La comunidad educativa del Colegio Sierra Morena IED ha sido testigo de un hecho inaceptable: la entrega de un laboratorio de robótica destinado a fortalecer los procesos académicos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) fue impedida por decisiones arbitrarias de quienes debían garantizar su ingreso. Esta situación no es una disputa menor entre funcionarios de distintos niveles del gobierno distrital y el gobierno nacional; es el reflejo de la disputa electoral nacional y de cómo la mezquindad política y la burocracia estéril siguen arrebatando oportunidades a la juventud popular de Ciudad Bolívar.

Desde hace meses se venía gestionando la donación de equipos de laboratorio por parte del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación al colegio Sierra Morena en Ciudad Bolívar en Bogotá. Este proceso estaba en el punto de la realización de un evento en el colegio de protocolización de la entrega, el cual ha sido impedido por el Rector del Colegio bajo órdenes de la Secretaría de Educación de Bogotá del alcalde Galán. Bajo argumentos falaces y mentirosos de un supuesto interés en que no se “pierda clases” se impidió la realización de este evento. Mientras el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación (Minciencias) había realizado la articulación institucional correspondiente y confirmado previamente el evento, la Secretaría de Educación de Bogotá, a través del director local Jhon Páez y del Rector Walter Fredy Sosa Hernández, decidió impedir el ingreso del equipo de Minciencias. Los argumentos esgrimidos fueron, entre otros, que la actividad pretendía suspender clases para el ingreso de 1.500 personas externas. Sin embargo, esta justificación resulta, cuando menos, sospechosa, pues ignora que existen mecanismos claramente establecidos para el uso de instalaciones educativas en eventos externos, los cuales no pueden ser utilizados de manera discrecional para bloquear iniciativas que benefician directamente a la comunidad.

Por su parte, el Director General de Educación y Colegios Distritales, Javier Eduardo Barón Cabra, mediante el memorando RAD I-2026-64401, recuerda a rectores y rectoras que los espacios escolares están destinados principalmente a procesos pedagógicos, y que cualquier solicitud de uso para eventos externos debe ser reportada de inmediato a la Dirección General para evaluar su “pertinencia”. En la práctica, este mecanismo, diseñado para proteger la seguridad y el derecho a la educación, se habría convertido en una herramienta de control discrecional. No es un protocolo neutro: es un filtro político, pues lo que se evaluó no fue la pertinencia pedagógica, sino la inconveniencia política de que el gobierno nacional mostrara la donación como un logro visible en un colegio de Bogotá.

¿Acaso la formalización de la entrega de equipos destinados a la mejora de la calidad educativa en ciencias y tecnología es un evento externo sin pertinencia pedagógica? Pareciera que el uso político de los colegios distritales se lo abroga el alcalde y sus funcionarios quienes deciden cuándo y cómo usan los espacios públicos de los colegios para promocionar su política distrital.

La respuesta de la Secretaria de Educación, Julia Rubiano, no hace sino profundizar la contradicción: “Todas las dotaciones y proyectos que fortalezcan la educación pública son bienvenidos”, afirmó, mientras su dependencia cerraba la puerta precisamente a uno de esos proyectos. Su pregunta a la ministra Yesenia Olaya —“¿Cuándo les va a entregar a los estudiantes de Ciudad Bolívar el laboratorio?”— resulta desconcertante, pues precisamente esa entrega era el objeto de la visita que su administración impidió. La ciencia y la educación no pueden seguir siendo rehenes de cálculos políticos ni de disputas entre el gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá.

La Secretaría de Educación sostiene que la actividad no correspondía a la “instalación” del laboratorio, sino a un “anuncio institucional” que implicaba el ingreso de cerca de 1.500 personas externas y la suspensión de clases. “Una cosa es llevar capacidades a los colegios y otra suspender clases para realizar eventos masivos dentro de las instituciones educativas”, señaló, añadiendo que lo que se buscaba era “hacer un acto proselitista”. La secretaria respondió así a la ministra Olaya a través de sus redes sociales. La Secretaria de Educación ahora rechaza lo que gobiernos anteriores hacían con plena libertad: autopromocionarse mostrando logros en tiempo de elecciones. ¿Acaso había denuncias de que el evento iba a promocionar a algún candidato? ¿A caso se iba a constreñir el voto de los participantes o de la comunidad de ciudad Bolívar?

El choque entre el gobierno nacional y la Alcaldía de Carlos Fernando Galán parece haber encontrado un campo de batalla inesperado: la puerta de un colegio público en Ciudad Bolívar. La secretaria de Educación ha sido enfática: “El debate de fondo no es administrativo, es político. Pero no de nuestro lado”, declaró a medios. Mientras tanto, la ministra Olaya sostiene que “la ciencia y la tecnología no pueden seguir siendo privilegios distantes para las juventudes populares”.

Mientras gobierno distrital y nacional dirimen sus contradicciones, quien debería defender los intereses de la comunidad educativa, su rector actuó como agente de la administración distrital. Mientras estudiantes y profesores solicitaban un espacio de diálogo formal dentro del colegio, el rector no ofreció ninguna instrucción oficial ni información clara sobre las razones del rechazo al proyecto del laboratorio. Peor aún: tras las manifestaciones estudiantiles, que los docentes acompañaron salvaguardando su seguridad y bienestar, se habría impedido el ingreso de estudiantes al colegio. Como consecuencia, cerca de mil raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) dejaron de entregarse, afectando derechos fundamentales a la educación y a la alimentación. Eso no es defender el tiempo escolar: es castigar a la comunidad por ejercer su derecho a la protesta.

La defensa del tiempo escolar no puede convertirse en un escudo para la inacción ni en un instrumento para negar oportunidades. Mientras los estudiantes y sus familias, expresan con claridad su deseo de acceder a la ciencia y la tecnología, las directivas del colegio y la administración distrital parecen más preocupadas por defender sus intereses políticos que por garantizar el derecho a la educación científica. Exaltamos la lucha que los estudiantes del Colegio Sierra Morena IED y sus familias llevan a cabo por la defensa de sus derechos.

El debate de fondo no es solo administrativo y logístico: es pedagógico y social. La ciencia y la tecnología no pueden seguir siendo privilegios distantes para las juventudes de localidades como Ciudad Bolívar. Por eso rechazamos cualquier intento de instrumentalizar el derecho a la educación con fines políticos.

Históricamente, la educación pública ha sido despojada de la infraestructura y los recursos necesarios para que los estudiantes hijos de la clase trabajadora accedan a lo mejor de la ciencia, la tecnología y la cultura. El presupuesto para la educación pública, el que llega efectivamente a los colegios, es disminuido cada año, bajo criterios de austeridad neoliberal, lógica que no ha sido modificada por cuatro años del gobierno del cambio. Los recursos educativos siguen siendo girados condicionados al número de estudiantes. Así se premia el hacinamiento y se castiga la baja matrícula. Mientras cursos son fusionados, jornadas son desarticuladas y docentes sacados de las instituciones, el poco presupuesto se va a las arcas de millonarios contratos con fundaciones privadas que se lucran del negocio de la educación. Así los recursos tecnológicos y la infraestructura de los colegios se deterioran y desactualizan, los proyectos liderados por docentes cuentan con pírricos recursos que no alcanzan para nada. Los gobiernos nacionales y distritales son los responsables de esta situación, y ahora son quienes de manera mezquina impiden una mejor educación.

Por eso exigimos:

• Al gobierno nacional, a través de Minciencias, fije una nueva fecha para la entrega efectiva y puesta en funcionamiento del laboratorio, con veeduría ciudadana, defensores de derechos humanos y organismos de control (Personería, Procuraduría, Contraloría), para que ningún funcionario vuelva a cerrar la puerta.
• A la Secretaría de Educación de Bogotá: que cese el bloqueo de iniciativas científicas y pedagógicas provenientes del gobierno nacional y que garantice condiciones reales para la entrega del laboratorio STEM.
• Al rector Walter Fredy Sosa Hernández rinda cuentas sobre su actuación y garantice canales de diálogo efectivos con estudiantes y toda la comunidad educativa.
• A la Alcaldía de Carlos Fernando Galán instruya a sus funcionarios para que su evidente simpatía por la derecha no se traduzca en el bloqueo de oportunidades para las y los estudiantes de colegios públicos.

Llamamos a la comunidad educativa de Bogotá a rechazar esta instrumentalización de los protocolos administrativos con fines políticos. Si hoy le cerraron la puerta a la ciencia en Sierra Morena, mañana se la cerrarán en cualquier otro colegio.

Respaldamos plenamente las movilizaciones y las vías de hecho de las y los estudiantes, como ejercicio legítimo de su derecho a la protesta y a la participación en defensa de sus derechos.

Bogotá., D.C.  mayo 28 de 2026 Unidad Docente PST