Las profundas limitaciones del programa progresista

A más de seis meses de la posesión del presidente Petro y cuando una nueva recesión mundial se avecina, muchos trabajadores se preguntan si cumplirá con sus promesas de cambio. Compartimos nuestro análisis de la situación, para controvertir con la estrategia progresista y hacer algunas propuestas.

Petro ganó las elecciones gracias a un ascenso de las luchas expresadas en la explosión social conocida como Paro Nacional de 2019 y 2021. Ante los grandes problemas históricos y sociales que desencadenaron la rebelión contra el gobierno de Duque, se perdió la oportunidad de derrotar al odiado uribismo y su régimen autoritario, instaurando un gobierno obrero y popular que liderara un proceso revolucionario con las masas en permanente lucha y movilización. A cambio, se impuso la promesa reformista de resolver todo en las elecciones eligiendo un gobierno alternativo. Así Petro canalizó el descontento, la crisis burguesa y las expectativas de los luchadores de concretar el cambio.

Pero la crisis social, la pobreza, desigualdad y violencia acumuladas históricamente en Colombia, requieren mucho más que un gobierno “menos malo” que el anterior. Superar décadas de violencia, desigualdad, explotación, opresión y sometimiento al imperialismo, requiere mucho más que la promesa del Estado Social de Derecho. La profundidad de las contradicciones no da para soluciones cosméticas a un sistema que nos hunde día a día.

Para Petro, el gran problema de Colombia es que el capitalismo no se ha podido desarrollar por supuestos rezagos feudales. Sin embargo, estos elementos como latifundios y relaciones serviles en algunos sectores de la producción no son más que características del desarrollo capitalista propias de países sometidos a la dominación colonial e imperialista. Hoy el mundo entero hace parte del sistema capitalista y su dinámica es que las enormes desigualdades entre clases sociales y entre países, se profundicen.

Como Petro lo reconoce, el problema de la paz, el narcotráfico, la deuda externa, la transición energética, superan el ámbito nacional y tocan a las grandes potencias, países imperialistas principales responsables de los grandes problemas en el mundo. Pero más allá de discursos elocuentes, se trata de la política y las medidas concretas.

Colombia, parte del sistema capitalista imperialista mundial

Petro interpela a los gobiernos de los países imperialistas sobre su responsabilidad en los problemas mundiales esperando convencerlos para que reflexionen y cambien sus políticas. De pronto en algunas cosas le hagan caso, porque no afectan el sistema, e incluso podrían hacerlo más eficiente. De hecho, ya hay sectores de la burguesía de estos países que le están apostando a un cambio transicional de la matriz energética, a los carros eléctricos, paneles solares y energía eólica. Pero mientras Petro propone cambiar deuda por acción climática, Biden responde con la subida de las tasas de interés y del dólar para frenar la inflación en su país, con consecuencias desastrosas, pues aumentan la deuda y reducen los recursos públicos de los países dependientes.

Mientras tanto, los pronósticos del Banco Mundial para este año anuncian más calamidades para los trabajadores. “Se prevé que la economía mundial crezca un 1,7% en 2023 y un 2,7% en 2024. Se espera que la fuerte desaceleración del crecimiento sea generalizada, con pronósticos … a la baja en 2023 para el 95% de las economías avanzadas y casi el 70% de las economías de mercados emergentes y en desarrollo”.  Ante esta situación, economistas, periodistas, empresarios y gobiernos, nos dicen: “hay que apretarse el cinturón”. ¿Nos debemos preparar para aguantar más recortes, más carestía y menos salario?

Inflación y carestía sin control

Lo cierto es que la combinación de la recesión, los estragos de la pandemia y la carestía, inflación y devaluación del peso, golpean directamente a la población pobre y trabajadora. La devaluación del peso frente al dólar ha sido de las mayores en el mundo, y la baja de los precios de las materias primas profundiza la miseria. Además, la subida de los intereses de la deuda externa, que se llevará 9 billones de los 21 de la reforma tributaria, y la decisión de algunos capitalistas extranjeros de llevarse sus inversiones a países más seguros para sus intereses de lucro, golpean con mayor fuerza a los trabajadores y los pobres.

Petro quiere apelar a la razón y al buen corazón de los empresarios, incluso de los que controvirtió con rabia y razón cuando era congresista, pero el capitalismo no funciona así. Lo que domina y mantiene este sistema capitalista es la ley de la ganancia que otorga a la burguesía imperialista y de los países capitalistas dependientes, una situación social económica y política privilegiada, la cual evidentemente no están dispuestos a perder.

Esta ley de hierro es la que enfrenta en una lucha de clases permanente a los trabajadores y empresarios, lucha que se resolverá de manera definitiva cuando los trabajadores tomen el poder y socialicen los medios de producción. Los progresistas de hoy retoman la política reformista de siglos atrás, a pesar de su fracaso y de los muertos que ha puesto gracias a ella la clase trabajadora.

Hoy quienes se llaman de izquierda, en su gran mayoría han abandonado la lucha por los intereses de la clase obrera y el socialismo y los han cambiado por un programa de reformas al capitalismo, precisamente cuando este sistema está demostrando que nos conduce a la barbarie y a la destrucción del hábitat humano, en el momento en que más se pone al orden del día la revolución socialista mundial.

Revolucionarios y progresistas tenemos estrategias y programas diferentes, aunque en algunos momentos podamos coincidir en algunas reformas, para nosotros apenas transitorias y sustentadas en la movilización de la clase trabajadora, para el Pacto Histórico definitivas y concertadas con los empresarios y terratenientes sin movilización, para imponerlas, porque para ellos lo que hay que hacer es desarrollar el capitalismo, es decir defenderlo. Nosotros queremos abolirlo y construir un sistema verdaderamente igualitario, sin opresión ni explotación que salve a la humanidad y sostenga la vida en el planeta.

Las políticas reformistas del progresismo

Las corrientes que se llaman progresistas reconocen los males provocados por el capitalismo, pero su diagnóstico es superficial y equivocado. Este diagnóstico los lleva a proponer medidas que se quedan en algunas reformas dentro del estrecho margen económico del capitalismo actual.

En el pasado, gobiernos de tipo nacionalista, o de Frente Popular, que aplicaron programas reformistas, otorgaron concesiones a las masas sobre la base de grandes riquezas provenientes de la nacionalización de recursos estratégicos, o de altos precios de materias primas. Los años de bonanza y crecimiento del capitalismo han terminado. Una crisis crónica del capitalismo se impone, con mayores y frecuentes recesiones de repercusión mundial de las cuales cada vez menos países logran recuperarse. Peor aún, a pesar de los esfuerzos por recuperar la economía luego de la pandemia, en 2023 se prevé otra gran recesión.

El Partido Socialista de los Trabajadores llamó a votar críticamente por Petro para contribuir, junto con los trabajadores, a derrotar a los partidos de la burguesía, lo cual no hubiese sido posible sin la movilización heroica de trabajadores y sectores populares en 2019 y 2021.

Antes de su triunfo señalamos que el Pacto Histórico era un acuerdo de conciliación de clases en el cual participa un sector de la burguesía, incluso de quienes fueran años atrás furiosos defensores del uribismo. Petro, en el gobierno, ha continuado esta política privilegiando acuerdos con los sectores burgueses que han gobernado, quienes son responsables de la violencia, la corrupción y la desigualdad. Estos sectores impiden y van a impedir cualquier reforma o medida de fondo, porque afecta sus privilegios, y mientras las tomas de tierras y las luchas contra el alza del transporte siguen siendo reprimidas, el gobierno sigue buscando acuerdos con los sectores opositores de derecha, como lo demuestra el nombramiento –aunque posteriormente fallido– del exministro Carrasquilla como codirector del Banco de la República y José Félix Lafaurie, como negociador con el ELN.

La paz total

Como eje de su gobierno, Petro pretende acabar con el problema histórico del conflicto armado. Plantea cumplir los acuerdos ya firmados, y democratizar la tierra. Las medidas hasta el momento no impactan los problemas de fondo. No habrá paz total sin reforma agraria radical, castigo a los culpables de la violencia paramilitar y nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. En vez de premiar a los usurpadores de la tierra, pagándoselas con recursos del estado, debería nacionalizarla y repartirla a los campesinos pobres y los territorios a los indígenas. No es un secreto que en este país hay más de 6 millones de desplazados por la violencia, la mayoría de los cuales no han recuperado sus tierras tras la firma de los acuerdos con las FARC. La maniobra de los gobiernos anteriores de titular tierra para legalizar a los despojadores debe ser revertida. Esta sería una medida mínima para reparar a los campesinos víctimas de la violencia.

En la negociación indiscriminada con toda suerte de organizaciones armadas, el gobierno ofrece, a cambio del desarme, beneficios jurídicos, a pesar de que no son lo mismo ni reflejan lo mismo. Aquí el campesinado pobre ha sido la víctima y el paramilitarismo el victimario, por eso, equiparar actores de distinto carácter, profundiza la impunidad.

El movimiento obrero ha sido una de las mayores víctimas del conflicto armado. Sus derechos económicos y políticos deben ser reconocidos sin ningún tipo de contraprestación. El Estado debe reconocer de facto sus derechos a la organización, la participación política y la protesta. Debe reconocer que ha sido víctima de la violencia sistemática de las fuerzas armadas estatales y paramilitares.

Una verdadera política de paz para los trabajadores, indígenas y campesinos, que garantice que no serán amenazados, asesinados y desplazados por ejercer sus derechos, se choca con el principal obstáculo, el régimen político.  A diferencia de lo que afirma el informe de la Comisión de la Verdad, la burguesía de conjunto es la principal victimaria y responsable de la violencia en Colombia y ha contado con un régimen político sanguinario que le ha permitido sustentar su poder. Tal régimen no se autorreformará.  Se necesita de la lucha masiva, organizada y revolucionaria, para imponer las necesarias medidas a favor de la clase trabajadora y los sectores oprimidos de la sociedad.

Movilización independiente del gobierno
y la derecha

Hasta el momento “el gobierno del cambio” ha logrado posponer la movilización a la espera de la promesa de que desde arriba va a resolver los problemas, mientras los trabajadores deben confiar, apoyar y esperar. Las ilusiones de cambio han paralizado a los de abajo y esto no es bueno porque aún no hemos derrotado a nuestros enemigos de clase y estos siguen manejando los principales resortes del poder y preparando la contraofensiva.

Pero las reivindicaciones que necesitamos los de abajo no van a venir de la negociación con la burguesía y el imperialismo. Las reivindicaciones frente a la salud, el empleo, el salario, las libertades democráticas no serán resueltas por un gobierno comprometido hasta el fondo con preservar los intereses burgueses tanto de los que integran y respaldan, como de la oposición de derecha. Las calles deben ser nuestras, pero no para defender al gobierno, ni respaldar a la derecha. Las calles deben ser de nuevo ocupadas para luchar de forma independiente, por exigencias al gobierno de que aplique medidas de fondo contra el capital y empiece a resolver las reivindicaciones pospuestas en el Paro Nacional. Mantener contenta a la burguesía implicará traicionar las expectativas populares, y responder a estas enfurecerá a la burguesía que no dudará en romper su respaldo al gobierno cuando las masas se salgan de control. Esa es la contradicción insalvable de estos gobiernos llamados alternativos de colaboración de clases que lleva a un callejón sin salida, como es el caso de Perú.

Nuestra situación no ha mejorado, el costo de vida aumenta sin control, la rebaja de los servicios ha sido una burla, los asesinatos continúan, el ESMAD sigue sin ser disuelto y muchos siguen presos por luchar. No podemos bajar la guardia, tenemos que levantar de nuevo las exigencias del 2019 y 2021. La ley 100 y la ley 50 deben ser derogadas no reformadas. Los trabajadores deben recuperar su derecho a la pensión que no puede ser cambiada por un miserable auxilio de 500 mil pesos. Exigimos y luchamos por cambios no por un sistema de beneficencia. ¡La lucha por un verdadero cambio debe continuar!

Manifiesto del Comité Central del Partido Socialista de los Trabajadores

29 de enero de 2023