gobierno. En 2014 lograron que les reconocieran el contrato laboral pero a través de operadores o asociaciones, no directamente con el ICBF, es decir, mediante tercerización laboral.

Los abogados les planteamos que la lucha había que continuarla por el contrato realidad; la pelea porque se reconozca que existe un vínculo laboral entre las madres comunitarias y el ICBF, porque cumplen un horario y prestan un servicio, por lo tanto están subordinadas y eso configura un contrato laboral.

Lo fundamental es la lucha política, lo jurídico es un instrumento insuficente

Hay 12 oficinas de abogados a nivel nacional y se coordina desde la oficina de Bogotá, oficina de la cual hago parte como abogada.

Siendo abogados les advertimos a las madres que la pelea jurídica había que darla, pero que lo fundamental era la lucha política, que tiene que darse en la calle, con la movilización. Hoy Sintracihobi es una organización que puede demostrarle al movimiento obrero que los derechos se pelean es en la calle. Algunos sindicatos creen que la pelea por las reivindicaciones de los trabajadores es jurídica, y no lo es. La lucha es política, con la movilización. La lucha jurídica sola es infructuosa.

Tras una conquista hay luchar por otra

Los abogados interpusimos unas tutelas, por el contrato realidad y el reconocimiento pensional. Pero los jueces fallaron en contra. Entonces recurrimos a la Corte Constitucional en abril de 2016. Fue un momento muy fundamental porque fue en medio de uno de los paros más importantes impulsado por Sintracihobi, porque estaban despidiendo madres que estaban enfermas y por otro tipo de problemas. Logramos que las madres continuaran hasta 2019, fue el pacto que se hizo con el gobierno nacional. Había muchos argumentos para que la Corte aceptara revisar las tutelas. La Corte revisó las tutelas de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Nariño, 106 tutelas en total.

La Corte emitió la sentencia T-480 el 25 de noviembre de 2016, otorgando todos los derechos a las madres, reconociendo que tienen derecho a la pensión y un contrato realidad con el ICBF. Se reconoce, además, que el Estado colombiano le está violando los derechos a las madres comunitarias. Ante ello el ICBF interpuso un recurso de nulidad argumentando entre otras cosas la sostenibilidad fiscal, afirmando que el Estado no tenía con que pagar ese dinero, cosa que no es cierta, porque conocemos las multas que se han tenido que pagar por Reficar y Odebrecht, pero para los pobres no hay dinero.

Fuerte presión del gobierno de Santos contra las madres

Las madres comenzaron a movilizarse con mucha fuerza a nivel nacional, se organizaron varias tomas de Bogotá para presionar a la Corte Constitucional que mantuviera la decisión a favor de las madres comunitarias. Pero el gobierno hizo un lobby impresionante; una presión muy grande para que no se les reconociera los derechos, pero especialmente porque la sentencia de la Corte atacaba la tercerización laboral, lo que significaba que era una conquista que se podía extender a todos los trabajadores colombianos que padecen con la tercerización laboral.

Lo ejemplar de la lucha es que muchas de las madres son de la tercera edad, hay algunas de 80 o más años, otras con discapacidad, pero se movilizaron y varias de ellas viajaron varias veces a Bogotá en transporte terrestre en recorridos de 12 y hasta 20 horas.

Ante la presión del gobierno, el 17 de abril de este año la Corte anuló parcialmente la sentencia de noviembre, aceptando el criterio de sostenibilidad fiscal argumentado por el ICBF.

La Corte anuló la parte de la sentencia T-480 de 2016, referida al contrato realidad, los salarios y las prestaciones sociales, pero mantuvo el reconocimiento de la pensión y el retroactivo. La Corte retrocede en la sentencia, pero en comparación con el año pasado, que las madres no tenían nada, hoy tienen una pensión. No solo las 106, sino todas las madres que acudan, mediante tutela a exigir ese derecho.

Si se lucha se puede ganar

La conclusión es que la pensión es un gran logro, pero es producto de la lucha. Es un gran ejemplo para el movimiento obrero. Con la lucha es posible lograr conquistas, reivindicaciones y derechos. La población en general, apoyó y simpatizó con esta lucha, entendió que era una lucha justa de unas mujeres que habían dado su vida por cuidar los niños de los trabajadores y la población más pobre, que el Estado no había asumido esa responsabilidad. La lucha por el contrato realidad se seguirá dando en Colombia, y se acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.