Reforma laboral: Lo bueno, lo que continúa y lo que necesitamos

Una reforma es una mejora, mientras que una contrarreforma es un retroceso. Pero, para confundirnos, los gobiernos neoliberales llamaron a sus contrarreformas, reformas. Es decir, a La ley 50 de 1990 que suprimió conquistas históricas a los trabajadores y a la Ley 789 de 2002 que les concedió privilegios a los empresarios.

Lo bueno podría ser

El proyecto de reforma laboral que presenta el gobierno de Petro, aunque tiene muchos puntos que ya están, algunos en sentencias, tiene unos puntos que permitirían recuperar por lo menos parte de lo que se perdió con las contrarreformas laborales (Ley 50 y Ley 789) en los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe.

Se lograría estabilidad laboral relativa, en la medida que “la contratación a término indefinido será la regla general”, ningún trabajador podría ser despedido injustificadamente, tampoco los trabajadores con fuero sindical, quienes sean cabeza de familia, los que tengan discapacidad, trabajadoras en estado de embarazo y trabajadores prepensionados.

Cambiaría la contratación laboral en el sentido de que los empresarios que se beneficien de subcontratación le deben responder a los trabajadores. “No se podrán vincular mediante contrato de prestación de servicios ni ninguna otra modalidad de contratación no laboral a las personas que realizan actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas”. Se recuperarían las horas extras y mejoraría el pago de domingos y festivos que será del 100% y no del 75% como es ahora, además, la jornada laboral semanal sería de 40 horas.

Mejorarían las condiciones de contratación de aprendizaje, para los trabajadores del sector agropecuario, los trabajadores extranjeros deberían ser contratados con las mismas garantías de los nacionales, los trabajadores de las aplicaciones serían reconocidos como tal y gozarían de todas las garantías laborales.

Mejorarían un poco las garantías sindicales con algunos permisos sindicales obligatorios, dejando claro que los dirigentes sindicales tienen acceso a todas las áreas de trabajo, que los sindicatos tienen acceso a los medios de comunicación internos de la empresa, y se “podrían presentar solicitudes de protección judicial frente a conductas antisindicales”.

Se prohíben los contratos sindicales –de los que tanto disfrutaba el presidente de la CGT Julio Roberto Gómez–, también los pactos colectivos y los sindicatos patronales. Se ampliaría el derecho de huelga, incluso en el sector de servicios públicos esenciales, y la huelga podría durar más allá de los 60 días. 

Lo que continúa

Si bien se prohíbe el racismo en el ámbito del trabajo y la discriminación contra la mujer, no se reconocería la parte del valor de la fuerza de trabajo invertida en el trabajo doméstico; la jornada laboral de las mujeres y personas a cargo de labores de cuidado se podría flexibilizar, pero no se recortaría, las mujeres seguirían trabajando doble jornada en la mayoría de casos.

Por otro lado, se continuará transfiriendo dinero, de fondos públicos, a modo de subsidio a los empresarios que contraten personas cabeza de hogar como esta en el artículo 2 de la contrarreforma laboral de la Ley 789, que sigue vigente; tampoco desaparecen las empresas de contratación tercerizada, y la nefasta Ley 50 no se deroga, solo se reforma.

Lo que necesitamos

Empleo para todos. El desempleo está enmascarado con el nombre de empleo informal y la cifra reconocida por el Departamento Nacional de Estadística, (Dane) es del 58%, sin embargo, solo reconoce el 10%.

Colombia, tiene una población de 51.000.000, una fuerza laboral de 25.000.000 pero solo 9.400.000 tienen empleo formal. Es decir, que el desempleo supera el 60%. Por lo tanto, la cifra real de desempleo no es de 2.500.000, sino de 16.600.000.

Los 9.400.000 trabajadores con empleo, laboran 75.000.000 de horas por día, contando con que trabajan 8 horas diarias. Si se reparte el trabajo total, la jornada laboral pasaría a ser de unas 15 horas semanales.

¿Se debe beneficiar a 25.000.000 de trabajadores, o a unos pocos miles de grandes y medianos empresarios? Tener en cuenta que solo “Las 1.000 empresas más grandes del país representan el 77 % del PIB” (Diario Portafolio, 22 de junio de 2022) y que “En el país operan 6.200 grandes empresas, 98 mil pymes y 1.2 millones de microempresas” (¿Cuántas empresas hay en Colombia?, http://economiaaplicada.co/).

Repartiendo el trabajo se elimina la delincuencia común y los problemas conexos como el asesinato y la inseguridad. Si los empresarios se declaran en quiebra que se estaticen las empresas; que la producción y los servicios se garantizan con control de los trabajadores para evitar la corrupción y a los empresarios “quebrados” que se les garantice un empleo o una pensión.

Que se pague completo el valor de la fuerza de trabajo. Lo mínimo que debe garantizar la reforma laboral es que se pague el valor completo de la fuerza de trabajo con un salario real. El salario mínimo debe tener como parámetro el costo de la canasta básica, que en este momento es de alrededor de $2.000.000, y no el índice de la inflación. Es decir, que en la medida en que suba el costo de la canasta básica, el salario debe subir automáticamente.

Lo que no se consiga en la calle no se conseguirá en el congreso

Si hay algunos avances en el proyecto de reforma laboral de Petro se debe a las movilizaciones y el paro nacional de 2021. Petro pretende desactivar el descontento social y se ve obligado a pedirle a la burguesía que suelten algo para evitar un estallido. Pero no debemos hacernos ilusiones en un congreso cuya gran mayoría representa los intereses de los empresarios, cuyos partidos aprobaron las contrarreformas laborales contenidas en Ley 50 y en la Ley 789. Menos con una política de concertación de las reformas entre el gobierno y los empresarios. Debemos exigir que las direcciones de las centrales obreras convoquen a la movilización para conquistar las verdaderas reformas laboral, pensional y de salud que necesitamos los trabajadores.

Fernando Graco