La crisis de la Paz Total y las campañas electorales

Antonio Romero

El ataque con explosivos a una base militar en Cali y el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, el pasado 22 de agosto, dos meses después del atentado sicarial que cobró la vida del senador opositor Miguel Uribe Turbay, dejaron en agonía la atomizada política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, quien reconoció el pasado 20 de julio ante el Congreso de la República que “obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total”.

La llamada Paz Total es uno de los ejes políticos del gobierno de Petro, un intento de negociar de manera simultánea con los reductos de la insurgencia armada y los grupos narcotraficantes herederos de la desmovilización paramilitar. Pero desde el inicio de este proceso, los socialistas hemos advertido que la Paz Total no solo se enfrenta a la dificultad de negociar con grupos de delincuencia común, sino que desvirtúa las luchas sociales que se expresan de manera deformada en las guerrillas, así como los problemas sociales detrás de las economías ilegales.

Este año, se ha presentado un incremento en las acciones de los grupos armados – tanto narco paramilitares como disidencias de las guerrillas – y según la Cruz Roja Internacional puede ser el de “peores condiciones humanitarias de la última década”. Los grupos armados han desatado una guerra por el control de los territorios al tiempo que negocian con el Gobierno.

La implosión de la Paz Total

Uno de los pilares de la Paz Total era la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, pero este se derrumbó cuando el Gobierno inició una negociación directa con la disidencia de los elenos llamada Comuneros del Sur, y la respuesta del Comando Central del ELN que en enero inició una ofensiva contra las disidencias de las FARC en el Catatumbo dejando más de 80 muertes y un desplazamiento masivo que llevó a Petro a declarar la conmoción interior en la zona.

Por otra parte, está la división de las disidencias de las extintas FARC entre el Estado Mayor Central (EMC) que comanda Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia que comanda Iván Márquez. La división de estos grupos ha dificultado aún más una posible negociación con el Gobierno de Petro y muestra que estos grupos funcionan más en torno a los intereses económicos regionales que a un programa político.

La explosión paramilitar

Otra de las dificultades de la Paz Total es la imposibilidad de negociar con los diversos grupos paramilitares surgidos después de la negociación con las AUC, en el proceso de Paz Total entraron el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero también están las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y bandas locales de Buenaventura, Medellín, el Valle de Aburrá y Quibdó.

Pero hemos hablado de imposibilidad porque estos grupos están vinculados a carteles transnacionales que mueven millones de dólares diarios y que están más interesados en disputarse las rutas del narcotráfico, pero además ejercen un control de las ciudades a través de la extorsión, el microtráfico y la trata de personas, conteniendo las luchas sociales a través de la violencia que ejercen en las zonas urbanas.

Y aunque informes de inteligencia plantean que se ha conformado una Junta de Narcotráfico que pretende centralizar las acciones de algunos grupos armados, lo cierto es que en las ciudades se vive una disputa por el control territorial y los negocios del narcotráfico que, según un estudio del Banco de la República, pasó de representar el 2,3% del PIB en 2008 a un 4% en 2024.

Crisis de la Paz Total y elecciones

El Estado Mayor Central de Iván Mordisco se atribuyó el atentado a la base militar en Cali, mientras que el derribo del helicóptero en Antioquia se ha atribuido a las disidencias que dirige Calarcá. De igual manera, una de las líneas de investigación del asesinato de Miguel Uribe Turbay apunta a la Segunda Marquetalia, porque los sicarios se replegaron hacia territorios en los que hay presencia de ese grupo.

Pero más allá de esclarecer la autoría de los crímenes, la reflexión que la clase trabajadora y los socialistas debe hacer es que estos atentados y el crimen contra Uribe Turbay ha servido a la oposición de derecha para hacer una campaña electoral basada en una salida autoritaria para el problema de seguridad.

El Centro Democrático ha lanzado sus alfiles de siempre – María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín – sumando al padre de Miguel Uribe, quién ha tenido nexos con los negocios de los esmeralderos. Pero Uribe Vélez ha advertido que la candidatura seleccionada debe hacer una coalición con otros candidatos de la derecha que están en campaña, como el abogado de la mafia Abelardo de la Espriella o la propagandista Vicky Dávila.

Cada atentado de los grupos armados brinda una tribuna para que estas candidaturas llamen al autoritarismo y cierren filas contra las luchas sociales. Mientras tanto, el Gobierno de Petro – que cada vez resigna sus aspiraciones de hacer reformas – responde con su estrategia electoral, presentando las candidaturas del Pacto Histórico.

La crisis de la Paz Total y el incremento de la violencia, no solo alimentan las candidaturas uribistas sino que reprimen las luchas sociales, con el control de territorios y el ejercicio de diversas formas de violencia que atemorizan a la población.

Para el Pacto Histórico, el camino es ganar las mayorías en el próximo Congreso, pero la clase trabajadora enfrenta a diario la violencia de los grupos armados tanto en las zonas rurales como en la ciudad, sin que haya una salida real a través de la movilización y de poner en el centro de la discusión la legalización de las drogas para desmontar el negocio del narcotráfico.