Plan Pistola a la Paz Total: crónica de un fracaso anunciado

Antonio Romero

 

A mediados del mes de abril, el Clan del Golfo inició un Plan Pistola que cobró la vida de 27 policías y militares entre el 15 y el 27 de abril. Estas acciones fueron la respuesta al homicidio por parte de la Fuerza Pública de alias Chirimoya, uno de los principales líderes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que había iniciado diálogos con el Gobierno en el proceso de Paz Total.

Los asesinatos de soldados y policías, por lo regular no generan una indignación generalizada, debido al papel represor que han cumplido en las luchas sociales y al hostigamiento cotidiano que hacen a la población, a pesar de que sus bases están compuestas en su totalidad por personas de origen campesino y trabajador. Pero estos planes pistola, constituyen un fortalecimiento de los sectores más lumpen de la burguesía, los que han basado la acumulación de su capital en negocios ilícitos.

Qué es un Plan Pistola

Un plan pistola es un homicidio selectivo que hace una estructura armada contra otra cuando sus miembros están en estado de indefensión o vulnerabilidad. Estas acciones fueron llamadas plan pistola en Colombia, desde mediados de los años 80 cuando Pablo Escobar ordenó la muerte de policías a las bandas sicariales del país, con una recompensa económica de un millón de pesos por cada baja.

La particularidad de los planes pistola es que amplían el espectro de perpetradores no solo a miembros de su propia estructura sino a todas aquellas bandas delincuenciales que puedan probar que han logrado una ejecución.

Los grupos paramilitares de nueva generación, en particular el Clan del Golfo, desde el 2017 han realizado seis planes pistola de alcance nacional, como respuesta a la muerte o la captura de alguno de sus dirigentes. En 2017 asesinaron a 15 policías, en 2021 fueron cinco y en mayo de 2022, tras la captura de alias Otoniel asesinaron a 26 uniformados.

Qué es el Clan del Golfo

El origen del Clan de Golfo – según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2018 – está en los grupos armados conformados por el Cartel de Medellín que después “mutaron en las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)”, que entraron en un proceso de negociación en el gobierno de Uribe Vélez.

Estas organizaciones criminales trabajaban como parte del accionar estatal contra la insurgencia armada y contra las luchas sociales, coordinados por agentes del gobierno y por empresarios agropecuarios e industriales que no solo los financiaban sino que orientaban sus operaciones en función del aumento de sus ganancias.

Tras el fracaso de la negociación con Uribe Vélez, estos grupos – traicionados por uno de sus auspiciadores – quedaron sin la centralidad que les brindaba la Fuerza Pública y el Estado (a pesar de que siguieron a su servicio a nivel regional), y sus acciones se volcaron al control territorial para el tráfico ilícito de estupefacientes, al tiempo que sirven de represores de las luchas sociales en los territorios.

Después de la desmovilización de parte de las AUC en 2006, algunas de sus estructuras armadas pasaron a llamarse Clan Úsuga, Urabeños o Autodefensas Gaitanistas, al mando de Daniel Rendón Herrera (alias Don Mario) que fue capturado en 2009 y que en 2018 fue extraditado. Don Mario fue remplazado por Dairo Antonio Úsuga (alias Otoniel), capturado y extraditado.

¿Y la Paz Total?

El Gobierno de Petro ha tratado de hacer su política Paz Total no solo con la insurgencia armada – Disidencias de las FARC y del ELN – sino también con grupos narcotraficantes de origen paramilitar, en particular el más importante de ellos, el Clan del Golfo.

Pero, las aspiraciones del reformismo tienen su límite en la realidad, en la base económica que sostiene este entramado de organizaciones que es el Clan del Golfo, que no solo son exportadores de drogas ilícitas sino que mantienen un control territorial que sirve a las grandes empresas y una red de lavado de activos.

Además, no podemos decir que el Clan del Golfo tiene el mismo carácter de las autodefensas, su papel es menos subordinado a estructuras estatales y más dependiente de su base económica, el narcotráfico, por lo que funciona como parte de la red del Cartel de Sinaloa e incluso algunas bandas trabajan con su rival – el Cartel de Jalisco – lo que explica la oleada de homicidios por microtráfico que hay en las principales ciudades del país.

Por ello, el Plan Pistola que desata el Clan del Golfo no es solo una respuesta a las acciones del gobierno contra sus dirigentes o a las incautaciones de la Fuerza Pública, sino que es funcional a la política de oposición burguesa que muestra estos crímenes como un debilitamiento de la Fuerza Pública en el gobierno progresista, cuando al contrario, Petro ha mostrado que no tiene entre sus planes hacer la más mínima reforma a las instituciones militares y policiales que reprimieron el estallido social.

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