Ley del Despojo: los empresarios continúan su asalto a Cartagena

En julio del año pasado, fue aprobada en el Congreso de la República la Ley 2038 de 2020 por iniciativa del senador uribista Fernando Araujo Chamié, miembro de una familia que se ha enriquecido con la apropiación de tierras de los afrodescendientes en Cartagena – Chambacú y la Zona Norte, donde erigieron el emporio turístico de Las Américas – además de ser propietaria del principal medio de comunicación de la ciudad, El Universal.

Autor: Luis Atencio

La conocida como Ley del Despojo, tiene como eje la creación de un “Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena para el año 2033” y en esencia, pretende crear un gobierno paralelo en la ciudad en manos del sector privado.

Esta norma, ha sido aprobada, aprovechando que las cifras de la desigualdad en Cartagena son aberrantes y que es cada vez más notoria la exclusión material y simbólica de los pobladores de la ciudad para dar paso a los negocios del turismo, que han convertido a Cartagena en un destino turístico sexual que promueve el abuso y la violación de mujeres, niños y niñas, además del tráfico de drogas ilícitas y la presencia de bandas paramilitares que custodian estos negocios.

Pero la Ley Araujo o Ley del Despojo, no es solo iniciativa de una de las familias tradicionales en el despojo de la ciudad, sino todo un asalto de los empresarios de Mamonal, del turismo y de los despojadores de la Zona Norte que hoy construyen Serena del Mar, una complejo turístico y residencial que ha desplazado a miles de cartageneros hacia los tugurios del sur de la ciudad.

La Ley Araujo, es la materialización de una vieja aspiración de las élites de la ciudad de controlar las decisiones sin pasar por las urnas, porque sus candidaturas han sido rechazadas en la mayoría de las elecciones territoriales, por una ciudad cansada de sus parásitos con apellidos arruinados.

La opción de los votantes tampoco ha sido acertada, ante la ausencia de candidaturas que representen a la clase trabajadora, los pobres y las comunidades afrodescendientes de la ciudad, han sido beneficiarios periodistas corruptos como Campo Elías y Manolo o veedores neoliberales uribistas como William Dau Chamat, lo que ha llevado a que la ciudad no haya tenido estabilidad política en la Alcaldía, lo que ha perjudicado los grandes proyectos que la burguesía tiene para la ciudad, en beneficio de sus negocios.

El Gobierno Paralelo

La Ley del Despojo crea un gobierno paralelo que administrará los recursos públicos y privados que llegarán al Fondo de Sustentabilidad y estará conformado por 2 delegados de la Presidencia de la República, 2 delegados de la Gobernación de Bolívar, 2 delegados de la Alcaldía de Cartagena, 3 representantes de la ‘sociedad civil’ y 2 representantes del sector privado que aporte al Fondo.

Esta junta directiva, manejará los recursos de la ciudad y podrá aprobar su propio reglamento, articulará los planes de desarrollo de las alcaldías y gobernaciones, ejecutará los recursos del fondo y resolverá los conflictos de interés de los privados con los recursos del Fondo.

Es decir, la Alcaldía de Cartagena, quedaría casi como una recaudadora de impuestos para el Fondo, pues la Ley aprobada dice que los recursos que administrará el Gobierno Paralelo provendrán del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Departamento de Bolívar, crédito público celebrado por el Distrito o por el Departamento con la banca multilateral, entidades de fomento o gobiernos extranjeros, cooperación internacional y Presupuesto General de la Nación.

Dau: entre los Araujo y las revocatorias

William Dau Chamat fue elegido en medio de una crisis política en la ciudad por los actos de corrupción de los anteriores gobiernos. Dau se había hecho conocer por una campaña mediática que siguió sectores de la juventud que consistía en borrar la publicidad política de los partidos tradicionales en espacios públicos.

De esta manera, venció a William García, representante de los sectores clientelistas de la ciudad, con el apoyo de los llamados ‘sectores alternativos’, en particular el Partido Verde y el MOIR, que ahora se llama Dignidad. Otros sectores del petrismo y de la izquierda también apoyaron a Dau y pusieron sus esperanzas en una administración que prometía acabar con la corrupción y la pobreza.

Pero ni lo uno ni lo otro, poco a poco la administración de Dau fue mostrando que detrás de su retórica de malandrines hay un alcalde al servicio del sector empresarial, tanto de las industrias de Mamonal como del sector turístico, como lo muestra su manejo irresponsable de la pandemia, que ha llevado a la tumba a cientos de cartageneros.

Dau privilegió la apertura turística de la ciudad a la salud de los ciudadanos, en pleno pico de la pandemia, permitió la llegada de más de 200 mil personas a Cartagena, lo que llevó a una crisis sanitaria y al colapso de la precaria infraestructura de salud.

Poco a poco, el gobierno de Dau fue perdiendo el apoyo de los sectores alternativos y acercándose cada vez de manera más abierta al uribismo y a la familia Araujo, mientras Dignidad y el Partido Verde se mantienen en el gabinete, controlando además las principales organizaciones de la clase trabajadora en la ciudad.

Por otra parte, las clases políticas tradicionales aprovechan el descontento para pedir la revocatoria del mandato, desde el Partido Socialista de los Trabajadores, que ni votamos por Dau ni apoyamos su gestión a favor de los empresarios, estamos en contra de esas revocatorias que lo que buscan es reactivar las redes clientelistas en la ciudad.

Un Paro Cívico Distrital contra la Ley del Despojo

Hay una iniciativa de sectores alternativos y populares que crearon el Comité Cívico contra la Ley 2038 de 2020 que busca hacer una consulta popular, además de las acciones legales ante la Corte Constitucional, para la declaración de inexequibilidad de la Ley Araujo.

Creemos que esta iniciativa es importante para enfrentar esta ley que dejará a la ciudad en manos de una junta directiva bajo el control de la Presidencia, la Gobernación y los gremios, pero es insuficiente, como lo muestra el caso de los peajes, solo la movilización puede frenar estas normas regresivas que buscan favorecer los negocios de la burguesía a costa del bienestar de la clase trabajadora y los pobres.

Impulsar un Paro Cívico Distrital es fundamental para acabar con la Ley del Despojo, las directivas de la CUT y del Sudeb, hoy bajo el control de Dignidad, los Verdes y Colombia Humana, deben romper su luna de miel con la administración de William Dau e impulsar la movilización, porque el discurso ‘alternativo’ hasta ahora solo ha servido como surtidor burocrático, pero no para solucionar los graves problemas de pobreza y exclusión en Cartagena.