De los Falsos Positivos a los homicidios colectivos, un genocidio continuado

Por: Comité Ejecutivo

 

El mundo se ha estremecido con el informe de la JEP según la cual son más 6402 falsos positivos los cometidos solo durante el Gobierno de Uribe Vélez. Es imposible negar que la responsabilidad política es de él, sus ministros -incluido Juan Manuel Santos- y su cúpula militar. Desde luego, se lavan las manos, culpan a los soldados rasos por “pobres” e “ignorantes” y miran hacia otro lado.

 

Aunque Uribe continúa negando cualquier responsabilidad, evadiendo los hechos, su política de Seguridad Democrática fue el brazo armado de la política económica y social -continuada por Santos y luego por Duque- a favor del enriquecimiento del gran capital, los terratenientes y la burguesía nacional a costa de los derechos de los trabajadores y de los habitantes de muchos territorios, y los que se oponen a este modelo mueren. Igualmente, se mantiene y refuerza la doctrina militar del enemigo interno, y del derecho a matar para mantener el “orden social”, ampliamente denunciada por organizaciones de derechos humanos. Aunque no hayan apretado el gatillo, ni se ensucien las manos con la sangre de las víctimas el carácter de asesinos y genocidas no se lo podrán quitar.

 

Desde las víctimas, organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como desde varias organizaciones de derechos humanos se viene exigiendo desde hace años justicia. A medida que se desvanece el embrujo autoritario, crece el repudio estos crímenes horrendos como parte de un oscuro pasado, e incluso desde sectores burgueses otrora fieles escuderos de Uribe hoy se desmarcan y aparecen respaldando las denuncias. Pero, ¿realmente esto es cosa del pasado?, hasta que los culpables de este genocidio no sean duramente castigados, y no se repare realmente a las víctimas, mientras que sus autores intelectuales (y algunos materiales) permanezcan en el poder y haya un cambio radical en la sociedad, el genocidio no será una cosa del pasado, el genocidio sucede hoy frente a nuestros ojos.

 

Según Indepaz[i], entre el 2016 y el 2020 fueron asesinados 1091 líderes sociales, en el 2021 se han cometido 12 masacres con 44 víctimas, y 35 líderes sociales y excombatientes -corte al 18 de febrero- siendo las regiones más afectadas Antioquia, Cauca y Nariño

Desmovilizados, campesinos reclamantes de tierras, indígenas, maestros, mujeres con trabajo popular, y hasta cineastas han caído. El gobierno niega cínicamente la sistematicidad, haciendo incluso burlas, fingiendo no saber de las amenazas y descalificando a las víctimas acusándolas de estar en problemas de delincuencia común o líos de faldas, es célebre la frase de que las víctimas “no estarían cogiendo café”. La pandemia, y el consecuente confinamiento del proceso de movilización social que se había iniciado, permitieron una agudización de la violencia política.

 

Sin duda el Estado Colombiano, está cometiendo un genocidio político permanente que al final, cuando contemos los muertos será igual o mayor que el de la UP. Pero no son solo los excombatientes, y luchadores sociales las víctimas, el gatillo fácil de estas instituciones del terror ataca cualquier día, a cualquier hora a ciudadanos inermes como Juliana Giraldo (mujer trans asesinada en un retén en 2020). Un texto aparte necesitaría la violencia y la brutalidad policial en las ciudades, crudamente ejemplificada con la reciente “masacre de Bogotá” en septiembre del 2020 hasta ahora impune.

 

Desde la elección de Duque, incluso antes de posesionarse, la disminución de las amenazas y asesinatos coyuntural producto de los acuerdos de paz terminó para dar un salto hacia un estado de las cosas similar e incluso peor que en los dos gobiernos de Uribe, la tregua parcial que existió durante las negociaciones de paz se terminó. Lo asesinos del paramilitarismo se envalentonaron y han desatado una ola de violencia que viene en aumento. Primero los asesinatos selectivos de luchadores sociales golpearon las organizaciones y las comunidades. Luego regresaron las masacres, recordando los peores años en la década de los 90 y sin que nada parezca poder detenerlas.

 

El gobierno de Duque, más que un simple títere, es un gobierno al servicio de la gran burguesía imperialista y sus negocios, comprometido con el desarrollo de la locomotora minero energética, los agronegocios y los planes de ajuste del FMI, pero al tiempo guarda íntima relación con su partido el Centro Democrático, y tiene detrás la permanente presión de la lumpen burguesía mafiosa y terrateniente cuyo máximo representante, AUV, sigue teniendo un importante poder.

 

Un posconflicto violento

 

En 2016 durante la discusión del acuerdo con las FARC, alertamos de la posibilidad de un “posconflicto violento”, y el peligro en que se iban convirtiendo las nuevas formas que tomaba el paramilitarismo, que bajo el eufemismo de BACRIM continuaron atacando al movimiento obrero, campesino y popular cuando cuestionaban los intereses de sus patrones. Alertamos de los peligros las condiciones que aceptaron las FARC, así como de la entrega no solo de armas sino de planos, mapas, rutas, etc, que le han permitido a la burguesía un control del territorio nacional mayor al que tenían cuando las FARC actuaban contra el régimen.

 

“las Bandas Criminales, BACRIM, verdaderos ejércitos delincuenciales dedicados no sólo al narcotráfico sino también a la minería ilegal, tráfico de personas, asesinato por encargo, extorsión (boleteo, vacuna), entre otras. En los territorios que controlan estas bandas actúan como un verdadero para-estado capaz de someter a la población mediante su propia ley, e incluso asesinar miembros de la policía; ejercen además un control social con características fascistoides actuando como grupos de “limpieza social” y atacando a prostitutas, jóvenes y personas LGBT. Aunque este tipo de agrupaciones criminales son un verdadero fenómeno social en una gran parte de América (Maras salvadoreñas, ejército del Chapo en México), en Colombia estas bandas tienen una particularidad que las hace más peligrosas desde el punto de vista político y social, y es su carácter de continuidad del paramilitarismo…”[ii]

 

La mayoría de estas predicciones lamentablemente se han cumplido, el avance del accionar de estas bandas y el copamiento por la fuerza de los antiguos territorios de las FARC en una rapiña feroz por el negocio del narcotráfico, así como su accionar sistemático contra el movimiento obrero, campesino y popular con la complicidad del Estado ha quedado más que demostrado.

 

Un genocidio funcional a los negocios – legales e ilegales- del gran capital

 

Esta situación por supuesto tiene un hilo de continuidad con el pasado y la práctica de los falsos positivos, así como todas las fases de paramilitarismo en Colombia, no se trata de historias aisladas. Las organizaciones paramilitares no se desmovilizaron. Si bien la centralización que tuvieron bajo las AUC desapareció, el paramilitarismo continuó su accionar como bandas de crimen organizado, ahora muchas de las llamadas disidencias de las FARC, en medio de su descomposición entraron en la misma dinámica, pero también continuaron cumpliendo un papel de represión y persecución al movimiento social y popular. Al Gobierno le son funcionales estas bandas aunque no las controle completamente, como apoyo a su política de grandes proyectos mineros, energéticos y agroindustriales persiguiendo, amenazando y asesinando a las comunidades que defienden su territorio y su subsistencia. También son quienes impiden que los campesinos desplazados reclamen sus tierras apropiadas por terratenientes.

 

En síntesis, de manera más o menos organizada y centralizada, más o menos intensiva, con mayor o menor participación de la figura del presidente, con mayor o menor ligazón al narcotráfico, el régimen colombiano más allá de los gobiernos de turno, nunca ha renunciado al uso de la fuerza para el control del movimiento social, y para garantizar los negocios de la gran burguesía. La Defensoría del Pueblo ha denunciado la presencia de al menos 17 nuevos grupos armados en la zona del pacífico, justo donde opera la minería ilegal y los corredores de tráfico; igualmente es preocupante la situación en el sur de Bolívar y Córdoba.

 

¿Cuál es la relación del aparato de las fuerzas armadas con los grupos ilegales y los asesinatos selectivos y colectivos?, es decir ¿Cuál es el papel del ejército? 

 

En varias ocasiones Gustavo Petro, y periodistas de la talla de Casey del New York Times ha sugerido que detrás de los asesinatos están no solo asesinos y criminales tipo BACRIM, sino directamente el ejército. Si bien nunca aparecen las evidencias, un análisis de los intereses detrás de cada caso sugieren en efecto es así, no solo por una política de la burguesía de exterminar a los excombatientes, reclamantes de tierras, y líderes que se opongan al extractivismo, sino porque también están controlando en varios territorios el negocio del narcotráfico, como parte del copamiento de territorios antes controlados por las FARC.

 

Algunos de los elementos que aportan quienes han denunciado este accionar conjunto entre bandas criminales y fuerzas armadas son la total impunidad con que actúan sin que se logre dar con nombres, cabecillas, estructura; tienen la capacidad de actuar eficazmente en áreas rurales y urbanas, tienen armamento y tácticas altamente cualificadas, actúan en los 32 departamentos. No hay ninguna bacrim que tenga tanto poder y capacidad de despliegue, ni que tenga intereses diseminados por todo el territorio, la política o doctrina militar que favorece la actuación contra civiles y exige un número de muertes como indicadores.

 

En 2016 decíamos “El combate militar además no ha demostrado en otros países como México y Salvador ser una buena salida, más bien la guerra y la violencia se convierten en enorme negocio del cual se lucran los empresarios de la guerra, guerra en la cual la militarización y control policivo terminan yéndose contra los luchadores sociales; además este tipo de organizaciones criminales tienden a permear las instituciones militares haciéndose a socios, aliados y cómplices en su interior, en Colombia el origen en el paramilitarismo hace que cuenten con relaciones ya existentes. Estas bandas se nutren de la crisis social de la juventud desprovista de educación y empleo, y de la descomposición social causada por la pobreza y la marginalidad.” ^[iii]

 

Por este motivo, pero no únicamente, y tal como lo habíamos advertido, la militarización lejos de ayudar a combatir el problema es parte de él. El remedio resulta peor que la enfermedad. Como lo han denunciado ampliamente diferentes investigadores[iv] y organizaciones como ACIN, el Foro Interétnico del Chocó, la Comisión de la verdad del pacífico entre otras; la mayor presencia de fuerza pública en los territorios no solo no disminuye la violencia y las violaciones a los Derechos Humanos, sino que la aumenta. La bota militar constriñe, al igual que el accionar de las bandas, el desarrollo de la organización social, y se convierte en un actor armado más, que incluso comete sistemáticos actos de violencia sexual contra las niñas y las mujeres rurales.

 

El Gobierno de Duque lejos de desincentivar estas actuaciones criminales, ha promovido el ascenso de los generales involucrados en los Falsos Positivos, tal fue el caso de Nicacio Martínez, estos ascensos y hasta condecoraciones, tienen el apoyo de la mayoría del propio Congreso, mostrando que las instituciones del régimen

están podridas hasta la médula.

 

Al igual que en la era de los falsos positivos, hoy todos los partidos de la burguesía, las instituciones, la prensa, las empresas, y el imperialismo; todos lo saben, todos lo ven y todos callan porque sea que den las órdenes de manera directa o no, la realidad es que el desangre los beneficia. A nivel internacional ya se conoce el genocidio político, y ante los cambios de la política imperialista con el Gobierno de Biden, necesitan “unificar” las cifras y controlarlas desde el aparato podrido de la fiscalía, es la razón de la “metodología” según la cual en la práctica se prohíbe incluso a la Defensoría presentar informes de las cifras de homicidios de líderes sociales, esto como lo denuncia el Movice[v] es claramente con el propósito de presentar datos inferiores para evitar el mayor desprestigio del Gobierno a nivel internacional.

 

¿Cuál es la salida para frenar el desangre?

 

Queda en claro entonces que no es llamando a confiar en el régimen y sus instituciones como detendremos la masacre, no es confiando en la fiscalía ni mucho menos con discursos pacifistas como salvaremos la vida de los amenazados. No podemos confiar en las putrefactas y criminales fuerzas armadas colombianas – coautoras del genocidio-, ni tampoco llamar a los trabajadores a confiar en la justicia burguesa nacional o internacional. Mucho menos podemos aceptar que a estos criminales se les de tratamiento de delincuentes políticos y permitir que se acojan a la llamada justicia transicional buscando cobijarse de la impunidad.

 

Proponer soluciones de fondo al problema histórico de la violencia en Colombia, excede por mucho los límites de este artículo, pero no podemos dejar de proponer desde la perspectiva socialista, medidas de corto, mediano y largo plazo para detener el genocidio y lograr la anhelada justicia. Nos parece que más allá de las cartas, declaraciones, y denuncias, que hasta ahora han demostrado ser completamente insuficientes. Es urgente, por este y muchos otros motivos retomar el camino de la movilización social, únicamente una movilización contundente ante cada asesinato o masacre, incluida la posibilidad de paros generales o regionales de la producción tendrían la fuerza de detener la matanza, no los persuaden los llamados, ni siquiera de organismos internacionales.

A pesar de las dificultades, es indispensable avanzar en la autoorganización de las comunidades afectadas, es necesario poner en marcha políticas de control territorial opuestas a la militarización, para lo cual tendremos que retomar la discusión sobre el derecho a defenderse de los trabajadores, indígenas, afros y campesinos pobres, es necesario fortalecer las Guardias e ir más allá de ello. Estas organizaciones, en coordinación con los sindicatos luchadores, tienen que luchar frontalmente por atacar las fuentes de financiamiento de estos grupos mediante el control obrero, campesino, afro e indígena sobre los territorios, incluido el control de los cultivos hoy considerados ilícitos.

Estamos en contra de la hipocresía burguesa y la supuesta lucha contra las drogas, la prohibición únicamente mantiene la rentabilidad del negocio mientras mantiene a las comunidades de sembradores entre la violencia y el atraso. No existe otra solución al problema de la violencia ligada al negocio de las drogas, que la legalización de las mismas y el manejo del consumo y la adicción como un asunto de salud pública y no de política criminal.

Como las organizaciones criminales se nutren de la pobreza, será muy difícil detener su crecimiento únicamente combatiéndolas, es necesario atacar el sustrato que es la crisis social. Para ello, tendremos que luchar desde el campo y la ciudad para detener el plan económico del Gobierno, conseguir un salario justo que cubra la canasta básica, una política de educación y empleo plenos para la juventud pobre.

Al tiempo tendremos que continuar exigiendo justicia y castigo por los crímenes ya cometidos. Reparación real para las víctimas que incluye el retorno a los territorios con verdaderas garantías. Juzgamiento de los responsables materiales y a sus patrocinadores, destitución y juicio de toda a oficialidad responsable por violaciones a los derechos humanos.  Cárcel para Uribe, y todos los implicados en los falsos positivos. Tendremos que saber que esta justicia no provendrá del actual régimen político, sería necesaria un enorme fuerza en las calles para forzar decisiones como esas Hoy está a la orden del día la exigencia de que Uribe sea juzgado, para nosotros el tribunal legítimo son las propias víctimas.

La lucha no puede seguir siendo aplazada o subordinada a las elecciones, con la ilusión de que un candidato retome el camino del acuerdo de paz.  Ya está claro que no existe paz para los trabajadores, los campesinos y los pobres en el estado burgués, en la dictadura de los magnates. Por eso, nuestra lucha en últimas debe ser por una revolución en que un gobierno de los trabajadores que transforme por completo el aparato del Estado, y pueda llevar a cabo las medidas mencionadas.

 

Referencias:

[i] http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

http://www.indepaz.org.co/informe-de-indepaz-posacuerdo-traumatico-coletazos-en-la-transicion-desde-el-acuerdo-de-paz-al-posconflicto/

 

[ii] http://www.magazine.pstcolombia.org/2016/06/las-bacrim-una-amenaza/

 

[iii] http://www.magazine.pstcolombia.org/2016/06/las-bacrim-una-amenaza/

 

[iv] A Yepes – Militarizacion y Deterioro de los Derechos Humanos – CCEEU. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario

 

[v] https://movimientodevictimas.org/rechazo-a-la-unificacion-de-cifras-sobre-homicidios-de-lideres-sociales-bajo-la-subordinacion-de-la-fiscalia-general-de-la-nacion/