Editorial/ Presupuesto nacional y reforma tributaria de Petro: Qué los trabajadores y el pueblo se sacrifiquen para seguir pagando la deuda externa

La semana pasada el Gobierno presentó ante el Congreso, el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2026 por un monto de 556,9 billones de pesos, 31 billones más alto que el de este año, para un aumento de 5.6 %. El presupuesto propuesto se compone principalmente de 366 billones para gastos de funcionamiento (11,1 % de aumento respecto a de este año), es decir, pago para mantener la burocracia estatal; 102.4 billones para servicio de la deuda pública, léase pago de la onerosa y fraudulenta deuda externa, de los cuales el 70% son sólo para pagar intereses; y 88.8 billones para inversión pública, un monto que crece poco comparado con el promedio de los últimos diez años, y que de hecho es inferior a los 91 billones del año 2023.

Para cubrir este presupuesto, el Gobierno estima que cuenta con 356 billones de ingresos de la Nación, y el faltante se cubriría con un nuevo crédito por más de 151 billones y una nueva reforma tributaria, denominada eufemísticamente ley de financiamiento, por un monto de 26.3 billones, que en términos generales plantea incrementar la carga impositiva a la ya golpeada clase trabajadora y clase media, por la vía de la eliminación de exenciones y deducciones en el IVA y el impuesto de renta. Entre las medidas incluidas en dicha reforma tributaria se encuentran: incremento del IVA a la gasolina y el ACPM; incremento de IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar; IVA a servicios culturales y deportivos; en materia de impuesto de renta a personas naturales de ingresos medios, es decir, trabajadores y clase media, se elimina la deducción por dependientes económicos (hijos) y se incrementa la tasa del impuesto para salarios medios (a partir de 7 millones sube un punto porcentual).

Primero que todo, hay que entender que la economía capitalista mundial arrastra una crisis crónica, agudizada desde el año 2008 con la caída de varias bolsas internacionales, como producto de la caída de la tasa de ganancia. La economía colombiana, por su lugar de semicolonia proveedora de materias primas en la división mundial del trabajo impuesta por el imperialismo, también está inmersa en esta crisis, gracias al desplome de los precios de los “commodities”, aunque muchos pretendan que no es así. A partir de esto es que se puede entender que los gastos del Estado crecen año tras año a un ritmo mayor que el de los ingresos, al punto que estos últimos no alcanzan a cubrir ni siquiera los gastos de funcionamiento, como se puede ver en las cifras de proyección de ingresos dadas por el Gobierno, que incluso algunos economistas burgueses tildan de estar infladas.

Como resultado de esto, inevitablemente el Gobierno se ve abocado a acudir a más créditos, con lo que el endeudamiento lejos de disminuir crece año tras año, con el agravante de que estos créditos incluyen condicionantes que llevan a una mayor subordinación del país a los intereses del imperialismo, como la famosa “regla fiscal” que nos impone el juicioso pago de la deuda externa por encima de las necesidades básicas de la población. Esto quiere decir, que mientras la economía del país siga supeditada a los dictados del imperialismo, a través de sus organismos internacionales como el FMI, la OCDE, entre otros, no habrá salida de este círculo vicioso de crisis y endeudamiento.

De otra parte, es inaceptable que el Gobierno de Petro, apoyado por fuerzas políticas de la llamada izquierda que en el pasado se opusieron a reformas tributarias que pretendían descargar el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y sectores populares, ahora sea el que las proponga. Es un hecho que en nuestro país los incrementos a la gasolina y el ACPM causan inmediatamente una subida en los precios de los alimentos; esto sumado a los otros incrementos del IVA contemplados en la ley propuesta, terminarán encareciendo aún más la canasta familiar básica que dice el Gobierno no querer afectar. Es decir, frente al alto costo de la canasta familiar, que golpea las finanzas de los trabajadores y sectores populares, el Gobierno en lugar de tomar medidas para reducir los precios, lo que hace es propiciar su aumento.

En línea con lo anterior, las medidas relacionadas con el impuesto de renta, en lugar de acabar las exenciones y beneficios tributarios de que gozan los empresarios nacionales y las grandes multinacionales extranjeras que saquean nuestros recursos naturales, se enfocan en supuestamente “corregir errores” en la tributación de renta de las personas naturales, un vil subterfugio con el que se esconde el objetivo de que seamos nuevamente los trabajadores quienes tengamos que pagar las consecuencias de la crisis.

Estos impuestos al consumo, incluidos los del combustible, así se intenten disfrazar de verdes, son impuestos indirectos, que afectan principalmente a los trabajadores y el pueblo pobre; por eso se llaman regresivos. Por el contrario, el impuesto al patrimonio y a las grandes fortunas se considera “progresivo” porque afectaría sólo a los ricos. En última instancia, en el mundo capitalista solo la clase trabajadora, tanto los sectores medios como los más explotados, es la única clase que paga impuestos, dado que los capitalistas ante el aumento de los mismos, siempre los transfieren a la clase trabajadora, sea aumentando la explotación, sea transfiriéndolos al costo final del producto.

Además del efecto económico para la clase trabajadora, esta nueva reforma tributaria contribuye también a la confusión política y permite que sean los partidos políticos de derecha, quienes cínicamente aprovechen para aprestigiarse “denunciando” las inconsecuencias del Gobierno, como parte de su campaña electoral. La derecha opositora denuncia los efectos de la tributaria, obviando descaradamente que cuando han gobernado han intentado aplicar reformas iguales y peores que esta. Por eso la clase trabajadora no puede caer en su trampa, sino buscar un camino independiente del Gobierno.

Por todo lo anterior, llamamos a los trabajadores, trabajadoras y sectores populares a que a través de nuestras organizaciones nos pronunciemos y movilicemos en contra de este presupuesto nacional y la reforma tributaria que lo acompaña, que de ser aprobados, sea por el Congreso o por decreto presidencial, empeorarán las condiciones de vida de la mayoría de la población mientras perpetúan el derroche del erario público por parte de la burguesía a través del manejo corrupto de la contratación pública y la dominación imperialista a través del pago de la interminable deuda externa.

¡No a la ley de financiamiento, no pagar la deuda para financiar el presupuesto nacional!

Comité Ejecutivo PST

17 de septiembre de 2025