La sostenibilidad fiscal, el triunfo del mercado sobre los derechos en el gobierno Petro

Desde que la burguesía nacional modificó la Constitución para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de cumplir con la regla fiscal en el manejo de las finanzas del Estado, para garantizar los pagos de deuda pública y la sostenibilidad de la economía capitalista, sin mayores turbulencias sociales, se ha demostrado, dentro del marco del neoliberalismo y la globalización de la economía, que esta medida de control económico y político de los países semicoloniales sólo beneficia a las multinacionales y a los capitalistas de los países imperialistas. En ese sentido, en el caso de Colombia, eso va en detrimento de trabajadores y los sectores más pobres porque todos los gobiernos la cumplen a raja tabla.

El conflicto laboral de los trabajadores del Ministerio del Trabajo sintetiza la política económica del gobierno de Petro con los empleados públicos en materia salarial y laboral. Hasta ahora sólo se quedó en promesas de campaña garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos y acabar con los contratos de prestación de servicios y de eliminar la altísima temporalidad que aún persisten en las entidades del Estado.

Si bien es cierto que la Corte Constitucional tumbó el proyecto de la reforma tributaria del gobierno Petro en seis billones de pesos, que prohibía a las industrias extractivas, empresas petroleras y mineras, deducir de las regalías la base gravable del impuesto de renta, también es cierto que hay un desajuste de las finanzas del Estado debido al altísimo costo de la deuda externa, la cual subió en 30 billones de pesos en el gobierno Duque, al bajo crecimiento económico del país y a la insuficiente recaudación de impuestos, muy por debajo de las expectativas del gobierno.

Por lo anterior, el gobierno se ve en la obligación de hacer un ajuste fiscal para poder cumplir el pago de la onerosa deuda externa a la banca imperialista, que para el 2024 es de 105 billones de pesos, de los cuales la deuda se consume el 55% del PIB.

El apretón fiscal del gobierno Petro hace parte de los compromisos adquiridos con el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, de honrar cumplidamente los pagos, incluso por anticipado, como lo hizo en octubre de 2023 con 791 millones de dólares del servicio de la deuda pública.

Esta política económica de Gustavo Petro hace parte de su programa de gobierno de pactar con la misma burguesía, que le hace oposición, de cumplir con la regla fiscal a cambio de sacrificar conquistas y derechos sociales de los colombianos; como también derechos laborales como los que se disputan en el conflicto laboral en el Ministerio del Trabajo donde la ministra Gloria Inés Ramírez desconoce los acuerdos pactados en la negociación del año pasado con los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores del ministerio.

Es así como Petro, mediante decreto, al mejor estilo de un gobierno neoliberal, ordena sacar el desajuste presupuestal de los 20 billones aplazando, el 67% de los gastos de funcionamiento (pago de nóminas empleados públicos y funcionamiento del Estado) en cerca de 13.4 billones de pesos y el 33% del presupuesto de inversión que equivalen a 6.4 billones de pesos, sin tocar para nada los intereses de los gremios económicos y la burguesía parasitaria. Para dar contentillo en el mismo decreto el gobierno enfatiza que seguirán siendo su prioridad los sectores de salud, educación y prosperidad social, los cuales se salvarán del apretón fiscal.

Todo lo anterior corrobora que el pacto social con la burguesía de este país, que viene suplicando Petro desde su posesión como primer mandatario, ha sido un fracaso, debido a que los intereses de las clases sociales son irreconciliables, que la ilusión del gobierno con las reformas, a pesar de ser muy tibias, los gremios económicos no están dispuestos a conceder derechos a los trabajadores y a la población en general en detrimento de sus ganancias y privilegios, como en el caso de la reforma de la salud. Queda una vez más demostrado que las masas movilizadas en el paro del 2021 conquistamos la presidencia, pero el verdadero poder lo siguen ostentando la clase dominante, ya que siguen teniendo a su servicio instituciones como el ejército, la policía, el Congreso de la República, las cortes Constitucional y Suprema, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo etc., de otra manera no se explica la sentencia de la Corte Constitucional con la que descaradamente le devuelve a las empresas petroleras y mineras el millonario valor de las regalías que descuentan del mísero pago de impuestos.

¡En casa de herrero azadón de palo!

El comité de huelga del Ministerio del Trabajo denuncia que la ministra Gloria Inés Ramírez viene vulnerando el derecho de huelga y tomando acciones contra los huelguistas al suspender el pago de su salario correspondiente al mes de junio a trabajadores del ministerio que participen en la huelga, acción que no solo vulnera un derecho fundamental sino que en la primera huelga de 42 días los trabajadores, bajo el gobierno de Santos (2017) con Clara López como ministra esto no sucedió. Gloria Inés Ramírez ex sindicalista, expresidenta de Fecode y anterior miembro del Comité Ejecutivo de la CUT; como también militante del Partido Comunista Colombiano deja mucho que decir, así como los intentos de desconocer en la solución del conflicto al comité de huelga y de romper la huelga con sindicatos afines a su partido político. Como si esto fuera poco, la ministra ex sindicalista busca la unidad de acción con la procuradora Margarita Cabello para que esta ayude a presionar a los huelguistas para desistir de la huelga con el poder que le brinda la ley de sancionar a los empleados públicos.

¡La movilización como único camino para defender y conquistar derechos para enfrentar los gremios económicos y la burguesía parasitaria!

Llamamos al presidente Petro a que personalmente asuma la solución al conflicto laboral en el Ministerio del Trabajo, que se entienda que la huelga fue un último recurso para defender los derechos de los trabajadores, donde los profesionales tienen los salarios más bajos del sector público; que así como honra los compromisos en el pago de la deuda externa también cumpla con lo pactado el año pasado en la negociación de la convención colectiva. Entendemos la encerrona que le han hecho los gremios económicos y la jauría de los partidos tradicionales que le hacen oposición, sabemos de sobra y usted mismo lo ha pedido en varias intervenciones públicas, que la única manera de enfrentar a la burguesía es mediante la movilización permanente de los trabajadores y la población pobre como la herramienta más eficaz para defender y conquistar derechos que hoy nos niegan y no están dispuestos a conceder.

Por último, queremos pedir al presidente Petro que rompa con los compromisos con los gremios económicos y los partidos tradicionales ya que le atan, que le bloquean y no permiten que las verdaderas reformas que beneficien a la gran mayoría de los colombianos avancen en el congreso, que ponga freno con la movilización social a las cortes, la procuraduría, la contraloría y la prensa mercenaria. También de usted, presidente Petro, escuchamos que amenazó con moratoria en el pago de la deuda externa si el congreso no le autorizaba el cupo de endeudamiento en USD 17 mil millones para el pago de viejas deudas al FMI, cupo que ya el congreso aprobó. Pedimos que no sean simples cañazos, que cumpla no sólo con la moratoria si no con el no pago de la deuda externa, para así poderle concretar las reformas que usted prometió en su campaña y programa de gobierno a los colombianos, de lo contrario sí le estaríamos brindando todas las condiciones al pretendido golpe blando; además, si tenemos en cuenta las últimas encuestas que demuestran una baja sustancial a la aceptación de su presidencia.

Juan Yoperto Triffin

Bogotá, 7 de julio de 2024