Una tibia reforma tributaria, para continuar pagando la deuda externa.

Por: Martin Raskolnikov

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro aunque no cambia la estructura del sistema tributario, trata de recargar los impuestos en las personas de mayores ingresos, las empresas financieras, el sector extractivo y los productos poco saludables. En su presentación, el ministro Ocampo resalta que la reforma busca mantener la estabilidad fiscal del país y reducir la desigualdad junto a la pobreza, pero parece que no alcanzará para que la mayoría de los colombianos “vivamos sabroso.”

La reforma tiene como objetivo recaudar 26 billones de pesos adicionales en 2023 (el 1,78% del PIB o unos U$S 6 mil millones). Sus cartas de presentación son: el aumento del impuesto sobre la renta para quien gane más de $10 millones en adelante (2,4% personas activas y 0,2% de pasivas); la introducción de un impuesto al patrimonio permanente, para aquellos declarantes con más de $3.000 millones en capital de cualquier tipo; además de la reducción de beneficios tributarios para empresas, mayores tasas a dividendos y a exportaciones extraordinarias de petróleo, oro y carbón. Por último, tasa de 10% sobre las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, sumado a los plásticos de un solo uso. Sobre esta nueva tasa, necesitamos garantías de que los empresarios no la pasen a los precios de los productos,  que se prohíba la importación de alimentos chatarra y que se ejerza un control de los trabajadores sobre la producción nacional de tal manera que los alimentos no contengan componentes no saludables.

Entonces, a simple vista, se puede afirmar que la reforma en su espíritu es progresiva con relación a las anteriores, pero al final del día insuficiente. Insuficiente porque el balance de la propuesta no estará completo hasta que no se conozca el patrón de inversión social del gobierno (educación, salud, pensiones, infraestructura, reforma agraria, etc.). Es en esas partidas donde se suele juzgar la progresividad real de cualquier acción fiscal. Además, Ocampo ha manifestado que respetará la regla fiscal que supedita la inversión social a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a garantizar el pago de la deuda.

Porque el gran problema, es que el compromiso de Petro con el FMI y los acreedores internacionales impedirá contar con los recursos necesarios para garantizar los mínimos derechos. Por tanto, aunque se logre el recaudo esperado, la perspectiva de aumento de dicha deuda externa profundizarán esta limitación y solo alcanzará para repartir planes sociales. Por eso llegamos a la conclusión que, con esta reforma tributaria, el gobierno sólo pretende que los ricos acepten repartir un poco la riqueza para contener el descontento, no se aumenten los salarios en un contexto de inflación, y se continúen pagando deudas usureras.

¿Qué necesita el pueblo colombiano? En primer lugar, que Colombia deje de pagar la onerosa y fraudulenta deuda externa, contraída por los corruptos gobiernos anteriores y que en este momento representa un 50,7% del PBI o U$S 176.085 millones (números de mayo). Que las iglesias paguen impuestos y que se les quite cualquier exención fiscal a todas las empresas. Que se obligue a reinvertir en producción a los poseedores del gran capital para acabar con la especulación. La nacionalización de la banca y el comercio exterior. Y no menos importante, un salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica (alrededor de $2 millones). Este último junto a una escala móvil de salarios (que consiste en el ajuste automático de salarios que se corresponda con el aumento de precios); además de ser acompañado de un plan de pleno empleo que reparta las horas de trabajo necesarias entre los trabajadores, junto a grandes planes de infraestructura en el país.

Pero no nos engañemos, esta lucha cotidiana por ver cómo se reparte el pastel, continuará mientras exista el capitalismo. Por eso, estratégicamente, para acabar la desigualdad social y la explotación capitalista es necesario abolir el sistema mismo que la produce. Y esto no se logrará con una reforma tributaria ni con un gobierno de conciliación de clases, sino con la movilización permanente que lleve a una revolución socialista, para que finalmente, la clase trabajadora tome las riendas de su destino y sus riquezas.