Del paro nacional de magisterio hacia el paro cívico nacional

El paro de magisterio, prolongado, con participación masiva de los maestros y simpatía de los padres de familia, ha enviado un mensaje contundente, al gobierno nacional, de resistencia y de inconformidad ante su política inequitativa, complaciente con los ricos y desconocedora de los derechos de los pobres. Pero también para la dirección sindical, que no debe concertar con el gobierno dádivas o negociar sin el consentimiento de las bases.

Autor: Freddy  Ruiz Ayala

Vigilar los acuerdos y luchar en las calles hacia el paro cívico nacional

Ante el reiterativo incumplimiento del gobierno Santos con acuerdos firmados, de promesas electorales incumplidas y ante la política de descargar la crisis económica capitalista sobre los pobres, una y otra vez han saltado los conflictos laborales y sociales, exigiendo los más elementales derechos.

Es necesario vigilar el cumplimiento los acuerdos y mantener la decisión de lucha en las calles, profundizar los procesos organizativos por la base y organizar el paro cívico nacional. A este gobierno le queda un año y prácticamente todos los conflictos por resolver.

El principal obstáculo planteado por el gobierno ha sido económico, de disponibilidad presupuestal y las limitaciones del sistema general de participaciones, por eso la lucha debe ser por eliminar esos obstáculos, recuperar el situado fiscal, obligar al gobierno a que el 50% de los ingresos de la nación se dediquen a salud educación y saneamiento ambiental, a que se reduzca el presupuesto para las Fuerzas Armadas y ese dinero se invierta socialmente, que se deroguen todas las normas que al amparo del acto legislativo 01, y 04 y la ley 715 de 2001, materializaron una contrarreforma educativa. El SGP ya cumplió su tiempo de vigencia. Que la crisis la paguen los ricos.

Más presupuesto para la educación

La educación pública estatal requiere que se incremente el presupuesto para su funcionamiento, para infraestructura y para recursos didácticos y pedagógicos. Requiere que se le libere de los criterios mercantiles neoliberales como los parámetros de número de estudiantes por curso y de número de profesores, directivos y administrativos según número de estudiantes. Que se le libere de los criterios de certificación, acreditación e índice sintético de calidad. El conocimiento no es una mercancía y el presupuesto no debe supeditarse a los criterios capitalistas de “productividad”.

La evaluación en la educación es un acto cotidiano para evidenciar avances y debilidades en el ejercicio pedagógico, pero también el cumplimiento de las responsabilidades institucionales del Estado, por ello no puede estar ligada al derecho de ascenso y mejora salarial de los maestros. El propio Carlos Rivas, presidente de Fecode, en sus intervenciones públicas ha reconocido que el ascenso en el escalafón debe contemplar solamente estudios y tiempo de servicio docente. Debemos luchar por derrotar la ECDF.

Más aprendizajes y más tiempo de aprendizaje son derechos de los estudiantes y sus familias, pero también más cupos escolares tanto en preescolar, básica y media, como en la educación superior, a cargo del estado, pero para ello se requiere más inversión del Estado y un cambio drástico en la política educativa, para que el tiempo del estudiantado no sea solo de permanencia al interior de los claustros, sino de real aprendizaje y avance científico, cultural, tecnológico. Por esta razón debemos rechazar la imposición de la jornada única y exigir que se respeten las tres jornadas existentes, la ampliación de la cobertura y la dotación de las instituciones sin condicionamientos más allá que las propias necesidades de las comunidades educativas. Debemos rechazar los colegios en convenio y las concesiones, defendiendo el dinero público para la educación pública. En este sentido rechazar la política de “ser pilo paga”, que le está entregando los dineros a las universidades privadas, mientras que la universidad pública se derrumba. Además los cupos en la universidad pública se reducen.

Estatizar la salud

El magisterio es víctima de la crisis de la salud. En perspectiva la lucha es por derogar la ley 100 y reestatizar el servicio médico asistencial, para eliminar el negocio y recuperar el derecho. En ese sentido, recuperar la red hospitalaria pública y exigir al estado que de manera directa preste el servicio.

El magisterio, sus organizaciones sindicales, junto con las centrales obreras, debe colocarse al servicio de la discusión de estos temas, que junto con la exigencia de incremento salarial real, y las necesidades más sentidas, deben articular la lucha de la población en general. Igualmente a la cabeza de organizar las comunidades, constituir los comités cívicos y darle impulso al paro cívico nacional.

Toda decisión en la negociación debe ser consultada con las bases. En todo momento se deben realizar asambleas, para discutir avances, dificultades y salidas posibles. Son las bases  quienes deben definir qué hacer con la lucha propia. No debemos esperar a que la dirección informe sus decisiones a la base. La dirección debe consultar sobre el desarrollo de las negociaciones.

¡Plata si hay!

El gobierno dice que no hay dinero para las peticiones de los trabajadores y los pobladores que han tenido que ir a la lucha en las calles. Pero se puede constatar que dinero si hay, solo que es invertido de manera inequitativa o cae en manos de los corruptos que se enriquecen impunemente con los dineros públicos. Veamos donde está el dinero.

Para el pago de la fraudulenta deuda externa en 2017 se destinó 54 billones de pesos; El programa “Ser pilo paga” le entrega 18 millones de pesos por estudiante a la universidad privada para atender 10 mil estudiantes. Con este dinero alcanza para atender a 40.000 estudiantes en la universidad pública, hay que exigirles a las universidades privadas, que bequen a los estudiantes pilos, como participación retributiva de sus ganancias en los costos de matrícula y sin recibir dineros públicos; que los 2 millones de pesos que pagan por estudiante a los colegios en convenio o en concesión, vayan a los colegios públicos como presupuesto adicional y que se acaben estos negocios con los cupos escolares;

Si se reduce solo al 50% los 30 billones de pesos destinado a las fuerzas armadas, ahora que se ha firmado la paz, hay 15 billones para salud y educación; los 5 billones de pesos del contrato de salud para el magisterio, que va a parar en los bolsillos de los empresarios, debe ir a la red hospitalaria pública; que el 50; que los 7 billones de pesos de la reforma tributaria vayan para salud educación y agua potable. Que se expropien a los corruptos que se han robado el erario y han desfalcado al país en contratos fraudulentos en construcción de vías o de infraestructura como la refinería Reficar y Obredecht, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo. Como se puede ver, dinero si hay. Está en manos de los ricos y los corruptos pero lo niegan a los trabajadores y los pobres.