JUICIO A URIBE. Si no va a la cárcel, queda debiendo; sí va, también

El lunes 28 de julio habrá sentencia contra Álvaro Uribe, por soborno a testigos, quien, en 2012, acusó a Iván Cepeda de ese cargo, pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó, en 2018, que quien había cometido el crimen de soborno y fraude procesal era el demandante (Uribe). Es la típica maniobra de culpar a quien denuncia. Por ese delito, Uribe fue detenido y le dieron su hacienda (El Ubérrimo) por cárcel.

Posteriormente, vino otra maniobra: renunciar al fuero del Congreso, por ser senador, para que lo “investigara” su amigo, el fiscal Francisco Barbosa. Uribe quedó en libertad el 10 de octubre de 2020 y Barbosa intentó, muchas veces cerrar el caso, sin lograrlo.

El 9 de abril de 2024, la nueva Fiscal, Luz Adriana Camargo, reactivó el caso y llamó a juicio a Uribe por tres delitos: soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.

La Fiscalía acusó a Uribe de ser determinador de un esquema de manipulación de testigos, a través de su abogado Diego Cadena, tratando de sobornar a quienes habían declarado en contra de él y de su hermano, Santiago Uribe, de tener vínculos con el paramilitarismo. En el juicio, muchos de los testigos han confirmado que Uribe sí intentó sobornarlos.

La jueza Sandra Heredia, quien ha estado al frente del juicio, dictaminará el lunes 28 de julio, si Uribe es culpable de los tres delitos de los que lo acusa la Fiscalía. En caso de que lo declare culpable, podría de una vez emitir los años a pagar en cárcel, que puede ser entre seis y doce años. Como Uribe tiene 73 años, podría pedir detención domiciliaría para pagar su pena en su cómoda hacienda El Ubérrimo.

¿Y del paramilitarismo qué?

Sobre esta pregunta, el diario conservador El Colombiano, señala en su edición del 26 de julio de 2025: “Buena parte de la opinión pública está tan confundida que no sabe bien si a Uribe lo están enjuiciando por delitos de lesa humanidad o por comprar a un testigo”. Efectivamente, hay confusión, muchas personas, especialmente las víctimas del paramilitarismo, tienen la esperanza de que Uribe vaya a la cárcel por las masacres y el genocidio del paramilitarismo que él ayudó a organizar, incluso legalizando algunos grupos paramilitares a través de las Convivir, cuando era gobernador de Antioquia.

Uribe tiene responsabilidad en las masacres del paramilitarismo, las más directas de las que se le acusa son la masacre de La Granja, San Roque y El Aro. También del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y muchos más; también están los 6.402 asesinatos por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y más de 4.000 dirigentes sindicales asesinados. Un ejemplo de esto es la condena a 11 años de cárcel contra siete empresarios de la multinacional Chiquita Brands por haber financiado grupos paramilitares en los años 90 y 2000 y una multa de 13.800 millones de pesos. En estos años a Uribe se le señala de ser impulsor del paramilitarismo.

Como nos podemos dar cuenta, esos crímenes quedarán pendientes, porque no se incluyeron en el juicio que finaliza el 28 de julio.

Junto con Iván Cepeda, muchas organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han dedicado muchos esfuerzos por exigir que Uribe pague por sus crímenes, que tienen el nivel de “Lesa Humanidad”. Pero siendo Uribe, un representante de la burguesía terrateniente, ganadera y narcotraficante, que tiene mucho poder político, no pagará por sus crímenes.

En caso de ser condenado por el soborno de testigos, cuando cumpla los 80 años, si se le abriera un juicio por crímenes de lesa humanidad, en el mejor de los casos pagaría solo unos pocos años, porque no le quedará edad para ser castigado por sus crímenes; a no ser que la lucha de clases, con la fuerza de la movilización, obligue o lo castigue, como sucedió, por ejemplo, con Benito Mussolini.

No a la intervención imperialista

Frente al actual juicio, la intervención imperialista, mediante la presión, para que Uribe no sea castigado, ha estado presente a través de congresistas republicanos, como los senadores Mario Díaz-Balart y el colombo-estadounidense Bernie Moreno. El primero propone recortar el presupuesto de “cooperación” a Colombia para 2025, en caso de que sea condenado. Por su parte, el exvicepresidente Mike Pence, ha defendido a Uribe calificándolo de héroe.

Exijamos juicio y castigo por paramilitarismo

Tendremos que exigir, con movilización, que a Uribe se le inicie otro juicio por paramilitarismo; que también se castigue a sus cómplices, los demás autores intelectuales: políticos, terratenientes, ganaderos, narcotraficantes y empresarios de empresas nacionales y multinacionales, para que todos sean castigados con cárcel efectiva; esto, como parte de la lucha democrática por desmontar el régimen político autoritario, que se sustenta en instituciones ilegales como el paramilitarismo.

Partido Socialista de los Trabajadores
Comité Ejecutivo
27 de julio de 2025

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