No al proyecto legislativo 010 que termina de privatizar la Salud: Contrarreforma a la Salud, lo malo puede ser peor

En medio de una pandemia que ha cobrado la vida de más de 26 mil colombianos, entre ellos al menos 150 trabajadores de la salud, el Gobierno de Iván Duque ha radicado en el Congreso el proyecto legislativo 010, por medio del cual “se realizan ajustes al Sistema General de Seguridad Salud – SGSSS en el marco del Sistema de Salud, se desarrolla la Ley 1751 de 2015 y se dictan medidas orientadas a su sostenibilidad”.

Por Ivonne

Este proyecto ha sido presentado con mensaje de urgencia, lo que traduce que podría ser aprobado en muy poco tiempo, con solo dos o tres debates en el congreso y sin audiencias públicas, hecho que no es difícil con las aplastantes mayorías que el gobierno tiene en este establo de la corrupción y el clientelismo.

Según la propaganda del Gobierno, este proyecto reglamentaría la ley estatutaria en Salud, que es la que reconoce la salud como un derecho, y dignificaría a los trabajadores de la salud; sin embargo nada más lejos de la realidad. Este proyecto, de llegar a aprobarse profundizaría aún más el modelo privatizado y mercantil de salud de la ley 100, es decir, lo malo puede ser mucho peor.  Uno de los ejes y énfasis del proyecto es la reglamentación de las transacciones comerciales.

EPS reencauchadas y planes de salud recortados

La gran novedad consiste en cambiar el nombre de las odiadas EPS por el de Aseguradoras, con mucha más concentración de capital y mucha mayor autonomía, es decir, disminuye casi a cero el papel del Estado en salud pública,  prevención y atención primaria en salud, con lo que se adicionan barreras y se fragmenta mucho más el sistema (se tendrían planes y paquetes por aseguradora y por nivel). El modelo de aseguramiento que hoy es parcial pasaría a ser total, y la atención pasaría a depender casi completamente de la capacidad de pago, algo similar a lo que sucede en Estados Unidos con resultados desastrosos que se pueden confirmar con la experiencia de la pandemia. Se habla de enfoque comunitario y familiar, pero en la realidad es un modelo de aseguramiento individual, completamente contrario a la supuesta filosofía que se pregona.

Sobre la universalidad y acceso a medicamentos o tecnologías, se mantienen los planes de beneficios, es decir, los listados que excluyen lo que estas entidades no están dispuestas a pagar, lo que incluso es un retroceso frente a lo avanzado con la Ley Estatutaria.  Una de las cosas más  perversas de este proyecto, es que introduce penalizaciones económicas y aumento de copagos a los pacientes por “falta de autocuidado”, lo cual abre la puerta para que haya negación de servicios mucho peor que la actual, pudiendo la Aseguradora argumentar que el enfermo es responsable y trasladando la responsabilidad de la salud al ámbito de lo privado, penalizando doblemente a los más vulnerables.

Para los trabajadores solo promesas

Frente a los trabajadores de la salud afirman que habrá dignificación, pero no existe en el proyecto ninguna garantía de acabar con la tercerización que afecta al menos al 85% del sector, menos se habla de garantías salariales o bioseguridad que se va a seguir necesitando por un periodo prolongado. Por el contrario, al mantenerse el modelo privado y mercantil, donde prevalecerá el interés por la ganancia, se profundizará esta situación; además se teme que en la “desaparición de las EPS” y en su paso a aseguradoras, los propios funcionarios de las mismas pierdan su empleo o sufran un detrimento de sus condiciones laborales actuales.

Lo mínimo que tendría una reforma que mejore las condiciones de los trabajadores del sector, sería prohibir y sancionar la contratación por OPS, que hoy en día es ilegal al ser personal misional pero que se sigue haciendo mayoritariamente por el mismo Estado; una real dignificación es la contratación directa inmediata de 700 mil trabajadores. También se ha denunciado que habría controles de parte de las aseguradoras al acto médico, limitando la autonomía profesional.

Se requiere un sistema público, centralizado y preventivo de salud

Con la crisis de la COVID 19, en Colombia tanto EPS, como ARL “se escondieron” y dejaron en manos del Estado y los entes territoriales las medidas más importantes, se limitaron a pedir plata y a atender con las conocidas barreras a los enfermos. Ante una catástrofe entidades privadas se quedaron mirando como los funcionarios del Instituto Nacional de Salud, desfinanciado y todo, se ponían al frente de las necesidades de la población. Las EPS no fueron capaces siquiera de pagar las millonarias deudas que tienen con los hospitales, siendo causantes de muchas de las muertes que pudieron ser evitadas. Este cambio de nombre servirá como “borrón y cuenta nueva”, para desaparecer las deudas y reorganizar los capitales, al tiempo que le lavan la cara a un sistema que más que de salud es de muerte.

La pandemia demostró que era necesario tener un sistema único, centralizado y público estatal de salud, que es urgente dotar de recursos e infraestructura a la red pública, y garantizar los derechos de los trabajadores de la salud. Si realmente se quisiera tener un modelo de salud preventivo, garantizando la salud como derecho y los derechos laborales de los trabajadores, lo primero sería eliminar la intermediación financiera que es un verdadero parásito, además de convertir el modelo de subsidio a la demanda por uno de subsidio a la oferta (financiar directamente los hospitales, incluidas las redes regionales y rurales). Pero al gobierno de turno nada de esto le importa, únicamente ven una oportunidad de negocio en los dineros de la salud, y usan la pandemia para justificar la urgencia de esta reforma.

Es necesario luchar para derrotar el 010

Es por eso que al menos 150 organizaciones gremiales se han pronunciado en contra de este proyecto nocivo, parte del nuevo paquetazo de Duque con el cual pretende cobrarle a la clase trabajadora los costos de la pandemia, y aprovechar para favorecer a sus amigos en el negocio.

Es urgente detener este nocivo ataque de Duque contra los trabajadores y los pobres, no hay otra salida que la movilización decidida tanto de los trabajadores de la salud, que deben cuanto antes organizarse y coordinarse en una gran acción nacional, como del resto de los colombianos porque todos nos veremos afectados. Es un motivo más para salir a las calles el 21 de Octubre, y preparar un gran paro nacional contra el Gobierno de Duque, enemigo declarado de la salud, la vida y los derechos.