La lucha por la vida

Uno de los principales planteamientos de Petro y del Pacto Histórico en la actual campaña electoral, es lo que hace referencia a la lucha por la vida. Esto los ha llevado a tener como eslogan de su campaña “el cambio por la vida”. En un país donde en las últimas décadas han sido asesinados miles de luchadores sociales y donde una de las principales preocupaciones de las madres es saber si su hijo o su hija, cuando salen de la casa, regresan vivos. La muerte es una noticia tan cotidiana, en la cual el régimen político colombiano busca que nos acostumbremos a eso.

Solo en el año 2020, fueron asesinados, según Indepaz, 310 luchadores sociales (reclamantes de tierras, firmantes del acuerdo de paz entre gobierno y las FARC, sindicalistas, defensores de derechos humanos, etc.) y 64 familiares cercanos a estas personas. En el año 2021 los asesinados se “redujeron” a 145 (En estas cifras no están las personas desaparecidas y asesinadas durante la protesta del paro Nacional, iniciado el 28 de abril). Pero en lo que va del año 2022, a la fecha, según Indepaz, la cifra de luchadores sociales ascendía a 48 y las masacres suman 30.

¿Por qué se producen estos crímenes?

En este país, reclamar los derechos se ha convertido en un delito, por eso muchas madres y padres se llenan de terror cuando saben que sus hijos o hijas están participando en marchas o protestas cuando saben que les están arrebatando hasta los sueños. A pesar de que en la Constitución Nacional la pena de muerte no está aprobada, diariamente son asesinadas personas, y muchos de esos crímenes son realizados por agentes estatales o para estatales.

¿Por qué estos crímenes quedan en la más absurda impunidad?

El gobierno nacional y los organismos de seguridad del Estado siempre que ocurren estos hechos salen a hacer declaraciones condenando los crímenes, ofreciendo recompensas millonarias a las personas que den información sobre los presuntos asesinos, prometiendo investigaciones “exhaustivas” y “solidarizándose” con las víctimas. Pero solo si los amigos y familiares de las victimas denuncian y se movilizan exigiendo castigo para los culpables, estas pueden llegar hasta las etapas preliminares, donde siempre acusan a las famosas Bacrim, a las disidencias de las Farc o en general a los grupos armados.

Pero otra realidad es la que nos rodea. La región del Catatumbo nos muestra cómo funciona esta situación en todo el país. Hace unos pocos días fue asesinado el luchador social, Salvador Durán y los campesinos de la región se movilizaron de inmediato y lograron capturar a los sicarios y entregarlos a la Defensoría del Pueblo. Estos resultaron ser miembros del Ejército Nacional. Hace unos años sucedió lo mismo y se logró esclarecer que altos mandos del Ejército en la región estaban implicados en los crímenes.

Para nadie es un secreto que son los miembros de los organismos de seguridad del Estado que vienen coordinando este proceso de exterminio y por eso a pesar de que ellos se hacen llamar las Águilas Negras, la mayoría de la población las denomina Las Águilas Verdes. Por eso la impunidad es la gran noticia. Los asesinos son los que investigan a los criminales.

¿Qué hacer?

Los socialistas siempre hemos insistido que nos corresponde a las mismas organizaciones donde actúan los luchadores sociales discutir como defendemos la vida de ellos. No podemos confiar en las instituciones de la burguesía, porque ellas están untadas de paramilitarismo hasta los tuétanos. Solo basta con mirar las famosas investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez, el cual acumula más de 200 denuncias por paramilitarismo, narcotráfico, concierto para delinquir, etc. y los testigos claves están en los cementerios, o los pocos que han sobrevivido han tenido que pedir protección de organizaciones de fuera del país o exiliarse. Solo organizando la defensa de nuestros luchadores sociales es cómo podemos protegerle la vida. Los llamados a creer en esas instituciones estatales solo les han servido a los asesinos para continuar en la más absurda impunidad, por eso no coincidimos con los llamados a “guardar la calma” que a diario hace Petro y los llamados parlamentarios “alternativos”.

Muchas de las personas que hoy ven esta situación como una de las más graves en el país, piensan que solo con el voto por Petro a la presidencia va a “cesar la horrible noche”. Pero esta situación no va a mejorar sino no se hace una profunda reestructuración de los organismos de seguridad del Estado (Policía, Armada, Ejercito, Aviación, Fiscalía, etc.) y esta pasa por democratizar estos organismos, donde sean elegidos sus superiores por las bases, donde se les reconozca la participación en política y el derecho a sindicalizarse, además de que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad del estado pueda aludir a la objeción de conciencia ante cualquier orden de su superior que considere que no puede ser acatada.

Es necesario que los trabajadores y sus organizaciones discutamos esta situación, exijamos verdaderas medidas democráticas para evitar que continúe la impunidad y los asesinatos de luchadores sociales en el país.