Editorial/ Que la crisis del agua la paguen los ricos

Debido al bajo nivel que registra el sistema hídrico de Chingaza, conformado por los embalses de San Rafael y Chuza, que abastecen el 70% del agua potable en Bogotá, el alcalde Galán ha implementado una política de racionamiento diario por zonas, la cual no solamente es insuficiente para revertir la crisis, sino que también profundiza la desigualdad social del acceso a este recurso natural.

No todos somos responsables

La campaña ideológica sobre la que la alcaldía de Bogotá sustenta la política de relacionamiento de agua, se basa en la falacia de que todos somos responsables del cuidado del agua. Si bien es cierto que el uso responsable en el ámbito doméstico de este recurso es importante para su conservación, realmente son las grandes industrias – en especial el agronegocio- y la minería, los sectores que más agua consumen y contaminan.

Cabe destacar que gran parte del agua consumida a nivel industrial, es explotada por empresas extranjeras y multinacionales, las cuales agotan este recurso en nuestro país mientras es sus países de origen se conserva para uso doméstico.
Además, el consumo doméstico no es igual por parte de todas las clases sociales: en Bogotá, los barrios tradicionalmente burgueses y de clase media alta, consumen hasta más del doble de agua que los barrios obreros y populares . Por su parte, los habitantes de estos barrios son quienes suelen tener tanques de almacenamiento, y quienes con mayor facilidad pueden trasladarse a otra de sus propiedades en otro sector, a sus fincas, mientras que los más pobres no tienen más remedio que soportar las casi 30 horas de corte, siendo una carga desproporcionada para quienes de por sí son los que menos consumen.

Aunque suene contradictorio, el fenómeno de EL Niño tampoco es el responsable pues este no es más que la consecuencia de la depredación capitalista del medio ambiente. Aquí nuevamente se ubica a la gran industria y a la burguesía como los mayores agentes contaminantes que contribuyen al calentamiento global y el desequilibrio meteorológico.

Los gobiernos locales también tienen su cuota de responsabilidad: empezando por la negligencia de Claudia López, quien en su momento simplemente ignoró el problema aún sabiendo que los pronósticos avisaron oportunamente la tendencia hacia el desabastecimiento de los embalses y hacia la prolongación del fenómeno de El Niño; el agua no se acaba por sorpresa de un día para otro. Por su parte, la política del alcalde Galán a apenas una semana de su implementación ya tiende al fracaso, mientras él intenta sortear la situación con recomendaciones absurdas como “bañarse en pareja”, o no bañarse.

Pero la medida del corte no solo es indigna e inequitativa, distribuyendo por igual la responsabilidad y costes de un problema que no creamos todos; sino que es profundamente ineficaz por como está concebida. No solo porque no se restringe a los grandes consumidores y derrochadores, sino porque el corte por más de 24 horas, induce al pánico y al fenómeno del acaparamiento y a mayor consumo antes y después del turno. Igualmente, se induce a mayor consumo de agua y bebidas embotelladas; así como de productos de aseo desechables (toallas y tampones desechables, pañitos húmedos, etc); empeorando así el problema ambiental. Lo que se está haciendo es un consumo por turnos, pero con muy poco ahorro y con una sobrecarga para los barrios más pobres. Además anuncia sanciones para los habitantes que superen 22 m3 de consumo, pero ni una sola exigencia para la industria.

Un problema de carácter nacional

Si bien la crisis por escasez del agua se centra en Bogotá y algunos de los municipios de la Sabana, a nivel nacional también se reportan bajos históricos en el nivel del agua de las represas de Antioquia y Santander, sin olvidar las regiones -como la Guajira- que sufren de escasez crónica, dónde el agua potable es prácticamente inexistente, un lujo que pocos se pueden dar.
Aun así, el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, no ha ejecutado ningún plan o política a nivel nacional para enfrentar la crisis, todo ha quedado -como es costumbre por su parte- en grandilocuentes discursos, pero pocas o nulas acciones. En medio de una discusión por X, Petro ha señalado que “no tiene en sus manos hacer llover”, lo cual es cierto, sin embargo sí tiene en sus manos la potestad para implementar un plan nacional de emergencia, movilizar los recursos necesarios, y tomar las medidas necesarias para evitar que el problema escale hasta un desabastecimiento nacional de agua y electricidad.

Que la crisis la paguen los ricos

La escasez de agua en Colombia se ha exacerbado por prácticas capitalistas que priorizan la ganancia sobre el bienestar de la población y el medio ambiente. Grandes corporaciones y terratenientes han acaparado los recursos hídricos para actividades industriales y agroindustriales, dejando a comunidades enteras sin acceso a agua potable.

La política implementada por el alcalde Galán es injusta, inequitativa, indigna, pero sobre todo inútil, pues ha descargado un castigo al consumidor, principalmente a las familias de los barrios obreros y populares, mientras el nivel del agua en los embalses continúa en descenso. Organizaciones feministas y activistas por la dignidad menstrual, alertan sobre las implicaciones de los largos cortes de agua para las mujeres y niñas durante su periodo menstrual. Igualmente, profesionales de la salud manifiestan preocupación por la disminución del lavado de manos y su impacto en las enfermedades infecciosas.

El gobierno nacional debe decretar el estado de emergencia para implementar un plan verdaderamente efectivo para enfrentar la escasez de agua, el cual debe contemplar:

– Cierre temporal -sin afectación a los trabajadores- de todas las industrias que explotan excesivamente el agua y que tienen los índices más altos de contaminación.
– Cierre o racionamiento intensivo para las grandes empresas en especial las agrícolas en la Sabana de Bogotá.
– Nacionalización de las fuentes hídricas para que su uso sea prioritario para el uso doméstico de las familias obreras y populares, y no para las mineras o las embotelladoras.
– Reducción de las actividades económicas no esenciales y vitales.
– Limitar el acceso al agua para las familias de los barrios que más consumen y empresas no explotadoras de agua al mínimo vital diario, por ejemplo con cortes por algunas horas al día y disminución del flujo, o incluso multas en caso de desperdicio comprobado.
– Recuperar y proteger los páramos y bosques que nutren los acuíferos, con planes de reforestación y suspensión de la explotación minera en estas zonas

Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores
19 de abril de 2024