Uribismo, narcotráfico, paramilitarismo y régimen político

Para comprender el uribismo es necesario, partir del contexto en el que la burguesía ganadera y terrateniente se convirtió en narcotraficante al ingresar en el negocio de las drogas ilícitas, especialmente el de la cocaína, fortaleciendo el carácter represivo del régimen político colombiano con la organización de grupos armados privados como nueva versión del viejo paramilitarismo del Partido Conservador.

El narcotráfico como pretexto para la intervención imperialista

El narcotráfico se ha mantenido en forma ilegal, convenientemente, no solo para mantener altos los precios de la cocaína, sino también como pretexto para la intervención imperialista en Latinoamérica. Expresión de ello fue la reciente orden de Trump para desplazar tres buques de guerra, un submarino nuclear con capacidad misilística y 4.000 militares a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico. ¿Pero quién va a creer que para combatir al narcotráfico se necesitan misiles?

Con esa historia, de combatir el narcotráfico, asesinaron a Omar Torrijos, el presidente de Panamá. Después persiguieron a Manuel Antonio Noriega, también presidente panameño, para encarcelarlo en Estados Unidos e invadieron el país causando más de 500 muertos.

¿Por qué el imperialismo no ha pedido en extradición a Uribe?

La participación de Álvaro Uribe en el negocio del narcotráfico de cocaína no es un secreto. Fue funcionario de los carteles del narcotráfico cuando fue director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Uribe reemplazó al anterior director, Fernando Uribe Senior, asesinado por el narcotráfico, al no haber cedido a entregar licencias para aeronaves de esa mafia, en el gobierno de Turbay Ayala.

El padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra, también estuvo ligado al cartel del narcotráfico de los Ochoa en los años ochenta.

…Cada vez que alguien se atreve a explorar el pasado del doctor Álvaro Uribe o de los suyos es inmediatamente criminalizado por él y por sus devotos. En Colombia, está prohibido decir, entre muchas cosas, que el padre de Álvaro Uribe era parte del círculo íntimo del clan Ochoa. Que don Alberto Uribe Sierra actuó como rejoneador para la fundación Medellín sin Tugurios de Pablo Escobar y que existen fotos suyas en esa faena. Que el libro de Fabio Ochoa, el patriarca del clan, abunda en elogios a Alberto Uribe Sierra y que habla de su hijo Alvarito como futuro presidente de Colombia. ¡Que visión la de don Fabio!

No se debe hablar tampoco de la foto de 1985 que muestra a don Santiago Uribe Vélez –ahora cómodamente detenido en una instalación militar por su presunta responsabilidad en los crímenes del grupo Los 12 Apóstoles– posando al lado del hoy extraditado Fabio Ochoa Vásquez y de otros personajes ya cuestionados en esa época.

La enumeración podría seguir con el helicóptero que heredaron el doctor Uribe y sus hermanos y que fue encontrado en Tranquilandia. La venta de la aeronave a un tercero solo fue ingresada al registro aeronáutico después de que había sido encontrada en el complejo coquero. (Daniel Coronel, La criminalización del que investiga, columna publicada en la revista Semana del 8 de abril de 2016)

Como director de la Aerocivil no fue funcionario exclusivo de un cartel del narcotráfico, sino de todos.

…el 8 de septiembre de 1983 el diario El Tiempo publicó que el ministro Lara Bonilla había desarrollado un debate en la Cámara de Representantes, en el que dijo que, gracias a la débil labor de la Aerocivil, personas como Pablo Escobar Gaviria poseían tres hangares en el aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones para transportar exclusivamente droga.

Lastimosamente esas palabras fueron la sentencia de muerte de Lara Bonilla.

…desde su cargo de director de la Aeronáutica Civil, repartía licencias y autorizaba las pistas de las tantas aeronaves que subían y bajaban cargadas de cocaína”. (Iván Duque Escobar, padre del expresidente Iván Duque, siendo gobernador de Antioquia en la época del gobierno de Turbay Ayala, citado por la revista Las 2 Orillas, el 7 de diciembre de 2021)”.

Después haber sido publicada muchas veces la reseña que tiene la justicia norteamericana, de Álvaro Uribe, por su vínculo con el narcotráfico, no es un secreto que trabajó para el cartel de Pablo Escobar:

En septiembre de 1991, el Departamento de Defensa de Estados Unidos compiló una lista de personas que se cree que están asociadas con el notorio cartel de drogas de Medellín de Colombia. Hay 106 nombres en el documento de inteligencia recién desclasificado, y se leen como un quién es quién de matones, asesinos, traficantes de nivel medio y abogados corruptos. El despiadado capo del cártel, Pablo Escobar, ocupaba un lugar destacado en la lista, por supuesto, junto con el ex dictador panameño, el general Manuel Antonio Noriega. Pero el verdadero giro de cabeza es el punto No. 82, que dice lo siguiente: «Álvaro Uribe Vélez, un político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en actividades de narcóticos en los EE. UU. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria».

El informe del Pentágono retrata a Uribe bajo una luz muy diferente a su imagen actual como el principal aliado de Washington en la guerra contra las drogas financiada por Estados Unidos en América del Sur. Pero en esos días, estaba entre las docenas de políticos colombianos que se oponían abiertamente a la extradición de sus compatriotas narcotraficantes. Desde entonces, Uribe ha cambiado de opinión y, de hecho, su gobierno ha enviado a decenas de narcotraficantes a Estados Unidos para ser procesados desde que asumió el cargo. (newsweek.com 8 de agosto de 2004)[1].

El proyecto del uribismo no ha sido una simple inspiración de Álvaro Uribe, sino una estrategia de la burguesía terrateniente y ganadera que decidió incorporarse a la empresa del narcotráfico desplazando a los primeros empresarios del sector, entre ellos Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, el Clan Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Castaño, Mancuso, y otros más que fueron asesinados o entregados a la justicia norteamericana. Así fue que la burguesía terrateniente y ganadera terminó siendo también narcotraficante y usó grupos armados de paramilitares para despojar al campesinado de su tierra, con asesinatos y masacres; utilizó a las fuerzas militares y la policía para que apoyara a esas bandas y así asesinar dirigentes sociales y sindicales. La burguesía industrial también se ha beneficiado utilizando los grupos paramilitares, incluyendo a multinacionales como Coca Cola, para asesinar a más de 4.000 dirigentes sindicales.

El sector de la burguesía terrateniente, ganadera y narcotraficante, desde el gobierno, ha sido lacaya, sirviéndole al imperialismo norteamericano para su intervención en este país estratégico geográficamente, y aún le sigue sirviendo, como oposición a un gobierno como el de Petro que no es de completa confianza como lo han sido los gobiernos de derecha, especialmente los gobiernos uribistas. Entonces, no hay motivo para que Uribe haya sido pedido en extradición. El imperialismo norteamericano no se deshace de los lacayos si siguen sirviendo para sus intereses.

El régimen político autoritario y represivo contiene la lucha social

El paramilitarismo no ha sido solo el aparato armado de la burguesía terrateniente, ganadera y narcotraficante. Es una institución ilegal fundamental del régimen político para reprimir la lucha de clases, para expropiar la tierra del campesinado pobre, para asesinar líderes sociales que se oponen al saqueo de los recursos naturales por parte de las multinacionales mineras y de alimentos, para golpear, mediante el asesinato de dirigentes obreros, a los sindicatos e impedir la sindicalización y así facilitar la explotación laboral.

“El gobierno de Uribe Vélez ha sido definitivo en la consolidación e institucionalización del actual régimen, pero no es su único inspirador; el fuerte bonapartismo que caracteriza a las instituciones burguesas y su sistema de relaciones es la creación colectiva del conjunto de las clases y sectores de clase dominantes desde el Siglo XIX, de sus partidos y organizaciones gremiales.

De tal régimen político han hecho y hacen parte, como institución, las organizaciones paramilitares. Esto no es ni patrimonio nacional ni la primera vez que se ve en la historia. En los regímenes bonapartistas surgen paralelamente o se construyen organismos paramilitares que les ayudan a consolidarse y a hacer el trabajo sucio que la burguesía no puede, o no se atreve, a hacer pública y abiertamente. Son organismos que utilizan métodos de guerra civil contra los trabajadores y las masas para desmoralizarlos y desorganizarlos. (Artículo sobre la situación política en Colombia, elaborado por el Partido Socialista de los Trabajadores en agosto de 2009).

Legalizar el mercado de la droga y derrocar el régimen político

El mercado de la cocaína no se mantiene ilegal porque los capitalistas y sus gobiernos consideren que su consumo es dañino para la salud pública, como lo es el alcohol, el tabaco y otras drogas, cuyo mercado sí es legal; es porque mantener el negocio en la ilegalidad es más rentable y hay una burguesía, la narcotraficante, que está al frente de la producción y el mercado, beneficiándose de un mercado que supera los 100.000.000 de dólares por año. Pero otros sectores de la burguesía industrial, comercial y financiera también se benefician con el lavado de dinero. Por eso, mientras no se legalice seguirá causando muerte y violencia en muchos países, en Colombia concretamente, es un obstáculo material para conseguir cualquier paz duradera, e incluso para la reforma agraria democrática y cualquier intento de restitución de tierras, además de ser un pretexto para la intervención imperialista.

Si para enfrentar los problemas que causa el narcotráfico es necesario empezar por legalizar su mercado, para enfrentar los problemas que genera el régimen político colombiano, de represión, asesinatos, desapariciones y control político por parte de la burguesía terratenientes, ganadera y narcotraficante, es necesario derrocar el régimen político. Para eso se necesita una revolución democrática. En ese sentido el paro nacional de 2021 fue un intento de enfrentar no solo la crisis social en general, sino el represivo, bonapartista y criminal régimen político, pero desafortunadamente la lucha fue canalizada hacia las elecciones y con el gobierno de Petro se ha logrado contener el descontento sin hacer los cambios que exigían la movilización. Pero es necesario retoma el sendero de la movilización para cumplir esa tarea democrática, junto con la reforma agraria, aspectos que están interrelacionados.

Con la movilización de 2019, 2020 y el paro de 2021, se confrontó el régimen político y el gobierno de Duque, aunque con un costo de muchos muertos, detenidos, torturados, la pérdida de muchos ojos de jóvenes que fueron blanco de las armas del ESMAD cuyos miembros, sin duda, recibieron la orden de apuntar a los ojos, y matar.

Se consiguieron logros parciales, se logró golpear y obligar a establecer protocolos frente a la protesta; y hoy el comando de los aparatos paramilitares dejó de ser directo desde la presidencia, lo cual es una diferencia cualitativa respecto de anteriores momentos. Sin embargo, aún falta, el paramilitarismo como institución del régimen aún sigue existiendo, grupos como el Clan del Golfo con comportamientos similares a las maras o cárteles, tienen también un rol de represión y siguen siendo una maquina criminal al servicio de los empresarios, terratenientes, ganaderos y narcotraficantes. Derrocar el régimen implica el desmonte del aparato paramilitar; y el juicio y castigo de Uribe y la cúpula militar involucrada en los crímenes contra el pueblo trabajador y campesino.

Por eso, la sentencia reciente contra Uribe por sus crímenes menores, es histórica; y abre la puerta para continuar esta lucha democrática por la verdad, la justicia y el desmonte del paramilitarismo. Más allá de los reveses y de la lucha jurídica, es necesaria la movilización social con participación de las víctimas para exigir que sea juzgado por sus crímenes mayores desde los más de 6402 asesinatos selectivos, las masacres del Aro y el Refugio, la creación e impulso de las autodefensas; hasta los crímenes económicos contra el pueblo colombiano

[1]https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2020-08-31/friends-el-viejo-declassified-records-detail-suspected-paramilitary-narco-ties-former-colombian