La violencia política no cesa

Por: Francisco Cuartas

La investigación y juicio exprés por el asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, en que la Fiscalía hizo gala de sus capacidades técnicas investigativas, y en cuyo afán mediático, transmitió en vivo y en directo, mostrando resultados sorprendentemente rápidos frente al caso, contrastó de forma aberrante con la impunidad casi absoluta de los miles de crímenes de luchadores sociales, exguerrilleros firmantes de la paz, reclamantes de tierras, dirigentes obreros y activistas ambientales.

En lo que va corrido del año se han presentado 9 asesinatos de activistas sociales, 10 masacres. Pero al tiempo, la situación en Arauca es particularmente grave, con una guerra entre las guerrillas del ELN y disidencias de las Farc, que ha cobrado varias víctimas y varios atentados contra organizaciones sociales.

El recrudecimiento de la guerra

Los enfrentamientos entre el ELN y el frente 10 de las Disidencias de las FARC en Arauca y Apure en Venezuela se suman a la violencia paramilitar que azota al país, agravando la violencia política que lejos de disminuir continúa cobrando víctimas casi a diario.

La disputa por el control de estos territorios fronterizos ha roto con el pacto entre las FARC y el ELN que desde el 2010 hasta el 2019 puso fin al enfrentamiento entre las dos guerrillas en esta zona. Las masacres, asesinatos selectivos y atentados, se han incrementado dramáticamente en este inicio de 2022.

Según la Liga contra el Silencio, hasta el 10 de enero Human Rights Watch manejaba la información de “30 muertos, 400 desplazados internos en Colombia y más de 60 personas que han llegado a Arauca desde el estado Apure”, cifra que ha aumentado a diario con los atentados en Saravena, Tame, Arauca, nuevos asesinatos, desapariciones y desplazamientos.

Esta situación de violencia, ha mostrado también la incapacidad del gobierno colombiano y venezolano por controlar estos territorios. Mientras en Venezuela las fuerzas armadas bolivarianas han tenido duros enfrentamientos con las disidencias de las FARC, en el lado colombiano las anunciadas ofensivas militares del ejército colombiano tampoco controlan la situación, y para las comunidades la presencia de los ejércitos estatales lejos de garantizar la seguridad de la población, significan más violencia y afectación de la población.

La decadencia de las organizaciones guerrilleras y el fracaso de su estrategia

Estos enfrentamientos ponen nuevamente en discusión el problema de la estrategia guerrillera y el daño que le han hecho y continúan haciendo a la revolución y a la lucha contra el régimen en Colombia y Latinoamérica. El enfrentamiento militar entre dos organizaciones que se reivindican revolucionarias es una de las expresiones de la degradación y despolitización que han sufrido las guerrillas en las últimas décadas. Este proceso regresivo, si bien responde en gran medida a la distorsión de los negocios del narcotráfico, los secuestros, las extorsiones que han sobrepasado la acción política de estas organizaciones, obedece al fracaso histórico tanto del programa como del método vanguardista de la guerrilla. Las acciones militares, los atentados, secuestros y asesinatos, lejos de ayudar a las masas a su organización y lucha contra el gobierno y la burguesía han traído parte importante de la justificación de la represión y criminalización de las luchas, organizaciones y activistas por parte del gobierno.

Además, históricamente las organizaciones guerrilleras por su accionar clandestino y mesianista, han sido un obstáculo histórico para el desarrollo de la organización y la lucha de masas. Esto se viene demostrando con el ascenso en las luchas en Colombia luego de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Santos en el 2016. Desde entonces, si bien las guerrillas y su influencia no ha desaparecido completamente, la ausencia del gran peso y distorsión que imponían en años anteriores ha favorecido la explosión de luchas independientes, de las cuales la masividad del Paro Nacional de 2019 y 2021 son su mejor expresión.

Alto a la violencia contra luchadores y población civil

Pero lamentablemente, la acción de las guerrillas sigue afectando el desarrollo de la lucha. En un momento coyuntural de reflujo de las luchas, tras el desmonte y traición del Comité Nacional de Paro, en particular el ELN continúa cometiendo graves errores producto de su nefasto método. Ejemplo de esto es el reciente ataque a un camión del ESMAD en Cali, atentado reivindicado por el ELN. Parece justificado en el merecido odio contra este aparato represor y asesino de la Policía.

Esta acción realizada en Puerto Resistencia, ha sido usada por el Gobierno como prueba de que el paro fue organizado por “terroristas”, y ha empeorado el estigma sobre los habitantes de este heroico sector.

Lejos de ayudar a la lucha contra la brutalidad policial, este tipo de acciones aisladas de la lucha de masas, incluso de las primeras líneas (quienes en Cali han rechazado el atentado) se convierte en una justificación que fortalece la campaña de criminalización contra los activistas y luchadores del paro, especialmente de las primeras líneas.

Hay que recordar acciones similares del ELN, como el atentado en cercanías de la Plaza de Toros de Bogotá en febrero de 2017 y el carro bomba en la Escuela de Policía en enero de 2019, tras el cual el gobierno suspendió las negociaciones de paz con esta guerrilla.

Estas acciones no han contribuido a debilitar el aparato policial y mucho menos al desmonte del ESMAD, objetivo que sólo se logrará con la lucha organizada y de masas, todo lo contrario del método de guerrilla.

El conjunto de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales debemos levantar la exigencia al ELN y las disidencias de las FARC al cese inmediato de las confrontaciones y sobre todo a los ataques a la población civil, activistas y organizaciones sociales en Arauca y Apure, al tiempo que rechazamos la militarización de los territorios.