¡Defendamos de manera independiente la educación pública y el derecho de huelga! ¡No a la masacre laboral contra los docentes provisionales!

Los problemas que aquejan cotidianamente al magisterio y a la educación pública colombiana lejos de mejorar, empeoran cada día. Basta con preguntarle a cualquier profe las dificultades diarias, las presiones a las que se ven sometidos y la pauperización creciente tanto en lo salarial, la salud, y las condiciones laborales del ejercicio de la docencia.

Caro estamos pagando la ausencia de grandes luchas y movilizaciones del magisterio desde los importantes paros indefinidos de 2013, 2015 y 2017, producto no solo de la represión de los gobiernos, sino de la desastrosa conducción por parte de la dirección mayoritaria de Fecode. Estas luchas fueron desmontadas y traicionadas con inofensivos acuerdos incumplidos sistemáticamente por los gobiernos de turno; además, golpeando la capacidad de lucha, aceptando medidas que castigan el derecho a la huelga como la reposición de tiempo; siendo el caso de Bogotá el más aberrante, cuando la actual alcaldesa Claudia López (elegida como “alternativa” y con gran parte del voto del magisterio) impuso como represalia a un paro de 48 horas la reposición de tiempo.

En la actual situación, la derecha uribista aprovecha para tratar de aprobar medidas profundamente reaccionarias, largamente anheladas para debilitar la educación pública y la capacidad de lucha del magisterio. Por un lado, se mantiene el proyecto de Ley 053 de 2023, del uribismo que pretende eliminar el derecho a huelga del magisterio, en tanto se considere a la educación como un “servicio” público esencial y no como un derecho humano fundamental. Esta pretensión, lleva implícita la asignación de la responsabilidad del ejercicio de tal derecho exclusivamente a los maestros(as), enmascarando la responsabilidad estatal y abre la puerta a la restricción del derecho de asociación, de protesta y de huelga del conjunto de los trabajadores, concomitante con la represión y criminalización de la protesta social.

Pero también se encuentra en debate el proyecto de ley 192 de 2022, también del uribismo, que entrega los dineros públicos a la educación privada a través de bonos escolares, con el otorgamiento de la falsa libertad de las familias para elegir en cuál colegio matricular a sus hijos(as). Este proyecto, que ya fue aprobado en un primer debate, desarrolla la política de privatización de la educación pública que se ha venido aplicando por otras vías, como los colegios en concesión o programas como “ser pilo paga”, que tiene como centro la entrega de dineros públicos a la empresa privada, mediante el modelo de subsidio a la demanda.

De ser aprobados tales proyectos, no sólo significará el mayor retroceso y golpe a la educación pública desde la aprobación de la Ley 715 en 2001, favoreciendo a los negociantes privados de la educación, sino que golpeará la posibilidad de lucha del magisterio, eliminando de hecho el derecho a huelga.

Ante estos ataques de la más reaccionaria burguesía, comandados por Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, se impone la necesidad de la más amplia lucha, no sólo del magisterio sino de estudiantes y el conjunto de los trabajadores. Pero una vez más, los llamados a movilización de la dirección de Fecode y de los sindicatos regionales, además de ser débiles e insuficientes, están contaminados con la instrumentalización por parte del gobierno. Se amarra la necesidad de la lucha a los intereses del Pacto Histórico, al presidente Petro y a la burguesía aliada a su gobierno. El gobierno de Petro ante los reveses de sus proyectos de reforma en el parlamento llama a la movilización dosificada, con la esperanza de contrarrestar la resistencia burguesa a su plan de desarrollo capitalista “verde y humano”.

El llamado de Fecode: instrumental e insuficiente

Así, Fecode ha llamado al magisterio colombiano a movilizarse el próximo 27 de septiembre, una vez más atado a la defensa del Gobierno de Petro y el respaldo acrítico a sus limitados y contradictorios proyectos de reformas, alabando su política estabilizadora de la economía capitalista, mientras la población pobre y trabajadora sigue sin ver “el cambio” en sus condiciones concretas de supervivencia.

En esta misma vía, está la instrumentalización de la movilización para dar oxígeno a las candidaturas electorales del Pacto Histórico, que no logran despertar el entusiasmo y las expectativas obreras y populares dada su incapacidad para dar respuestas reales y creíbles a los problemas locales de las masas.

Se avecina una nueva masacre laboral de provisionales

Mientras tanto, se avecina otra masacre laboral para miles de docentes en todo el país producto del último concurso de ingreso a la carrera docente. Como sucede desde 2005, los mecanismos de ingreso al magisterio, en apariencia regidos por la meritocracia, terminan enfrentando el derecho al trabajo entre los docentes provisionales, que actualmente ejercen la docencia en una clara condición de inestabilidad, con quienes lograron pasar el concurso y están urgidos de entrar a la carrera docente estatal y lograr salir de la situación de desempleo o de sobreexplotación a la que son sometidos en la educación privada.

El nombramiento de miles de nuevos docentes tiene como contraparte el despido de otros miles de provisionales, dramas humanos que no tienen ninguna importancia para los tecnócratas de la CNSC, las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional. Para ellos los provisionales no son más que fuerza de trabajo desechable, no importan sus esfuerzos y aportes diarios a la educación de niños y jóvenes. Tan sólo ofrecen algunas pocas medidas de contención para los casos más delicados (el llamado retén social) dejando en la incertidumbre y la perspectiva del desempleo o la sobreexplotación al resto de provisionales.

No hay derecho a la educación con la Ley 715 vigente

Nos debatimos entre las degradadas condiciones de ejercicio de la docencia, los ataques a la educación pública y el derecho a la huelga de los maestros, la negación por años al derecho de ascenso y la inminente masacre laboral de los provisionales, y el Gobierno propone una Ley Estatutaria de Educación que plantea en abstracto la formulación de la Educación como un derecho fundamental (en contraposición a la educación como servicio).

Desde hace más de 20 años, la implementación de la nociva concepción neoliberal de la educación se hace en el marco de la Ley 715 de 2001, desde la cual se impuso el Estatuto Docente 1278, la racionalización de la planta, la pérdida de vacaciones, financiación, parámetros antipedagógicos de docentes, directivos y docentes orientadores por número de estudiantes, entre otras reaccionarias medidas. No hay reforma educativa o Ley Estatutaria que sirva si no ataca frontalmente esta Ley.

Así como no hay verdadera reforma a la salud sin derogar la Ley 100, o verdadera reforma laboral sin derrumbar la Ley 50; no hay presupuesto adecuado, dignificación de la labor docente, recursos e infraestructura adecuada, en función de las necesidades pedagógicas, laborales y estudiantiles mientras se mantenga viva la Ley 715. Esto implica una lucha de conjunto, no solo contra una u otra medida lesiva puntual, sino la lucha de conjunto contra el reaccionario y represivo régimen político que lo sustenta.

Movilización independiente en defensa de la educación pública y los derechos del magisterio

¡Por las anteriores razones marchamos con el magisterio, exigiendo el retiro de los proyectos lesivos y sumándonos a la defensa de la educación pública estatal y del derecho de huelga!

No apoyamos las llamadas reformas sociales, pues son reformas tibias que mantienen entre otras, el negocio de la salud por cuenta de las EPS con otro nombre y de la ley 100, lo mismo que en materia pensional se fortalece a las AFP en la forma de cotizar y liquidar las pensiones. En materia laboral, sigue vigente la ley 50, la cual abrió la puerta a la inestabilidad y a las diferentes regresivas formas de contratación.

Por otra parte, hay una contradicción sin miras a resolverse, entre la reforma a la salud de Petro y la defensa implícita de la intermediación en la contratación de la salud para el magisterio, por cuenta de la ley 91. Es imperioso debatir con las bases, la necesidad de la creación de un sistema único nacional estatal de salud.

Rechazamos el uso de la movilización por parte del gobierno, profundizando así la pérdida de independencia política de la organización sindical; y rechazamos la instrumentalización de las luchas hacia las urnas de la democracia burguesa con ausencia de verdaderas candidaturas de independencia de clase. Si bien defendemos el derecho a la participación política, el debate y la politización del magisterio con un contenido de clase, creemos que instrumentalizar las luchas a favor de proyectos de colaboración con los explotadores es errada y solo conduce a mayores desilusiones, apatía y división; tal como lo que causó el tristemente célebre caso de Nelson Alarcón hace dos años. Las elecciones deben estar al servicio de la lucha y de la conquista de las reivindicaciones y no al contrario. Por esto y otras razones, llamamos a votar en blanco en las próximas elecciones regionales, y redoblar los esfuerzos de lucha y organización independiente por las verdaderas reivindicaciones para los trabajadores y el pueblo.

Unidad Docente

Partido Socialista de los Trabajadores